El Bajo Atrato teme desplazamientos ante la arremetida para

“Esto se convirtió en un refugio de paramilitares, bandas y narcotraficantes aliados con los poderosos de la política. Acá no se corta un palo sin que ellos se den cuenta”. Quien lo cuenta es Orlando Rengifo, un campesino en proceso de retorno en el sector de La Larga (Riosucio, Chocó). Sus palabras son el reflejo de la situación de amenaza en la que se encuentra el noroccidente colombiano. Un miedo que sitúa al borde de un nuevo desplazamiento al Bajo Atrato.

Mientras las FARC se desplazan hacia las zonas veredales transitorias (ZVTN) o a los campamentos de normalización (dos en el Chocó: Brisas -Riosucio- y Vidri -Vigía del Fuerte-) los espacios que ocupaban son coptados por otros actores armados. Ahora dejan libre más del 90% del territorio que antes ocupaban. En las últimas semanas se han sucedido las denuncias desde los propios habitantes de esas zonas y desde algunas organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación o la Comisión Intereclesial, que ha llegado a hablar de 200 neoparamilitares de las Autodefensas Gaitanistas en la parte occidental del territorio colectivo del río Cacarica. Una fuente de los procesos étnicos en el área le confirma a Colombia Plural que en una visita de campo realizada en los últimos días por la Defensoría del Pueblo y Acnur se constató que la cifra de paramilitares en esa zona se acerca a los 400. Naciones Unidas también advierte de la presencia de paramilitares en esas zonas antes ‘controladas’ por las FARC.

Hasta hace muy poco las comunidades del Bajo Atrato pensaban que gracias al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la violencia se minimizaría y podrían respirar tranquilidad. Una tranquilidad que ansía un territorio ejemplo del despojo violento de tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Más de 41 mil hectáreas robadas con la participación de funcionarios del Estado, entre ellos alcaldes y oficiales del ejército, al igual que narcotraficantes, paramilitares de la Casa Castaño y empresarios reconocidos como el Fondo Ganadero de Córdoba, según queda consignado en las sentencias de las salas de Justicia y Paz.

Orlando Rengifo sabe que la Corte Constitucional respalda la legitimidad de su tenencia de tierra y el proceso para recuperar las que le fueron arrebatadas. Sin embargo, ha perdiendo las esperanzas de recuperar su parcela, que hoy se encuentra sembrada con palma africana, debido a la presencia de paramilitares, bandas delincuenciales y narcotraficantes “aliados” con los poderosos de la política, insiste. Los presagios de Rengifo tiene fundamento. Hace tan sólo unos días, el 29 de enero, asesinaron en la vereda Guacamayas, del cercano municipio de Turbo, a Porfirio Jaramillo Bogallo, otro reclamante de tierras.
“Acá, en Urabá, es claro que las bases materiales que engendraron el fenómeno paramilitar siguen intactas”, dice otro campesino. Esas bases son una altísima concentración de la tierra en pocas manos, nula presencia estatal y auge de narcotráfico. Un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc) señala por el Golfo de Urabá se ha detectado el 55% de los envío de cocaína hacia Centroamérica.

Pese a que las FARC-EP han ido llegando a los campamentos de concentración, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han aumentado su presencia buscando acaparar más territorio en las cuencas del Cacarica, del Salaquí, del Truandó y del río Domingodó. Las alarmas pululan, los habitantes del Bajo Atrato han dicho que en estos momentos aproximadamente 80 hombres que se autoproclaman ‘gaitanistas’ están patrullando los alrededores de Cacarica y Salaquí, recordando a su habitantes los sangrientos días de la Operación Génesis que vaciaron de gente las cuencas tributarias del Atrato hace justo ahora veinte años.

Algunas comunidades se han reunido en varias oportunidades para fijar estrategias ante esta situación de vulnerabilidad. Para ello, se han movilizado temporalmente hacia los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, ya que en sus lugares originarios no pueden hablar de la situación por temor.

Según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, el Punto Transitorio de Normalización de Riosucio se encuentra en riesgo por la alta presencia del Clan del Golfo en ese municipio, una estructura gestada entre paramilitares y desmovilizados del EPL y que, en la amalgama de siglas, estaría integrada en las AGU.

Del mismo modo, la Fundación Paz y Reconciliación recoge en un informe del 30 de enero que en la región del sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño y el Pacifico colombiano, este ocupamiento ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil; que en Tumaco ese Clan del Golfo y disidencias de las FARC tienen a la población al borde de una “guerra civil” y que ya han causado desplazamientos. También atribuye al Clan del Golfo los intentos de evitar procesos de restitución de tierras y cita su presencia en lugares como Córdoba; en los márgenes del río Mira, en Pizarro; en Briceño e Ituango, donde ya han salido desplazadas varias personas. El Nordeste se ha convertido, dice este informe, en una de las subregiones en donde el ‘Clan del Golfo’, en alianza con el grupo ‘Héroes es del Nordeste’, están copando las zonas que dejaron libres las FARC.

Sobre la grave situación del Bajo Atrato, el 25 de enero la Comisión Intereclesial Justicia y Paz lanzaba una alerta sobre neoparamilitares en Bijao (Cacarica) y su intención de dirigirse a la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios y el caserío El Limón. Cuatro días después alertaban -tras varias denuncias previas- de que 200 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas llevaban 5 días en la parte occidental del territorio colectivo de Cacarica, que Bijao estaba sitiada y que el Gobierno, pese a las alertas, no había hecho nada. En esos días entraba una comisión conformada por la Defensoría del Pueblo, Acnur y Ascoba, la asociación de consejos comunitarios del Bajo Atrato. Aún no se conoce el informe oficial.
De ahí el temor de algunas personas ante la desmovilización de las FARC que “mantenía a raya a otros”. Ahora -dice Orlando- “ya son más de tres grupos de los que nos tenemos que cuidar”

Para campesinos como él, el asesinato en el río Salaquí de Moisés Mosquera, el 7 de enero, y de su padre Juan de la Cruz, dos días depués, confirma la nueva arremetida paramilitar y por eso exigen al gobierno más presencia en seguridad que garantice la vida de líderes y lideresas que se han definido como pedagogos ad honorem del Acuerdo de Paz en las zonas rurales del Bajo Atrato. “Siempre que el paramilitarismo ‘se va’ vuelve con mayor brutalidad”, dicen una mujer en Riosucio. Son las palabras que ronda en la cabeza de gente que conocen el desplazamiento como pocas y por eso teme que se repita esa historia.

* Los nombres de los periodistas comunitarios de la Escuela de Comunicación Alternativa (ECA) que han colaborado en este texto no se publican por su propia seguridad