El Gobierno vuelve a negar la realidad ante la CIDH

El Gobierno se mantiene en su postura de negar o, como poco, eludir la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de evitar nombrar el paramilitarismo como una realidad en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha realizado una audiencia este martes 21 de marzo con trece organizaciones de la sociedad civil que llevan ante la institución la situación de los defensores, defensoras, líderes y lideresas y las amenazas que enfrentan, la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales, y la denuncia de la búsqueda de mecanismos de impunidad para agentes estatales en el marco de las negociaciones de paz, a través de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Oídos sordos ha hecho el Estado ante las denuncias de impunidad o falta de reconocimiento de los asesinatos de líderes sociales y oídos sordos ante las alertas sobre el riesgo de impunidad que la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) tal como ha quedado aprobada implica para los crímenes de Estado o la participación de las víctimas. Hasta los dos comisionados de la CIDH presentes en la audiencia han pedido que se aclare si se aplica o no el derecho internacional en la responsabilidad de la cadena de mando en el caso de los agentes del Estado, con respuestas vagas del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurando que se han recogido «elementos» de ese derecho internacional e insistiendo en que las víctimas son el centro del proceso de paz. Sobre esta cuestión, las propias Naciones Unidas han asegurado esta semana que la JEP no respeta el derecho internacional.

Asesinatos de líderes sociales

En la primera sesión, centrada en los asesinatos de líderes sociales, el Estado -de la mano del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, y de la vicefiscal de la Nación, Paulina Rivero, ha insistido en su compromiso con la protección de los defensores y ha enumerado las medidas tomadas hasta ahora y, aun reconociendo algunos desafíos y que los niveles de imputación son insuficientes, ha defendido su papel y los “resultados tempranos muy importantes”. En sus palabras, se ha repetido la definición de «grupos criminales organizados», pero no se ha hablado de paramilitarismo ni de sistematicidad o de una posible estrategia contra los líderes amenazados y asesinados. Ante la insistencia de las organizaciones, Paulina Rivero únicamente ha señalado que se está investigando, que “es pronto” para hablar de sistematicidad y que cuando haya datos… “nos pronunciaremos”.

«Es imposible tomar medidas acertadas para transformar la realidad si el Estado continúa sistemáticamente escondiéndola»

La abogada de derechos humanos Luz Marina Monzón, las más insistente en la existencia de esa pauta que tiene como fin acabar con la protesta social, le ha respondido a la vicefiscal que no se trata de un fenómeno nuevo, que se llevan años denunciando esta situación y ha insistido en la existencia de archivos de inteligencia en contra de los defensores y “políticas institucionales de persecución”. “Ninguna de sus medidas [de la Fiscalía] reconoce esta sistematicidad. Hay continuidad en los ataques, se repiten los actores, hay una persecución generalizada. No decimos que se presuma, sino que ya tienen elementos para reconocer esa sistematicidad”, ha sentenciado.

Rivero ha dado algunas cifras: 74 personas identificadas vinculadas a procesos de agresiones a defensores de derechos humanos y líderes sociales; 58 privados de libertad, 4 sentencias, 6 en etapa judicial, 8 en etapa de investigación, 8 órdenes de captura.. Y ha querido resaltar las actuaciones contra el “crimen organizado” y se ha referido a las acciones contra el Clan del Golfo con 1.820 órdenes de captura en 2016 y 175 en lo que va de 2017; con 1267 capturas en total y 1.090 sentencias condenatorias.

A estas cifras las organizaciones sociales han respondidas con otras, las de asesinatos, amenazas o las reiteradas y sucesivas evaluaciones de riesgo a las que se ven sometidos los líderes y lideresas, a pesar de ya tener ese reconocimiento.

La evaluación de riesgo “sigue siendo una caja negra” donde nunca se explica a los afectados la situación

Cristian Delgado, de Marcha Patriótica, ha insistido en los ataques sistemáticos que sufren los integrantes de esta organización por parte de paramilitares y de integrantes de la fuerza pública con patrones que se repiten como el lenguaje estigmatizador o las informaciones en los medios de comunicación criminalizando su labor; ha hablado de asesinatos, amenazas y torturas y cifrado en 133 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados por “paramilitares y miembros de la fuerza pública cumpliendo un plan nacional” en el marco de la represión de la protesta social y las desapariciones forzadas. Dentro de esos patrones se refirió a las amenazas directas y colectivas (517); a los allanamientos y detenciones arbitrarias, y a las acusaciones y encarcelamientos por terrorismo o delitos conexos con casos que luego acaban en absoluciones. Advirtió de los efectos en el debilitamiento de la bases social y afirmó que “el Estado es responsable porque la estigmatización viene de altos funcionarios, incluido el presidente Juan Manuel Santos. Porque la Fuerza Pública ha participado de la represión y no ha tomado las medidas de prevención efectivas porque no reconoce la sistematicidad”. Por todo ello, anunció que Marcha Patriótica presentará ante la CIDH una declaración urgente de medidas cautelares de protección contra los integrantes de su movimiento.

La negación estatal de la realidad

En esa sistematicidad se centró Luz Marina Monzón. Afirmó que la persecución a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos sigue siendo una realidad en Colombia y que el primer problema es la negación por parte del Estado de esta realidad y citó como primer síntoma que no existen cifras apropiadas y consolidadas de asesinatos y amenazas, con números diferentes de una a otra organización. “Lo único en común es que los asesinatos han aumentado”. A Monzón le parece especialmente preocupante que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía nieguen que hay un patrón y que, además, esos asesinatos estén relacionados con la labor que desempeñan las víctimas como defensoras o líderes de sus comunidades o colectivos. A su juicio, por todo ello, el enfoque de las investigaciones está “viciado” desde el inicio. Frente a lo que dice el Estado, Monzón confrontó el informe de la Defensoría del Pueblo cuyos elementos sustentan tanto la hipótesis de la sistematicidad como la pauta común en las agresiones. “Hace falta más voluntad política de esclarecimiento que directrices de la Fiscalía”.

Pedro Cortés, del Instituto sobre la Raza y la Igualdad que habló en nombre de varias organizaciones, exigió medidas que eviten que los líderes sean asesinados, criticó la forma en que acceden estas personas a la Unidad de Protección y aseguró que la evaluación de riesgo “sigue siendo una caja negra” donde nunca se explica a los afectados la situación y citó el caso de la vicepresidenta de Afrodes que con un riesgo ya reconocido ha sido sometida a seis evaluaciones. Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de atender las amenazas colectivas y criticó que el Estado siga sin hacer cambios normativos en este sentido por lo que pidió a la CIDH que recomiende la adecuación de las normas y programas para establecer medidas de protección colectiva; que se exija al Estado que no reclamen continuas evaluaciones del riesgo de las víctimas, y que se incluya a las personas LGBT como objeto de estas amenazas independientemente de si forman parte o no de una organización.

Ante todas estas demandas, el embajador de Colombia, Andrés González, aseguró que “la justicia no arranca de ideologías. Está operando la justicia y el Estado, y llegarán a los resultados”. Insistió en el convencimiento del Estado de la necesidad de políticas públicas para proteger a los defensores, investigar y prevenir sus agresiones, y cedió la palabra a la vicefiscal para explicar las medidas en este sentido.

Paulina Rivero indicó que es “imperioso” reconocer la relación entre la paz y la seguridad de los derechos humanos. Indicó que la Fiscalía ha identificado seis causas de criminalidad en los territorios, entre las que no nombró el paramilitarismo, ese que insisten en apuntar las organizaciones sociales: La disputa por las rentas ilícitas en los territorios que han dejado las FARC; las disidencias de las FARC por el control territorial; la corrupción administrativa; la falta de creencia en las instituciones; la falta de conectividad entre las localidades y el centro del Estado, y la violencia como lenguaje transversal en la realidad colombiana.

El embajador de Colombia, Andrés González, aseguró que “la justicia no arranca de ideologías. Está operando la justicia y el Estado, y llegarán a los resultados”

Entre las líneas de actuación de la Fiscalía citó: cambiar la cultura institucional para que se conozca el papel y la realidad de los líderes y defensores; directrices precisas para que los fiscales tengan como primera hipótesis investigativa la condición de defensor o líder de la víctima; metodologías que permitan relacionar los casos con el contexto social y político de las víctimas; redefinición de los tipos penales, en especial en el caso de las amenazas; unidades itinerantes que se desplacen con prontitud; protocolos de investigación que ayuden a preservar el material probatorio; directrices para la estandarización de la investigación de homicidios y amenazas y un plan de acción que articule los diferentes departamentos de la Fiscalía. El diagnóstico y plan de la Fiscalía revelan una cierta impotencia ante este hecho. De hecho, Riveros le pidió ayuda a la CIDH para construir una directiva de obligatorio cumplimiento para los fiscales, que guíe las investigaciones por crímenes contra dirigentes sociales y políticos.

 La JEP y las alertas de impunidad

Las asociaciones de víctimas de crímenes de Estado y las corporaciones de abogados especializadas en derechos humanos han sido tajantes y claras ante la CIDH: no se está aplicando el derecho internacional en todas sus dimensiones en la Justicia Especial de PAZ (JEP) aprobada en el Congreso y las matizaciones y cambios introducidos en el acuerdo original de La Habana van a acarrear impunidad y sacan a las víctimas del proceso. En palabras de la Corporación Colombiana de Juristas, de la Corporación Jurídica Libertad o de la Corporación Jurídica Yira Castro, los Agentes del Estado no reciben un tratamiento simétrico y equilibrado sino privilegiado en la JEP; los procesos reglamentarios puestos en marcha generan serias dudas sobre la voluntad del Estado de cumplir los acuerdos de paz de La Habana y modificar los estándares internacionales  «obstaculiza» el derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, «favorece la impunidad» y contribuye a una «repetición crónica». «Hay grandes beneficios para la Fuerza Pública inaceptables, a cambio de nada», lamentan. Como ejemplo de esto Byron Góngora (Corporación Jurídica Libertad) aludió a los 854 agentes de la fuerza pública que el Ministerio de Defensa ha anunciado que saldrán de la cárcel sin que se haya iniciado la JEP: «Tememos acciones contra sus víctimas y adulteración de pruebas».

Aseguran que la «centralidad» de las víctimas de la que presume el Gobierno tanto para el acuerdo como para la implementación «no se ha visto desarrollada en la JEP y no se tiene certeza de la forma en que se va a hacer». La aplicación del articulo 28 del tratado de Roma, que reconoce la responsabilidad de la cadena de mando en la comisión de un crimen de guerra, es uno de los ejes fundamentales de las advertencias de la sociedad civil, ya que se excluye expresamente su aplicación en el caso de las Fuerzas Militares. También se critica la definición de crimen de guerra (que desconoce los estándares internacionales) y  que para aplicar la Ley de Amnistía se haya incluido la necesidad de una «sistematicidad», lo que, a su juicio, va a favorecer que no se llame a responsabilidad a muchos culpables. Otra de las advertencias se refiere a la responsabilidad de civiles, de terceras personas, que ha quedado diluida en la nueva JEP y que favorece la impunidad de grupos empresariales o ganaderos vinculados con el paramilitarismo. Con todo ello creen que casos como los «falsos positivos» y los desaparecidos del Palacio de Justicia podrían quedar en la impunidad.

El ministro del Interior ha respaldado la reglamentación de la JEP aprobada en el Congreso y ha evitado responder a las alertas lanzadas por la sociedad civil. A cambio, ha inundado la audiencia con cifras que no tienen que ver con la responsabilidad de los agentes del Estado en presuntos crímenes. La vicefiscal general, Paulina Rivero, ha afirmado, en este sentido, que hay 2.104 investigaciones activas sobre ejecuciones extrajudiciales y que dentro de ellas entre agosto de 2016 y marzo de 2017 se han desarrollado 50.554 actuaciones; hay 893 sentencias con 1.400 personas afectadas. Anunció que está casi concluido el informe de la Fiscalía sobre estos crímenes para su presentación en la JEP.

Juan Fernando Cristo prefirió dar cifras de homicidios y secuestros y del descenso de ambos (un 13 y un 60% respectivamente) respecto al año pasado, para hablar de la impunidad denunciada por las víctimas. Ello para situar el «panorama» en el que se debate sobre cómo lograr una paz verdadera. Y para ello ha asegurado que «para garantizar la sustentabilidad del proceso estamos convencidos -y por eso la JEP y la Ley de Amnistía- que hay que lograr con la mejor buena fe del Estado un justo equilibrio entre el valor de la justicia y el valor de la paz«. En su opinión esto se ha logrado con la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). Para el Ministro, la JEP es una jurisdicción transicional y transitoria con un «tratamiento simétrico, diferencial el algunos casos, simultáneo y equitativo frente a las FARC y los agentes del Estado». Sobre la responsabilidad de la cadena de mando, insistió en que se reconoce cuando el superior conoce los delitos cometidos por su subordinado y tiene información sobre ellos.

Los comisionados de la CIDH se han dirigido al Estado colombiano en la Audiencia. José de Jesús Orozco ha insistido en la importancia de incorporar los estándares internacionales a la JEP, incluida la responsabilidad de la cadena de mando y preguntó al ministro desde cuándo operará la JEP -desde agosto o septiembre contestó éste- y cómo se articulará la jurisdicción penal ordinaria con la JEP.  James Cavallaro, por su parte se interesó por la definición de crimen de guerra que maneja el Estado y la sistematicidad requerida. Esmeralda de Troitiño, que presidió la Audiencia, se interesó por conocer si habrá posibilidad de que en el desarrollo normativo se tengan en cuenta las consideraciones planteadas por las asociaciones. No hubo respuestas concretas.

Se pidió la reducción de las fuerzas militares y el cambio de su rol, como medidas para la No Repetición, así como por el fin del Servicio militar obligatorio, o el desmantelamiento del ESMAD.

Víctimas y juristas consideran que «el esclarecimiento y sanción de las violaciones de DDHH, especialmente las cometidas por Agentes del Estado, es necesaria para la no repetición». Por ello le han pedido a la CIDH llamar al Estado para que informe sobre cómo la JEP estará en el marco de estándares internacionales; que informe sobre los mecanismos para evitar que los crímenes de estado se repitan y para evitar la impunidad; que le requiera al Gobierno colombiano información sobre los mecanismos para la participación de las víctimas en la JEP, y vigilancia y acompañamiento permanente de la CIDH en los mecanismos de verdad, justicia y no repetición y participación de la sociedad civil en la implementación de los acuerdos.

Garantías de no repetición

En la audiencia referida a los mecanismos para garantizar la no repetición, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo insistió en que «las garantías de no repetición son la esperanza de que cada crimen sea el último». Se abogó por la reducción de las fuerzas militares y su rol en el post-acuerdo, como medidas para la No Repetición; por la terminación del Servicio militar obligatorio, el desmantelamiento del ESMAD o la depuración del Sistema de la función pública, contemplada en los Principios de Joinet (sobre impunidad y reparación). Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los presos políticos, denunció que las disposiciones del Acuerdo de Paz en materia de No Repetición no han sido impulsadas aún, por lo que urgió su implementación e insistió en que la existencia del paramilitarismo «nos está costando la paz y nos está costando la vida».

Precisamente sobre el paramilitarismo, Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, advirtió de los riesgos de las comunidades por develar la verdad sobre estos grupos y del reclutamiento de menores por parte de ellos.

La sociedad civil de Colombia subrayó la importancia de revisar la doctrina de seguridad actual -doctrina militar y enemigo interno- que criminaliza a los defensores de derechos humanos. «Es imposible tomar medidas acertadas para transformar la realidad si el Estado continúa sistemáticamente escondiéndola», han subrayado hoy las organizaciones presentes en las audiencias de la CIDH que en la sala y en algunas de sus intervenciones ha desplegados carteles y frases con el siguiente lema: «Que la paz no nos cueste la vida; que la paz no nos cueste la impunidad».