Los damnificados de Hidroituango piden a la Comisión de la Verdad y a la JEP que eviten la inundación

418 firmas avalan la carta presentada este jueves a los magistrados de la JEP y a la Comisión de la Verdad en la que se pide la suspensión cautelar de la inundación de la zona de Hidroituango y la puesta en marcha de un Plan de Búsqueda Participativo de los cientos de víctimas enterradas en la zona.

Ya hay certeza. En los 12 municipios, en el bosque del cañón del río Cauca, en las playas de este río… hay cientos de cuerpos de víctimas del conflicto armado. Su rastro se perderá si Empresas Públicas de Medellín (EPM) persiste en sus intenciones de acabar con el bosque y así retirar las referencias para ubicar fosas y enterramientos y, mucho peor, si cumple su amenaza de inundar las 3.800 hectáreas previstas para su megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

Por eso, en una carta entregada hoy a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 418 personas de la zona les piden que activen “los mecanismos preventivos que dentro de sus mandatos corresponda para evitar que se inunde y continúe destruyendo la verdad que aquí está depositada. Es urgente que se protejan estos sitios que contienen evidencias historias del conflicto en la zona hasta tanto no se encuentren los desaparecidos y se establezca la verdad de lo sucedido”.

Los firmantes, habitantes de Ituango, Sabanalarga, Briceño, Valdivia, Toledo, Peque, Santa Rosa y Caucacia, responden así al duro informe realizado por la Misión de Verificación sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas y preservación de las zonas donde puede haber cuerpos en el cañón del río Cauca. En el informe de la Misión, promovida por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se recuerda que las cifras oficiales hablan, a noviembre de 2017, de 2.238 personas víctimas de la desaparición forzada en la zona por 621 casos concretos.

Descargar el Informe completo de la Misión de Verificación

En la carta presentada hoy, los firmantes, dicen: “Esta es una voz de auxilio por la verdad; por los cuerpos sin nombre que piden ser enunciados; por el encuentro de quienes han desaparecido y pueden ser hallados en el Cañón; por quienes siguiendo sus leyes espirituales han enterrado cuerpos que encontraron insepultos y esperan ser escuchados para indicar los lugares en que aquellos han de ser buscados; por el mismo derecho de los victimarios que saben en donde dejaron los cadáveres de sus víctimas y quieren contribuir a la verdad”.

La verdad puede ser inundada, y así lo ha constatado la Misión de Verificación que, en su recorrido de campo, evidenció, por ejemplo, “la destrucción del Bosque Seco tropical del sector de Puente Pescadero del municipio de Ituango. Esto pone en riesgo el tránsito de las comunidades de la zona y los árboles de referencia que son fuente de información de sitios de disposición de cuerpos en la zona. Al respecto, es notoria la preocupación de las comunidades, tanto de los enterradores como de los familiares de desaparecidos”.

Los expertos nacionales internacionales hablan de acuerdos entre la Fiscalía y EPM y denuncian cómo las Empresas Públicas de Medellín están “licitando” la búsqueda e inhumación de restos, incluso han recogido testimonios sobre la preocupación de los campesinos porque han desaparecido cadáveres de cementerios veredales tras la intervención de empresas al servicio de EPM. Además, “la Misión constató la inconsistencia en las cifras oficiales en relación a la cantidad de personas desaparecidas, desapariciones forzadas, cuerpos exhumados, denuncias, identificaciones de cuerpos, masacres, entre otras”.

Los seis miembros de la Misión recomienda a las instituciones activar todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de los cuerpos y para la reparación de las víctimas, y a EPM le recomienda, “conforme a la debida diligencia que le corresponde, abstenerse de desarrollar actos que puedan afectar la memoria, la verdad y la justicia a través de la recuperación, identificación y entrega de los cuerpos inhumados en la ribera del río Cauca o que puedan afectar la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.