La agenda de las derechas latinoamericanas, alineadas con la política externa de los Estados Unidos bajo el régimen de [Donald] Trump, llegó al gobierno de Colombia con Abelardo de la Espriella, un inexperto político que solo ha tenido que apelar a las maniobras de sus alter ego en la región para poner en marcha lo que la doctrina republicana en Estados Unidos ha llamado “la guerra cultural”.
Lo paradójico del asunto es que el concepto de “guerra cultural” nació en uno de los gabinetes más respetados del marxismo en el siglo XX: Antonio Gramsci que había desarrollado el postulado de la “hegemonía cultural”, una de las críticas más profundas a la sociedad capitalista y según la cual la “cosmovisión” (creencias, percepciones explicaciones, moralidad, costumbres) de las élites se debe imponerse a toda la sociedad.
Y el primer campo de batalla de la “guerra cultural” en Colombia se registro, con fuerza, en el Museo Nacional, una edificación del siglo XIX que se construyó como cárcel (con el llamativo pero muy ilustrativo nombre de “Panóptico”) y que se convirtió en uno de los centros de la memoria histórica de Colombia, tan golpeada —la memoria— como la patria que quiere rememorar.
El edificio, una impresionante mole en la zona céntrica de Bogotá, pasaba casi inadvertida para sus millones de habitantes y apenas era una diligencia que aparecía en algunas guías turísticas para sus visitantes. Un inmueble viejo pero bien conservado —de los pocos que sobreviven— en una ciudad (en una sociedad) experta en demoler los rastros de su pasado.
El Museo, cuyas colecciones han crecido pese a la desidia oficial con la cultura (como manifestación artística y como elaboración colectiva e individual), sin embargo, se volvió en el primer referente de esa “guerra” cuando el improvisado mandatario (nadie esperaba su elección, nunca tuvo experiencia en administración estatal ni en representación política) decidió ordenarle a su ministra de Cultura (cuya experiencia en el campo tampoco se ha probado) que sacara del Museo los objetos que representaran alguna legitimación del “terrorismo”, entre los cuales estaban los objetos relacionados con la desmovilización de la desaparecida guerrilla del M-19 (de la cual había hecho parte el predecesor del mandatario), los símbolos de la Unión Patriótica (el único partido político en el mundo que fue eliminado físicamente), algunos elementos propagandísticos de la convocatoria a la Constituyente de 1991, elementos de los grupos identificados con las comunidades LGBTIQ+, y la camiseta de un ganador de etapas del Tour de France en 1985!
La medida, cumplida tan a rajatabla por la Ministra, sin embargo, sirvió para que otras “hostilidades” de la guerra cultural desatada por la nueva (vieja) derecha colombiana se realizaran sin mayores contratiempos: por ejemplo, en el Congreso avanza una reforma constitucional para volver ver a prohibir el aborto —cuya despenalización fue una lucha del movimiento feminista de más de 30 años— que adelanta uno de los cuatro senadores que tiene el partido del presidente.
El escenario del Museo Nacional, para muchos convertido en cárcel nuevamente por cuenta de la decisión presidencial, fue el espacio ideal para que la batalla por la imposición de una sola visión oficial de la historia nacional, permitiera darle su primera victoria: la de imponer su cosmogonía, la de una patria convertida en un campo policial. Bastó que un grupo de manifestantes se reuniera en los accesos del viejo edificio a reclamar la devolución de las colecciones para que un escuadrón de agentes de Policía con tanquetas de apoyo pusiera gases, chorros de agua y bastonazos resolviera el litigio cultural.
La demostración de fuerza ya había sido anunciada. La semana anterior, en una de sus ya frecuentes alocuciones televisadas, el presidente había dicho que los agentes de la Policía tenían autorización para entrar en las universidades donde tuvieran noticia de la presencia de grupos terroristas, algo que para sus detractores es una “intromisión indebida en la autonomía universitaria” donde, se supone, que se pueden expresar todas las ideas políticas en debate abierto.
El alcalde de Medellín, émulo fervoroso del presidente, ya había ordenado la entrada de los “anti motines” a la Universidad de Antioquia donde, por otra parte, se estudia la posibilidad de eliminar el cerramiento que la protege y así permitir que los uniformados puedan requisar la vida universitaria sin tener que pedir permiso.
La “guerra cultural” cuya primera batalla fue el Museo Nacional, sin embargo, promete más y mayores escenarios. A la vista de todos o, como en el Congreso, con el silencio mediático más atronador de la historia.
