Los matices en la política rural de los acuerdos

Fue el primer punto de la negociación y se supone que aborda uno de los problemas estructurales que subyace en el origen del conflicto armado. Aunque técnicamente no se trata de una reforma rural, el título de este acuerdo es el de Reforma Rural Integral (RRI) y ha sido modificado en estos 41 días transcurridos desde el plebiscito recogiendo las preocupaciones de sectores del ‘No’, que consideraban que este punto podía atentar contra la propiedad privada. El Centro Democrático de Álvaro Uribe ha presionado muy fuerte en cuanto al proceso de restitución de tierras y a la conformación del Fondo Nacional de Tierras y el riesgo de que aquellos que se han hecho con tierras fruto del despojo de la guerra pierdan ahora su propiedad. (Lee aquí el acuerdo completo)

Quizá por eso, el nuevo acuerdo, en el punto 1.1.5 de la RRI sobre “Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural”, se ha metido el siguiente inciso:

“Considerando que actualmente existen distintas situaciones que afectan la 
seguridad jurídica sobre la tenencia o la propiedad de la tierra en Colombia y la necesidad de encontrar una solución que atienda las realidades del país, sin perjuicio de lo establecido en materia de acceso a la tierra, el Gobierno conformará un grupo 3 expertos/as en el tema de tierras que en un plazo no mayor a 3 meses haga recomendaciones de reformas normativas y de política pública que permitan en un tiempo limitado y cuando sea posible:

• Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe
• Garantizar la función social y ecológica de la propiedad
• Facilitar el acceso a los trabajadores y trabajadoras sin tierra o con tierra 
insuficiente
• Promover el uso productivo de la tierra 
Las propuestas de ajustes normativos a la legislación sobre tierras y de política pública deberán ser discutidos con los sectores interesados con el fin de buscar los consensos más amplios posibles, previo a su discusión en el Congreso de la República”.

También se incluye un párrafo en el punto que tiene que ver con las tierras que pueden ser parte de los 3 millones de hectáreas que conformarán el Fondo de Tierras (en un plazo de 10 años, antes era de 12). Se matiza que “los procedimientos de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación (extinción del dominio sobre tierras incultas) se aplicarán de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en la leyes vigentes”.

Pero, igual que se especifica lo que es evidente -que la implementación respetará la legislación vigente-, se abre la puerta a otra forma de conformar el Fondo de Tierras rescatando el concepto de uso: “El Gobierno tramitará una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores en forma individual o asociativa solidaria”.

El acuerdo ya firmado va dejando al Gobierno toda la responsabilidad en la implementación del marco legal para esta Reforma Rural y también en la elaboración de los listados de las personas que pueden beneficiarse de la adjudicación gratuita y del subsidio integral: “La autoridad administrativa competente elaborará, un registro único de posibles beneficiarios del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral que será utilizado como insumo para la implementación de éstos mecanismos”.

Zonas de reserva campesina

El presidente, Juan Manuel Santos, insistió en su alocución del sábado en la noche en que el nuevo acuerdo no indica la creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina. Tampoco lo hacía el interior. De hecho, lo único que hacen los dos acuerdos es reconocer y apoyar “las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de asociatividad solidaria”. Y especifican que hay un enfoque prioritario en el plan de formalización masiva de tierras: “Con este propósito, el Gobierno Nacional formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Zonas de Reserva Campesina, y otras que el Gobierno defina”.

También queda igual la referencia a las ZRC en cuanto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS. De hecho, se especifica en ambos textos sin variación, que para contribuir al cierre de la frontera agrícola, a la recuperación de los ecosistemas y al desarrollo sostenible, “el PNIS apoyará los planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), constituidas y las que se constituyan, así como de otras formas de organización o asociación, en los casos donde éstas coincidan con zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito”. Nada más.

Matices con las personas beneficiadas

Frases que aparecen y otras que desaparecen. Respecto al Fondo de Tierras se incluye a las asociaciones de víctimas rurales como posibles beneficiarias de este proceso para proveer tierras a quienes no la tienen o a quienes tienen insuficiente.

Desaparece, sin embargo, en la conformación del catastro rural, la referencia a que la información deberá ser desagregada por sexo/Género y etnia y queda solamente en sexo y etnia. También desaparece la referencia a que este catastro rural, a que esa información desagregada, debe “permitir, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios en manos de mujeres, su relación con la tierra y las formas de titulación”.

Y especifica lo que, una vez más, parece evidente: “El avalúo catastral se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley”. De esa nueva frase se agarró Santos para tranquilizar a los grandes propietarios de tierras al afirmar, como dijo el sábado, que “el catastro -fundamental para formalizar la tierra- no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras”.

Aunque no se especifica en ninguno de los textos de donde proveerán los fondos para esta RRI, si se alarga el periodo de su aplicación que, si en el primer texto era de 10 años, ahora pasa a “una fase de transición de 15 años, que logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%”.

Lo demás, lo referido a los planes especiales para fomentar la educación, la salud, las infraestructuras o la conectividad en zonas rurales, queda igual.