Darío Monsalve: “Hay que masificar la voluntad de paz”

El cese al fuego bilateral, temporal y de carácter temporal entre las Fuerzas Militares y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene mucho de inédito y de diferente a lo ocurrido en el proceso de negociación entre las FARC y el Estado. Se produce antes de llegar a un acuerdo, dura tres meses en medio de una situación de volatilidad en los territorios y cuenta, además de con la verificación de Naciones Unidas, con el acompañamiento y veeduría de la Iglesia Católica. Quizá por eso, aunque entró en vigor el 1 de octubre –se extiende hasta el 9 de enero de 2018- los instrumentos del denominado Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) se están armando sobre la marcha y… con atraso.

Hoy se ha instalado formalmente en Cali la Comisión Diocesana de seguimiento al cese al fuego, una de las 20 con las que la Iglesia católica se ha comprometido a participar en el proceso. Darío Monsalve, el arzobispo de Cali que ha empujado los procesos de negociación a pesar de algunos sectores de la política nacional reacios a los acuerdos de paz, ha presentado este Comité ante la opinión pública acompañado del representante de la Misión de Naciones Unidas, Raúl Rosendi; del capitán de la Fuerza Aérea José Pérez en representación del Estado; de Juan Carlos Cuellar, gestor de paz del ELN; de Jesús Alfonso Flórez, de la Coordinación Regional del Pacífico, y de Jesús Darío González Bolaños, de la Fundación Ciudad Abierta. La Comisión de Cali hará veeduría en Buenaventura y especificamente sus cuencas sobre la cordillera Occidental; la frontera y los límites con el Chocó; Pradera, Florida y todo el Cañón de las Hermosas; sobre el norte del Cauca, Jamundí, y las cárceles. También se ocupará del Cauca, de Tumaco y de la frontera con Ecuador.

Rosendi ha sido insistente en que el propósito del cese al fuego bilateral y temporal debe traducirse en “alivio humanitario” en las comunidades más afectadas por el conflicto en zonas de acción del ELN. Aunque en la presentación de hoy se ha mostrado la preocupación por el hecho de que en esos territorios hay otros actores armados diferentes a Ejército y guerrilla y eso puede provocar la atribución de actos de guerra al ELN que hayan sido realizado por grupos armados organizados cercanos al paramilitarismo. Ese “alivio humanitario” debe ser fruto del cumplimiento del acuerdo de cese al fuego –y Rosendi cree que las partes están comprometidas- y de la confianza que se pueda generar entre los actores y de la propia sociedad con la negociación que se realiza en Quito.

“Iglesia y ONU son garantía de imparcialidad” en la verificación del cese, ha dicho Rosendi y del éxito del MV&V dependerá en buena medida la generación de confianza en la Mesa de Quito. Por su parte, Darío Monsalve cree que hay buenas señales en este proceso y una de ellas es el compromiso adoptado por la Conferencia Episcopal en 20 de sus jurisdicciones [un compromiso que Rosendi cree que aporta legitimidad al MV&V y una presencia local difícil de conseguir por cualquier otro acompañante]. Pero Monsalve cree que hace falta más: es el momento de “la masificación de la voluntad de paz”.

Y si hay una palabra que han repetido en multitud de oportunidades todos los participantes hoy en una rueda de prensa en Cali es “confianza”. Quizá porque todavía no hay la suficiente en la mesa de Quito; quizá por las amenazas y los retos son muchos en momentos delicados. Además de la presencia de actores armados paramilitares en las mismas zonas donde aplica el cese al fuego, hoy se ha señalado otro riesgo: “si no hay signos claros” de que el acuerdo de paz con las FARC avanza se resta “confianza” al proceso de Quito, especialmente entre las propias comunidades.

Unas comunidades que, en el caso del Chocó, una de las zonas críticas para este cese al fuego, conocían hoy, al tiempo que se instalaba el Comité en Cali, del asesinato de Aulio Isarama Forastero, gobernador del resguardo Catrú Dubasa-Ankozó, en el municipio de Alto Baudó. Los primeros testimonios de las comunidades apuntan a una posible autoría del ELN y, por tanto, este es un primer reto para el MV&V que debe comprobar si esto es así y, en caso afirmativo, tomar todas las medidas para ayudar a que un hecho como este no amenace la continuidad del cese al fuego.

Jesús Alfonso Flórez, que forma parte de la Coordinación Regional del Pacífico, una red de decenas de organizaciones étnico territoriales y de las diócesis de esa región, cree que si se mejora y consolida esa “confianza” con un exitoso cese al fuego temporal “se pueden generar signos de continuidad”. “El objetivo debe ser que el 9 de enero se prolongue este cese de hostilidades hasta llegar a un cese definitivo fruto de un acuerdo de paz”. Flórez también ha animado al MV&V a dar seguimiento a los puntos de este acuerdo parcial e inicial entre el Gobierno y el ELN que, aunque no tiene que ver con el cese al fuego, sí puede mostrar la voluntad de ambas partes de avanzar hacia la paz y, ante todo, mejorar las condiciones de las comunidades y de las víctimas. Esta petición la hace cuando estamos a cinco días de que comiencen las audiencias preliminares que deben determinar cuál será la metodología para que la sociedad civil pueda participar en el proceso que se adelanta en Quito.