«Nos van a matar, nos están matando»

“Nos van a matar, en el norte del Cauca nos están matando y ni la Fiscalía ni el Ejército dan soluciones”. El grito de denuncia y de rabia sobresalta a un auditorio concentrado en las explicaciones académicas sobre los sucesores del paramilitarismo y los caminos para desmontarlo. El grito se convierte en clamor cuando son una decena de líderes y lideresas campesinos y comunitarios los que suben al estrado para narrar una realidad que palpan día a día, hablan de los muertos recientes, de cuerpos desmembrados que siguen bajando por el río y sus palabras prueban con hechos que no, que el paramilitarismo no ha desaparecido en Colombia por muchos nombres que quieran darle. Prueban también esa distancia, a veces abismo, entre la ciudad y el campo, entre el territorio y la academia.

Gerardo Varona, líder comunitario de Caloto (Cauca), denuncia desde la tribuna para reclamar atención y acción. Antes que él, el investigador de la Universidad Nacional Carlos Medina ha hablado del paramilitarismo de quinta generación que existe en Colombia, ha advertido que su desarticulación es la única garantía para avanzar hacia una paz segura y duradera y ha planteado que el único camino es la “desparamilitarización” del Estado y establecer mecanismos de vigilancia y control en todas las instituciones. Mecanismos que pasan por relevos de mandos policiales y del Ejército, estricta vigilancia sobre los funcionarios o recuperar la seguridad ética de los partidos. Un control social del que también habló el profesor magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma German Ayala, quien apeló a la necesidad de una acción estatal que reconozca y respete las diferencias regionales. En su opinión el paramilitarismo se mantiene porque subsisten las causas económicas y políticas que les dieron origen y porque no hubo nunca una sanción social hacia ellos.

La denuncia de Varona la reiteró otro de los líderes que alertó de la situación del macizo colombiano donde los paramilitares operan -dijo- con las fuerzas del Estado, el hostigamiento y la persecución de la minería ilegal, multinacionales y empresas que se alían con los paramilitares y “siguen señalando a los líderes” y les acusan de insurgentes por defender su territorio.

Ingrid Corpus integrante de Marcha Patriótica en Sucre afirmó que allí “el Ejército también ha hecho señalamientos”. Habló de los seis meses de zozobra en el pueblo por la presencia de encapuchados y las diez denuncias por amenazas presentadas. “Nos están matando, no es un chiste, la amenaza se está cumpliendo y me preocupa la indiferencia del Estado”. Por eso, Corpús reclamó una presión real sobre el Estado para que actúe.“Nos han matado 48 personas desde octubre de 2015, este año van 26 campesinos. Tocan la puerta y disparan. La Personería dice que no hay paramilitarismo, pero entonces de dónde vienen”, fue el testimonio de Jaime Danilo Rojas, de Corinto (Cauca).

Especialmente dura fue la voz de una mujer de Magui Payán (Policarpa), quien optó por no dar su nombre pero sí su testimonio. Habló de corrupción, de cuerpos desmembrados por el río, de miedo, de paramilitares como Escorpio o el Camerún, de los Rocas vestidos de militares, de los disparos de militares el pasado 20 de septiembre contra una embarcación de vecinos que terminó con dos muertos, de militares “a los que pagamos los ciudadanos y luego se unen a los paramilitares para acabar con los líderes sociales”.

“En la ciudad no entienden lo que pasa, que se pongan las botas y vengan al territorio” le dicen dos líderes a Gerardo Varona en un receso tras su intervención en el foro mientras responde a una entrevista junto a Ingrid Corpus.

-¿Existe esa distancia entre la academia y la realidad de los territorios?

Ingrid: El problema es que en Colombia se dice que la academia tiene que ser objetiva y lo que se hace con ello es encubrir lo que pasa en las comunidades con los paramilitares y que no haya una solución real. Si denunciamos que nos están matando nos dicen que estamos alertando, pero si fueran a las comunidades verían la constante zozobra.

-¿El proceso de paz está tapando otras realidades como las luchas en el territorio, medioambientales, sociales, las amenazas a defensores?
Gerardo: La fiscalía debe sentarse con las comunidades y los dirigentes sociales para ve cómo van a garantizar su seguridad. Corrupción, bandas criminales, paramilitares.. no hay confianza en ellos. Entregan las armas unos y se crea otro grupo. Los jóvenes y las comunidades no se van a dejar tocar

Ingrid: Más que opacar procesos, el problema es que los colombianos no nos hemos apropiado del proceso de paz, del momento histórico que estamos atravesando. Y el Gobierno no está asumiendo el papel que debería hacer con los paramilitares. Creen que cuando las FARC se desarmen se acabó la guerra, pero hay una oposición a la que están persiguiendo los paramilitares y el Ejército. Hay que exigir al Gobierno que así como se sentó con la guerrilla solucione el problema del paramilitarismo y la corrupción.

-¿Entonces son las comunidades las que deben defenderse?
Gerardo: Puede ser la solución. Una solución con policía y ejército, militarizar la zona no es el camino, porque ellos también han atemorizado a las comunidades.

-Hablan de cambios de nombre pero de los mismos paramilitares. La nueva denominación Grupos Armados Organizados (GAO) ¿qué intención tiene?
Ingrid: Para mi no está bien. Los cambian de nombre para ir disminuyéndoles la culpa. No van a pagar quienes deben pagar. Hay que resarcir a las víctimas y aportar a la memoria del país. Tenemos que conocer la realidad de las cosas para no repetirlas

En todo el conversatorio, organizado en Cali por la Corporación Nuevo Arco Iris, la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y el Observatorio de Democracia y Participación Ciudadana, planearon ideas comunes en torno a la existencia real de un paramilitarismo que ha podido evolucionar en implicaciones o intereses pero que existe; en su vinculación con las estructuras del Estado y, sobre todo, con las estructuras económicas y políticas. Y, como expresó el decano de Humanidades de la UAO, Jesús Anfolso Flórez, la necesidad de que para alcanzar la paz completa en Colombia hay que abordar el paramilitarismo y el Estado «tiene que asumir su responsabilidad en una realidad que ha desangrado y desangra al país». La necesidad de la búsqueda de respuestas eficaces y garantías de seguridad para las comunidades.

Gustavo Gayón, de la Comisión Colombiana de Juristas, reclamó la implementación de aquellas partes del Acuerdo de Paz de La Habana que no han sido cuestionados por los partidarios del No. Urgió el pacto nacional para sacar las armas y la violencia de la política e hizo un llamado a conformar una fuerza social que acompañe la puesta en marcha de los mecanismos de La Habana que no están en entredicho. “Nuestra sociedad se ha acostumbrado a usar la violencia como si nada y hay que erradicarla del ejercicio de la política”.

La impunidad que ha planeado sobre el paramilitarismo en Colombia fue otro de los puntos abordados. “Aquí se persigue a los autores materiales pero se deja con un manto de impunidad a los determinadores”, se lamentó Julio Arenas de la Corporación Nuevo Arcoiris, que señaló a muchos de esos determinadores como grupos vinculados a la ganadería, la minería, los megaproyectos. “Se viene encima una campaña selectiva contra líderes y no podemos dejar que el Cauca o Nariño se conviertan en un nuevo Urabá”.