En primera persona

Mantenerse en pie

El encuentro en Berlín de tres hijos de personas desaparecidas

Había recogido a Juan Francisco Lanao en el aeropuerto Schönefeld y lo llevé al centro hacia el Reichstag, la sede del parlamento alemán en Berlín. En el trayecto hablamos de muchas cosas, de la inalcanzable justicia y del deber que habíamos adquirido frente a las siguientes generaciones como constructores de memoria. Cada uno, por su lado y por separado, hemos enfrentado la reconstrucción de historias de víctimas del conflicto armado y desalmado en Colombia.

Nuestra opción de vida nos motiva a actuar en contra de los crímenes de lesa humanidad, de las violaciones a los derechos humanos y nos impulsa un anhelo de transformar la realidad para que nadie más sufra lo que hemos sufrido los hijos de las mujeres desaparecidas. Sin conocernos, nos juntamos para crear el Concurso de poesía La luz de su mirada, versos contra el olvido en homenaje a Nydia Érika y a las mujeres desaparecidas. Logramos encontrarnos y hablar personalmente, aunque muchas veces lo hicimos por internet o nos escribimos por correo, tratando de reconstruir lo que ha sido la lucha por justicia en los dos casos. Treinta años hemos estado buscando justicia y exigiendo respuestas.

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Juan Francisco Lanao con la imagen de su madre

Juan tenía 18 meses cuando desaparecieron a Gloria Anzola de Lanao, su madre. Yo acababa de cumplir 13 años cuando desaparecieron a la mía. A él se lo llevó su padre a vivir a otros países para protegerlo. Yo salí exiliado en tres ocasiones porque sentía que mi vida estaba en riesgo por documentar e investigar sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia.

Cada vez que viene alguien de Colombia es como si llegara un embajador con un montón de recuerdos y mensajes de gente que no olvida a los que estamos fuera. Ahora nos encontrábamos en Berlín y nos dirigíamos juntos al Reichstag a ver a Helena Urán Bidegaín, quien trabaja para un parlamentario alemán en temas relacionados con Latinoamérica. Al llegar, Helena nos llevó a ver una instalación que hizo un artista con los nombres de los parlamentarios que ha tenido Alemania y en el que se puede leer, aunque lo han intentado arrancar en varias ocasiones, el del líder del nazismo, Adolf Hitler. Después nos dirigimos a la cúpula mientras Helena nos explicaba cómo las cuatro columnas representan los partidos políticos sobre los que se levanta la democracia alemana: la izquierda (Die Linke), los social demócratas (SPD), los demócratas cristianos (CDU) y los verdes (Die Grünen) y nos decía que la cúpula hace referencia a la transparencia que pretende reflejar el poder parlamentario hacia su pueblo. No creo que vayan a construir una quinta columna, pero es muy probable que pronto tristemente llegue al parlamento la AfD (Alternativa para Alemania), el partido de ultraderecha y, al parecer, lo hará incluso con más representación que la misma izquierda. Por mi cabeza no dejaban de pasar analogías, pensaba en el congreso colombiano y lo que sus muros ocultan y callan, pensaba en el Palacio de Justicia en el que el padre y la madre de mis dos acompañantes habían perdido la vida hace más de 30 años en hechos aún sin esclarecer.

El 10 de diciembre de 2014, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – notificó el fallo en el que ordenó al Estado colombiano cumplir una serie de medidas de carácter reparador por su responsabilidad en la desaparición forzada de 10 personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 y por la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, el padre de Helena. Esta decisión daba un plazo de dos años para que se cumpliera con lo ordenado, entre otras cosas con la indemnización económica a los familiares de las víctimas. Juan Francisco sintetiza la sentencia evidenciando que no sólo se ordenó una reparación económica: “En esta sentencia por lo que se condenó al Estado fue por la acción y omisión en unos delitos, específicamente en los hechos victimizantes de desaparición forzada y de la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Urán Rojas y de torturas que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia. En esta también se culpa al Estado de haber manipulado los hechos para ocultar estos crímenes y que no se estableciera la verdad. Entonces, en la sentencia, se dictaron básicamente una serie de medidas económicas, como otras no pecuniarias en favor de las víctimas”.

Desenredando la madeja

Es un hilo muy fino el de este laberinto y aquí no hay un minotauro sino un Estado condenado a cumplir su deber de reparar a las víctimas, a sus familiares, un Estado condenado por sus actos perversos al manipular los hechos, al no mostrar ningún interés en esclarecerlos, al ocultar la verdad, y al proteger a los responsables. Protocolario y frío fue el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional que encabezó Juan Manuel Santos cuando pidió perdón a los familiares de las víctimas el 6 de noviembre de 2015.

Juan Francisco replica que la CIDH ordenó el esclarecimiento de la verdad de los hechos y que designe un grupo de trabajo que establezca dónde están los desaparecidos, además de identificar a los culpables del homicidio de Carlos Horacio Urán y de todos estos hechos victimizantes. Casi todas las respuestas que da el Estado Colombiano son muy vagas. Por ejemplo, en el caso de Cristina del Pilar Guarín, quien murió por el impacto de tres disparos y su cuerpo fue expuesto a temperaturas muy altas, mayores a los mil grados centígrados, sostiene que el informe técnico presenta vacíos enormes pues hay un pedazo de la falda de ella con la que demuestran a su hermano, René Guarín, que sí era ella, pero “a uno si le quedan dudas sobre el material de la falda para que no se haya quemado”, añade Juan Francisco.

Aparte de las inconsistencias, vacíos e irregularidades, un asunto que queda en evidencia es que no hay un interés en identificar los responsables y en aplicar justicia sobre ellos. No hay decisiones judiciales al respecto. El coronel Alfonso Plazas Vega fue absuelto a pesar de aceptar la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Los familiares siguen esperando que quede en firme la condena contra Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue condenado a 35 años de prisión . En diciembre de 2015 se dio a conocer la condena contra Sánchez Rubiano pero él no se encuentra recluido.

Aunque se han hecho avances en la búsqueda, identificación y entrega digna de tres mujeres desaparecidas –Cristina Guarín, Luz Mary Portela de León y Luz Amparo Oviedo-, faltan respuestas sobre las identificaciones pendientes y sobre incongruencias presentadas en algunas necropsias como la del cuerpo de Rosalba Romero en la que se habla de la presencia de una próstata y en la de Pedro Elías Serrano, de un útero incinerado.

Juan Francisco me dice “una cosa que no se puede dejar escapar es que en la exhumación que se hizo del magistrado Emiro Sandoval Huertas la necropsia dice que habían dos personas, pero los resultados del informe técnico enuncian la presencia de tres, pero ninguno correspondía con él”.

Más allá de los montos establecidos por la Cidh y de los pagos realizados por el Ministerio de Defensa colombiano en su interpretación de la sentencia [rechazada ahora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos], lo que se devela es una falta de voluntad por parte del Gobierno y de las instituciones responsables de aclarar la verdad de lo ocurrido con las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y que fueron desaparecidas posteriormente; en reconocer el enorme daño que han provocado a sus familias sometiéndolas a tres décadas de litigios frente a un Estado que les revictimiza. De los 22 padres y madres de las personas desaparecidas el 6 de noviembre de 1985 en los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, sólo cuatro quedan vivos.

El Ministerio de Defensa pide documentos que pueden demorar entres seis meses y un año más las sucesiones a los herederos. Incluso pide “declaraciones de muerte presunta”, cuando desde hace más de tres años se les ha solicitado a las autoridades no exigir este documento a los familiares de los desaparecidos pues representa un acto de violencia sicológica. Como lo expresa Helena Urán: “Sí  lo siento como una revictimización. El Estado no hace lo que está en sus manos para buscar reparar el daño causado y no cumple con lo que dicta la sentencia de la Corte;  se presentan como si no supieran o no entendieran qué es lo que pide la CIDH y además solicitan a las víctimas que realicen  diligencias, como el proceso de sucesión, que no solo toman tiempo sino que conllevan gastos económicos lo que me parece simplemente un adefesio, es una burla. En cuanto a la indemnización, el Ministerio de Defensa está claramente jugando a demostrar su poder ante nosotros y como si nosotros les debiéramos a ellos algo. Y buscan crear entre los familiares un clima de tensión que nos disperse como grupo algo que para los representantes también genera mucho problema”.

A treinta años en el tiempo y a miles kilómetros de distancia de Bogotá, paseamos por el monumento erigido a los judíos al lado del parlamento alemán. Entramos al museo subterráneo y observamos las fotos de las familias judías a las que rendían homenaje. Le digo a Juan: “Siempre hay discusiones sobre los monumentos y la museificación de la memoria, sobre las representaciones del pasado, pero un homenaje a los desaparecidos y a la larga lucha de sus familiares es lo que debería estar en la Plaza de Bolívar en Bogotá”. Me responde: “Si ni siquiera nos han dejado mantener una placa en una esquina”. Le di un abrazo y lo llevé al metro, le dije que aún es largo el camino de la memoria y de la justicia, lo importante, amigo, es mantenernos en pie.