Cinco años y medio y el juicio no inicia: la dilación como forma de impunidad en el caso colectivo Cali 2021

El proceso penal contra el coronel Edgar Vega Gómez, el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalias, el mayor (ahora teniente coronel) Óscar Daniel Galeano Pinzón, y el patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho por 10 homicidios y 4 tentativas durante el Estallido Social todavía no llega a juicio. Las actuaciones judiciales muestran por qué el tiempo se ha convertido en el principal aliado de los acusados… qué esperar sobre quienes dieron la orden!!!
Por José Benito Garzón Montenegro, PhD*

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El 19 de octubre de 2026, a las 9:29 de la mañana, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali instaló por enésima vez la audiencia preparatoria del proceso 76001600000020220064000. Durante dos horas y cuarenta y dos minutos, los abogados de cuatro policías leyeron listas de actas, resoluciones, órdenes de servicio y bitácoras: setenta y dos anexos de un solo defensor. Cuando el juez suspendió la audiencia por la hora, la preparación de juicio seguía sin cerrarse y la próxima sesión se espera que tenga lugar la mañana del 12 de febrero de 2027, si no se aplaza —como ha sido la constante—. Las madres y familiares de los jóvenes asesinados en las calles de Cali y Yumbo entre el 29 de abril y el 28 de mayo de 2021, vinculadas al caso, siguen esperando que la justicia actúe y se conozca la verdad: por qué el Estado ordenó reprimir el derecho a la protesta… ¿quiénes dieron la orden?

Estas breves líneas buscan reconstruir, a partir de los escritos de acusación de la Fiscalía y los escasos avances de las audiencias, la trayectoria del único expediente colectivo que en Colombia vincula a mandos de la Policía —y no solo a ejecutores— con la violencia letal ejercida por el Estado durante el Estallido Social. La conclusión es incómoda pero documentable: el proceso avanza al ritmo de quien no tiene interés en que avance, y esa lentitud no es un accidente del sistema, sino una de sus formas más comunes de producir | mantener la impunidad.

Un expediente excepcional

La Fiscalía 94 Especializada de la Dirección contra Violaciones a los Derechos Humanos recibió, según relató en la audiencia su titular, alrededor de 17 homicidios ocurridos en Cali durante el paro de 2021. De ese universo construyó un «caso colectivo» que hoy agrupa diez muertes y cuatro tentativas de homicidio atribuidas a la cadena de mando policial:

  • 29 de abril, Puerto Resistencia: Miguel Ángel Pinto Mona, vendedor de zapatillas, muerto por un disparo atribuido al patrullero Wilson Esparragosa Corcho, del CAI de Villa del Sur.
  • 30 de abril, El Diamante (Calipso): Edwin Villa Escobar, comerciante de 38 años, y Einer Alexander Lasso Chará, pensionado de la Policía; heridos Rosa Icela Pacheco y Andrés Felipe Mora, durante la «arremetida» del GOES.
  • 1 de mayo, Paso del Comercio: Yinson Andrés Angulo, 23 años, empleado de Emcali, por un disparo de pistola 9 mm proveniente de un sector donde «solo había personal uniformado de la policía nacional (ESMAD y GOES)».
  • 3 de mayo, Siloé: Kevin Antony Agudelo Jiménez, Harold Antonio Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila, muertos durante una velatón por las víctimas de los días anteriores; heridos Karol Mapallo y Michael Arce. Esa madrugada, en el Paso del Comercio, fue asesinado Joan Nicolás García Guerrero.
  • 17 de mayo, Yumbo: Jhon Alexander Yotengo Chaguendo, empleado de un supermercado, alcanzado en el cuello por el disparo de un uniformado que salió de la fila del ESMAD.
  • 28 de mayo, Glorieta de Siloé: Michael Andrés Aranda Pérez, 24 años, fue asesinado por un disparo preveniente de la fuerza pública, según alcanzó indicar antes de morir.

La tesis acusatoria es la misma en los tres escritos de acusación acumulados en este expediente colectivo: el coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana y «jefe de servicio» de la orden de operaciones 056 para el paro; el teniente Néstor Fabio Mancilla, comandante del GOES; y el mayor Óscar Daniel Galeano, comandante de la Policía de Yumbo, son acusados como autores por omisión, con dolo eventual, de homicidio agravado por indefensión de la víctima (arts. 25, 29, 103 y 104‑7 del Código Penal). Es decir, los uniformados de la policía tenían posición de garantes, sabían que sus subalternos disparaban con armas letales contra manifestantes y dejaron el resultado «librado al azar». En este caso y sobre todo en la acumulación que llega a esta acusación, podría indicarse como una «actuación excepcional» de la Fiscalía 94, porque es de las pocas que remonta la línea de mando en lugar de quedarse en la presunción de la autoría material inmediata.

La cronología de la dilación

Lo que sigue no es una interpretación: son las fechas que constan en las actas del juzgado y en las memorias de las escasas audiencias alcanzadas.

Cuatro años después de la acusación y más de cinco y medio después de los hechos, no se ha practicado una sola prueba en juicio… esto raya, a todas luces, con los plazos razonables que indica la misma administración de justicia. Para dimensionarlo, en otras palabras: la etapa preparatoria, que en el sistema acusatorio colombiano debería durar semanas, lleva 42 meses abierta, sin que se avizore su pronta superación.

La impunidad en Colombia no es la ausencia de proceso, sino una forma de funcionamiento institucional que fragmenta los registros, dilata y archiva los proceso, no sin antes desgatar y revictimizar a las familias y sus allegados.

¿Cómo opera la dilación y se hace tiempo en favor de la impunidad?

Revisadas en conjunto, los desarrollos de las audiencias, se evidencia una serie de patrones recurrentes que, sin ser necesariamente ilegales, producen el mismo efecto acumulado:

  • La rotación de defensores. El coronel Vega ha tenido tres apoderados; cada cambio reinicia el reloj del descubrimiento probatorio y justifica aplazamientos «para garantizar el derecho de defensa».
  • El descubrimiento como arma. En abril de 2023 las defensas alegaron no tener la prueba que la Fiscalía dejó a disposición cuatro meses antes en un disco duro; en octubre de 2026, la defensa del coronel descubrió 72 anexos y pidió tres días más para entregarlos, mientras la defensa del teniente dejó pendiente la mitad de su enunciación.
  • Los incidentes de competencia. La solicitud de enviar el caso a la Justicia Penal Militar, rechazada de plano en 2022, consumió dos sesiones. En numerosos casos de agresión policial durante el Estallido Social 2019-2021 en Colombia se ha identificado esta derivación como un patrón nacional que ha intentado «sustraer los hechos del juez natural».
  • La fragmentación y la conexidad. Tres acusaciones sucesivas, ante dos juzgados distintos, obligaron a reiniciar dos veces el trámite de acusación y preparatoria del caso matriz. La estrategia de la Fiscalía de «ir sumando» hechos esclarecidos es comprensible, pero su costo lo pagan las primeras víctimas. Esto debió acumularse desde el inicio del proceso judicial, como lo han registrado las familias y sus procesos organizativos y acompañantes.
  • La escasa disposición institucional. Plataformas virtuales que colapsan, los inconvenientes para ingresar al Palacio de Justicia de Cali, el intento de remover al fiscal sin reemplazo acorde al proceso y un cambio de juez explican otra parte de la demora: la que, en principio, no es agenciada por nadie, pero favorece siempre al mismo lado.
  • La estrategia de fondo. Lo que queda evidente tras la audiencia del 19 de octubre fue el anuncio de la defensa que vendrá: actas de socialización del Decreto 003 de 2021, verificaciones de Personería y Defensoría a los ESMAD, la instrucción del propio coronel prohibiendo armas de fuego, y como testigos el exministro de Defensa Diego Molano, los generales Zapateiro, Penilla y Rodríguez Acosta. Es la tesis de que todo estaba en regla y de que la responsabilidad, si existe, está más abajo, nunca en los acusados de rango medio. Un juicio así será largo; y mientras más tarde en empezar, más cerca quedarán la prescripción, el olvido y los testigos.

Los acusados, entretanto, permanecen en libertad. Ninguno ha sido suspendido del servicio por decisión judicial en este proceso.

Esta es solo una biopsia de lo que carcome la dignidad de las víctimas

Los procesos organizativos de familiares, víctimas y sobrevivientes , así como organizaciones sociales y de derechos humanos acompañantes han insistido de forma permanente en que cese la impunidad, tanto en los estrados judiciales como en términos sociales. Para ello, se han juntado en la iniciativa colectiva «La Justicia es la Verdad en Acción» – JVA desde abril de 2025.

Sus datos confirman la asimetría que este expediente ilustra. La base de datos de la JVA ha documentado, a la fecha, 3.126 hechos violatorios ocasionados por la fuerza pública o civiles en coordinación con esta; entre dichas violaciones a los derechos humanos están 171 asesinatos, 1.991 privaciones arbitrarias de la libertad, 944 agresiones físicas (vinculan ejercicios de violencia letal como lesiones oculares, así como violencias basadas en género, entre otras) y, por lo menos, 35 hechos de violencia sexual. La Fiscalía, en cambio, reportó en mayo de 2026 apenas 284 procesos contra responsables de esos hechos —es decir sobre tan solo el 9,1%—, y de ellos el 90% sigue en indagación: 17 están en juicio y solo 7 tienen sentencia, 6 condenatorias. Para los 99 procesos que reporta por homicidio, el 84,8% siguen en indagación, los demás archivados y uno solo ha llegado a ejecución de pena.

Para la JVA es evidente que los avances de la justicia penal son escasos e irrisorios y el caso colectivo de Cali es una buena muestra de ello: a) procesos que exceden los plazos, b) se centran en la autoría material y evitan la conexidad, c) derivaciones a la Justicia Penal Militar, d) pérdida deliberada de pruebas, e) recalificaciones a delitos menores y f) un relato que traslada la culpa, así como las pruebas, a las víctimas por el hecho de protestar. En este sentido, la impunidad debe redimensionarse a un simple efecto del no-castigo, pues se torna en un aliciente en la comisión violaciones de derechos humanos, ya que garantiza que la fuerza pública pueda reprimir el libre derecho a la protesta social, sin consecuencias. La «asistencia militar» solicitada al unísono por Jorge Iván Ospina y Clara Luz Roldán, alcalde de Cali y gobernadora del Valle de ese entonces, respectivamente, registra indicios de «al menos cuatro reuniones y comunicaciones realizadas los días 1, 2, 3 y 6 de mayo de 2021, con participación de altos mandos policiales» que coordinaron la respuesta en Cali, información que «está en poder de la Fiscalía».

Aprendizajes en la insistencia de la lucha contra la impunidad en Colombia

La JVA, que reúne a más de treinta organizaciones de familiares, sobrevivientes, medios alternativos y organizaciones de derechos humanos, ha logrado en poco tiempo lo que parecía imposible: que el Estado creara un mecanismo de esclarecimiento. Ese logro abre ahora un escenario más complejo, porque el informe, con sus limitaciones intrínsecas, no tiene asidero institucional. El gobierno actual, incluso ha emprendido una arremetida normativa en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta social; y en el nuevo Congreso se espera que la nueva propuesta de ley estatutaria sobre la protesta social no sea nuevamente archivada, como los cinco proyectos anteriormente presentados. Los retos, a la luz de lo que muestra el caso colectivo de Cali, son al menos estos:

  • Superar la tesis del «caso aislado». A partir de la información recabada por las familias, víctimas y sobrevivientes, así como por las organizaciones acompañantes, lograr documentar los patrones, reuniones de mando y subregistro de tal manera que se demuestre lo sucedido y permita comprender y explicar realmente lo que paso.
  • Seguir vigilando la actuación de la justicia. La dilación prospera donde no hay quien la nombre. El control ciudadano de las fechas —asistencia, actas, denuncia pública de cada aplazamiento— es la forma más elemental y más eficaz de incidencia.
  • Insistir en la responsabilidad de la “línea del mando”. Las defensas van a llamar a generales y a un exministro para demostrar que el dispositivo estaba en regla. Paradójicamente, esa estrategia pone en el estrado a quienes las organizaciones señalan como posibles determinadores. El reto para las víctimas es convertir ese juicio en la oportunidad de que se investigue la posible instrucción «proveniente de altas esferas sociales e institucionales».
  • Continuar al lado de las familias, víctimas y sobrevivientes. Un proceso que seguirá durando varios años exige acompañamiento, juntanza, protección frente a la estigmatización y relevos en las vocerías, para que la lucha se mantenga y entre todxs nos cuidemos, pues como dicen muchísimas paredes en Cali: “Solo el Pueblo Salva al Pueblo”.
  • Permanecer en la disputar de la narrativa. La verdad de varios hechos la reconstruyeron medios independientes mientras los grandes medios reproducían el marco de «vándalos». A la rueda de prensa de abril de 2025 en el Centro de Memoria convocada por la JVA «no llegó ningún medio grande». Sin comunicación propia, cada aplazamiento será invisible.
  • Escalar nuestras exigencias al Congreso y al ámbito internacional. Muchas de estas pretensiones solo serán realidad si se convierte en proyecto de ley con respaldo de bancadas, y si la CIDH, los relatores de la ONU y la cooperación internacional la respaldan.

Para cerrar

En el acta del 17 de abril de 2023 del caso colectivo que nos ocupa, los apoderados de las víctimas dejaron escrito que no era posible que una audiencia programada cuatro meses antes «se dañe por falta de diligencia» de los abogados de los acusados. Tres años y medio después, la frase sigue vigente y el juicio sigue sin empezar. La impunidad en Colombia no es la ausencia de proceso, sino una forma de funcionamiento institucional que fragmenta los registros, dilata y archiva los proceso, no sin antes desgatar y revictimizar a las familias y sus allegados. Que las comunidades de Siloé, Calipso, el Paso del Comercio y Yumbo tengan justicia depende, en buena medida, de que alguien cuente los días y las maniobras de quienes propugnan por la impunidad. Este artículo es otro aporte para mantener y fortalecer este camino.


*Educador popular y defensor de derechos humanos | Miembro del Tribunal Popular en Siloé y la Justicia es la Verdad en Acción | Historiador, magíster en Historia y doctor en Humanidades de la Universidad del Valle (Colombia). Doctor en Historia en París VII (Francia) | Estudiante de Derecho | Integrante de CEDINS | Docente – Investigador en la Universidad del Valle.


Fuentes

Cerosetenta (2025). Cuatro años del estallido social: un aniversario marcado por la impunidad. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/cuatro-anos-del-estallido-social-un-aniversario-marcado-por-la-impunidad/

Comité de Expertos Ad Hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales 2019‑2021 (2026). Que protestar no (nos) cueste la vida ni la dignidad. Informe final. Consejería Presidencial para los DDHH. https://derechoshumanos.gov.co/Documents/Comité de Expertos Ad Hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.pdf

CW+ Noticias (28 abr 2025). A cuatro años, promesa de una Comisión de Verdad une a víctimas del estallido. https://cwmas.com.co/suroccidente/cali/2025/04/28/a-cuatro-anos-promesa-de-una-comision-de-verdad-une-a-victimas-del-estallido/

Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 94 Especializada DECVDH. Escritos de acusación del 6 de octubre de 2022 (caso colectivo Cali 2021), 23 de noviembre de 2023 (Yinson Angulo y Michael Aranda) y 2024 (Johan Nicolás García y Jhon Alexander Yotengo).

Fundación Heinrich Böll Colombia. Hacia una comisión de la verdad sobre el estallido social (plataforma «La Justicia es la Verdad en Acción»). https://co.boell.org/es/comision-de-la-verdad-ya-fin-la-impunidad-en-los-crimenes-de-estado-durante-el-estallido-social

Fundación Heinrich Böll Colombia (2023; 2.ª ed. 2025). Tribunal Popular en Siloé: conmemorar, dignificar y resistir. https://co.boell.org/es/2023/11/02/tribunal-popular-en-siloe-conmemorar-dignificar-y-resistir

Infobae (5 dic 2025). Denuncian demoras en el juicio contra altos oficiales de la Policía por homicidios durante el estallido social de 2021. https://www.infobae.com/colombia/2025/12/05/denuncian-demoras-en-el-juicio-contra-altos-oficiales-de-la-policia-por-homicidios-durante-el-estallido-social-de-2021/

Justicia es la Verdad en Acción – JVA. Base de Datos (oct 2026)

Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali. Audiencias públicas (6 jun 2022), (2 ago 2022), (10 ago 2022), (6 oct 2022), (15 dic 2022), (17 abr 2023), (28 nov 2024) y (19 oct 2026). Radicados 76001600019320210351 (matriz), 2022‑00640, 2023‑00599 y 2024‑00202.

Presidencia de la República (14 nov 2025). Gobierno crea Comité de Expertos (Decreto 1190 de 2025). https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-crea-Comite-de-Expertos-para-estudiar-violaciones-a-derechos-humanos-en-protestas-sociales-de-2019-251114.aspx

 

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