La UP: el proceso asesinado
El genocidio de la Unión Patriótica es una herida abierta que ha planeado en buena parte de la actual negociación del Gobierno con las FARC-EP. Y es que el tránsito de las armas a la política intentado tras los Acuerdos de La Uribe entre las FARC y el expresidente Belisario Betancur, en 1984, dejaron un reguero de asesinatos, exilios y amenazas y tres décadas más de violencia en Colombia.
Las FARC se comprometen en 1984 a un cese al fuego, una tregua y la paz, y el Gobierno garantiza un espacio político a la guerrilla. Bajo este paraguas nace la Unión Patriótica. Militantes de izquierda, profesores, intelectuales, sindicalistas y también guerrilleros, se suman a este movimiento que no era solo un partido de las FARC, pero sí la prueba para saber si ejercer una oposición política de izquierdas con garantías democráticas era posible. El resultado: dos candidatos presidenciales asesinados -los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa– 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes (otras fuentes aseguran que fueron unos 5.000).
Un exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular) y narcotraficantes. Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país. Una de las excusas utilizada por la extrema derecha fue que las FARC habían hablado de tregua pero nunca renunciaron a las armas.
La UP concentró sus esfuerzos políticos en tres regiones del país donde las FARC tenían más control: Meta, Magdalena Medio y el Urabá antioqueño y cordobés. Estos lugares se convertirían posteriormente en epicentros de su exterminio y del paramilitarismo.
En las elecciones presidenciales de 1986, el candidato de la UP Jaime Pardo Leal, presidente de Asonal Judicial, logra 328.752 votos frente al candidato ganador, el liberal Virgilio Barco, la votación más alta alcanzada en la historia de Colombia por un partido independiente. Un año después es asesinado cuando viajaba en su coche en presencia de toda su familia. El verdadero triunfo de la UP llega en esas legislativas y regionales de 1986 con una veintena de congresistas y senadores, más de 300 concejales y 23 alcaldes. (Las cifras exactas varían levemente de unas fuentes a otras). Dos de los elegidos eran comandantes guerrilleros, Iván Márquez y Braulio Herrera, suplentes en listas al Senado.
Dos años después, en 1988, la UP se posiciona como la Tercera Fuerza Política en el país con 18 alcaldías propias, 95 alcaldías en coalición con otras fuerzas, 18 diputados, 3 consejeros comisariales y 368 concejales en convergencia con otras fuerzas de izquierda.
En 1986, y a solo un año de su fundación, la UP ya había perdido a 300 militantes asesinados en todo el país, en especial en el Meta, Urabá y el Magdalena Medio, donde se empezaban a consolidar como fuerza política. En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP, en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos estos asesinatos coincidieron con las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales.
¿Quiénes estaban detrás de los asesinatos? Grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular) y narcotraficantes. La Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía afirmaba a El Tiempo en 2013 que hay pruebas de la existencia de cinco planes criminales –tres regionales y dos nacionales– en los que no solo hubo participación de paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y dirigentes políticos, sino de empresarios que aportaron dinero para los planes criminales. En ese momento, la Unidad de Contexto tenía abiertas 25 investigaciones a políticos que supuestamente se beneficiaron de los crímenes contra la UP y sobre sectores palmeros, ganaderos y esmeralderos que al parecer financiaron a los grupos de sicarios que cometieron los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos.
El experimento de la Unión Patriótica dejó frustraciones y consecuencias. La guerrilla se rearmó y aumentó su desconfianza frente a nuevas negociaciones con los sucesivos gobiernos en Colombia. El paramilitarismo, que en la década de los 80 eran simples escuadrones, se consolidó y extendió por buena parte del país. En 1994, las autodefensas asesinaron al último representante de la UP en el congreso de la República, el senador Manuel José Cepeda, como retaliación por el asesinato al general Rodolfo Herrera Luna.
El epílogo de la UP sobrevendría en 2003, cuando el Consejo Nacional Electoral le quitó la personería jurídica al movimiento que no pudo sacar más de 50 mil votos en las elecciones de 2002. Diez años después, en 2013, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica y su fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieran la representación requerida. En noviembre de 2013 se celebró el V Congreso Nacional de la Unión Patriótica con la participación de los sobrevivientes del genocidio, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista Colombiana, la corporación REINICIAR, Marcha Patriótica y otras organizaciones y movimientos del país. Se eligió como candidata presidencial a la ex concejal de Bogotá Aída Avella, refugiada en Suiza.
La gran mayoría de los homicidios de dirigentes de la UP no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales se condenó a autores materiales, pero los intelectuales siguieron en la impunidad.
