¿Por qué fue desalojado el Campamento por la Paz?

En poco más de 24 horas el Campamento por la Paz de la Plaza de Bolívar pasó de estar rodeado de vallas protectoras proporcionadas por la Alcaldía Mayor a ser desalojado por la fuerza a manos de los agentes enviados por la misma administración de Enrique Peñalosa. Tras siete semanas alojado en la plaza, el campamento que fue testigo de la Marcha del Silencio, de la llegada de miles de indígenas de todo el país, e incluso de la primera jornada del festival Salsa al Parque, fue levantado policialmente en la madrugada del sábado 19 de noviembre, precisamente, “con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes” a ese mismo festival, según indicó la alcaldía a través de un comunicado.

En la noche del miércoles 16 de noviembre se había realizado una asamblea en la que los campistas debatieron sobre la permanencia del campamento en la plaza. Ocho personas, que hicieron parte del campamento desde su fundación, decidieron marcharse mientras que 10 se abstuvieron y 48 optaron por permanecer hasta la ratificación del nuevo acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), respondiendo así, según ellos, a los lineamientos del manifiesto de la acampada. Según fuentes de la asamblea, las vallas de seguridad fueron retiradas por la alcaldía a las 11 de la mañana del jueves, horas antes del inicio del festival de salsa.

“Es extraño que, casualmente, horas después de que salieran las personas que decidieron irse hayan llamado al ESMAD a desalojarnos”, sospecha Fernando Conde, uno de los campistas que fue desalojado violentamente el sábado en la madrugada. “No entendemos la decisión de la alcaldía de desalojarnos justamente ese día si tuvo 45 días para hacerlo ¿Por qué no nos desalojó a los dos días de haber instalado el campamento?”.

“Siempre habíamos compartido el espacio de la plaza con distintas actividades, como el mercado campesino o la intervención artística de Doris Salcedo”, recuerda Martha Delgado, una de las voceras de la acampada. “Creemos que la decisión de desalojarnos no tuvo nada que ver con el festival [Salsa al Paque], fue una decisión arbitraria del alcalde Enrique Peñalosa”, concluye.

Un espacio de construcción de paz

Desde el rechazo al acuerdo de paz con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre, comenzaron a desarrollarse acciones espontáneas reclamando la necesidad de no acabar con el proceso de paz. Multitudinarias marchas recorrieron las principales ciudades del país, donde se organizaron asambleas ciudadanas y se articularon diversas iniciativas por la paz desde distintos sectores de la sociedad civil.

Estas diversas iniciativas, organizadas desde sectores ciudadanos, fueron toleradas y reconocidas por la alcaldía de Peñalosa y el Gobierno Nacional como un espacio democrático de debate y apropiación del proceso de paz. El Campamento por la Paz se terminó por volver un espacio de encuentro de muy diversos sectores sociales. Por allí pasaron desde el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hasta víctimas del conflicto de diversos lugares del país, pasando por el embajador de Alemania, profesores universitarios, colectivos de artistas y ciudadanos que no pertenecían a movimientos sociales ni partidos políticos. En definitiva, se convirtió en un espacio de diálogo y construcción de paz en el corazón de la capital.

En todo ese tiempo, la alcaldía de Bogotá toleró la existencia de la acampada y, de acuerdo al testimonio de los campistas, no hubo ningún tipo de conflicto con la Policía. “Teníamos muy buena relación con la Policía en general, no entendemos qué pasó, pero sabemos que es una orden de Enrique Peñalosa. Lo que no entendemos es que haya violencia en estos actos”, insiste Martha Delgado.

Desalojo violento al campamento por la paz

“Me sacaron entre seis y me intentaron meter en un carro de la Policía, me daban en la espalda y me jalaron hacia la puerta. Yo no me dejaba y me puse a gritar porque recordé a los falsos positivos y pensaba que me mataban ahí”, narra sobre el desalojo Olga, una víctima del Putumayo que hacía parte de la acampada. Fernando, otro de los campistas que vivió el desalojo, narra cómo fueron perseguidos por la Policía y el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) incluso tras haber abandonado la plaza. La pregunta que subyace de todo esto es por qué la alcaldía pasó de tolerar el campamento a ordenar un desalojo que alcanzó tales cotas de violencia.

Para Fernando Conde “existe una relación directa entre la salida del grupo de los ocho fundadores del campamento con la decisión de desalojarlo” por parte de la alcaldía de Peñalosa. En la misma línea, el historiador y analista Hernando Franco considera que el desalojo muestra que la Alcaldía sólo reconocía la legitimidad del grupo fundador. “La demás gente que estaba en el campamento no era tan importante para la alcaldía. Al salir los voceros, la alcaldía consideró que tenía toda la legitimidad para entrar y levantar el campamento a la fuerza”, explica Franco.

Aunque no fue posible contactar con ninguno de los miembros del grupo de los fundadores para que dieran su versión de los hechos para este artículo, en un comunicado que emitió en twitter Katherine Miranda, una de los integrantes de este grupo, consideró “muy triste para lo movilización ciudadana” el desalojo y afirmó que la Alcaldía les “aseguraba que no iba a desalojar a las personas que permanecían en el campamento”. Así mismo, el comunicado añadía que Peñalosa “no podía justificar sus acciones en contra de la paz por la salida de los fundadores del campamento”.

Sin entrar a evaluar a las divergencias que puedan existir dentro del colectivo de la acampada, ni tratar de buscar responsables al interior del movimiento, el desalojo del sábado puede ser entendido como un ejemplo de los retos ante los que se enfrentan los movimientos sociales en escenarios de post-acuerdo. La alcaldía de Peñalosa ha mostrado un camino preocupante en el que las instituciones toleran a los movimientos sociales de acuerdo a sus intereses. Su actitud llevó incluso a que el Alto Consejero para el Post-conflicto, Rafael Pardo, recriminara las acciones sucedidas en la madrugada del sábado.

Por ello, de acuerdo a la campista Martha Delgado, el camino sigue estando en que la ciudadanía continúe convocándose fraternalmente, haciendo de los espacios públicos verdaderos escenarios de construcción de paz y de diálogo. “Invitamos a la ciudadanía a dejar plasmado en la historia que Colombia es un país que se merece una segunda oportunidad”, declara Delgado. “Todos estamos llamados a hacer historia”.