La verdad

La institucionalidad pública colombiana está herida en lo más profundo por razón del ataque a la verdad, todos los que asumen las responsabilidades en los órganos legislativos, judiciales y ejecutivos juran ejercer tales cargos con fundamento a la constitución y la ley, pero, en muchos casos, cuando ese mismo marco normativo mira hacia ellos, dicho juramento se pone en entredicho porque ahí la justicia no sirve a sus intereses.

Tenemos nombres concretos de exfuncionarios de alto nivel, como ministros o comisionados presidenciales, que se encuentran prófugos de la justicia, esgrimiendo “persecución política”, pero además existen otros exfuncionarios de ese mismo rango de autoridad que han sido juzgados, pero que no se ha conocido plenamente la verdad sobre el conjunto de las responsabilidades de su jefe inmediato.

Las últimas tres semanas nos han sumido en un asombro al saber, cómo el jefe máximo del órgano de investigación judicial, la Fiscalía General, estaba impedido desde antes de ser nominado para dicho cargo, por cuanto conocía de primera mano los actos de corrupción que se estaban realizando por parte de la firma Odebrecht, que se realizaban en asocio con el grupo económico más importante e influyente en Colombia, familia de banqueros, industriales y hasta de un alto jerarca eclesiástico; pero que lo agrava porque el hoy fiscal general era asesor jurídico de dicho grupo económico y no hay constancia que hubiera adelantado ninguna denuncia sobre dichos hechos.
Se logra que se le nombre un fiscal “ad hoc”, pero en realidad lo que se debió hacer es que tuviera el valor de renunciar, pues faltó a la verdad al omitir esos hechos cuando surtió todo el proceso de postulación y elección para el actual cargo. Hay algunos que dicen que de los centenares de miles de casos que adelanta la fiscalía, solo en ese caso el fiscal está impedido, que por ello no debe renunciar, pero esto no es asunto de números de casos, es que hay un hecho estructural al ocultar la verdad, y más aún, con el mayor caso de corrupción ligado al conjunto del continente latinoamericano, con lo cual se pierde absolutamente la confianza de parte de la ciudadanía, para este y muchos más casos, pues se evidencia que prima los compromisos que ha tenido con el sector privado y público en los servicios prestados como abogado.

La ética ciudadana es quizá lo más ausente que tiene la sociedad colombiana, pues así como desde lo público se le miente impunemente, la mayoría es indiferente, o se porta como tal, pues no genera movilización y rechazo efectivo a este sistemático ataque a la verdad.

Desde el actual ejecutivo, en cuya campaña afirmó que no gobernaría con la corrupción, van varios hechos conocidos que demuestran que esa promesa ha sido falaz. Para no detenernos en el tan controvertido caso del ministro de Hacienda, pues ha procurado nombrar personas en cargos vinculados a instituciones que tienen que ver de manera directa con la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las FARC, primero en la dirección de la Unidad de Protección y luego en la también dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, en sendas ocasiones, los respectivos nombrados han mentido sobre sus títulos de formación universitaria, no importa el nivel que sea, lo cual es eminentemente un hecho de corrupción, y de nuevo un ataque frontal a la verdad.

En estas dos últimas ocasiones se ha hecho evidente que existe un sector de la sociedad con conciencia ciudadana, que han hecho público su inconformidad, puesto que se intenta poner personas en cargos claves para no avanzar en la dirección de la implementación del Acuerdo de Paz, aunque de palabra el jefe del Estado asegure estar comprometido con este proceso de paz. El ejercicio del sector de la ciudadanía vinculada al acompañamiento de las víctimas del conflicto armado, a organizaciones que defienden los Derechos Humanos, algunos miembros de la academia, en rechazo a estas postulaciones han hecho que se retroceda en tales nombramientos.

Este mismo llamado se le hace al Presidente para que diga claramente la verdad frente a la consolidación de la paz en Colombia, ante un mandato que está comenzando pero que ya muestra una suerte de ingobernabilidad, pues en su afán de gobernabilidad autista, desconociendo, por ejemplo, el grito de los estudiantes de la universidad pública, unidos no pocas veces a sus pares de universidades privadas, ha tenido que finalmente volver a la mesa de diálogo con ellos y estrellarse con el rechazo ciudadano ante el nefasto proyecto de reforma tributaria.

En estos mismos días, desde el 22 de noviembre, otras voces desde las regiones se han alzado para exigir que la paz esté en el centro de la agenda del Estado, no solo del Gobierno, particularmente en el Pacífico y el Suroocidente, se realizó el pasado 6 de diciembre, la “Velatón por la paz”, promovida por organizaciones étnicoterritoriales, movimientos de víctimas y las 14 jurisdicciones católicas, hecho que puso en evidencia que son las comunidades más afectadas por la continuidad del conflicto armado y la violencia en general que no para porque no se ve efectiva la implementación del Acuerdo de Paz por parte del estamento público, las que reclaman por avanzar en la consolidación de la paz, dentro de lo cual está la salida negociada, por ello fueron enfáticas en reclamar que continúe la Mesa de Diálogos con la guerrilla del ELN.

Estas voces, con luces encendidas, convocan a que haya claridad en el Gobierno, sobre todo con la Verdad, a brindar todo el apoyo necesario para que funciones la recién instalada Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y con las otras instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición; a poner todo su empeño para que no dilate más la reapertura del diálogo de paz con el ELN, pues entre el representante del Estado y el actor ilegal prima la responsabilidad mayor del mandatario de buscar la paz, buscando los medios necesarios que aminoren hasta concluir el impacto de la guerra sobre las comunidades, pero igualmente es un llamado a que ese movimiento insurgente de igual manera sea más respetuoso con este clamor desde los territorios y sea generoso con hacer señales de paz, pues si son coherentes con su pensamiento sobre el “poder que reside en el pueblo”, deben realizar signos humanitarios con ese pueblo que clama la Paz.