Quinchía se planta contra la megaminería
“Esto apenas comienza”. Más de trecientas personas salieron a marchar este domingo en Quinchía (Risaralda). Campesinos, indígenas y mineros artesanales gritaron contra el desarrollo del proyecto minero ‘Miraflores’ de la empresa Seafield Resources Ltd. La tensión crece y ya tiene enfrentado al alcalde local, Jorge Alberto Uribe, quien fue empleado de Anglo Gold Ashanti, con varios líderes como la Gobernadora Embera Karamabá, Edith Taborda, y el presidente de acueductos comunitarios, Jesús Guevara. En el pasado Consejo de Seguridad del 9 de marzo en esta localidad, Karanbá dijo haber sido tildada de loca por las autoridades locales y los empleados de la empresa ante sus denuncias frente a la presencia de grupos armados en algunas veredas.
Hasta ahora Guevara y Taborda habían representado una batalla ‘solitaria’ contra la minera, sin embargo, algo quedó claro este domingo: crece la zozobra por las actividades exploratorias en veredas como Miraflores. Según Guevara, sitios como Guayabal y la Cumbre comienzan a presentar graves problemas de abastecimiento de agua, y el responsable de los acueductos sostiene que se debe a las más de doscientas perforaciones de exploración, algunas con 2.000 metros de profundidad, realizadas por esta empresa en zona rural. Taborga, por su parte, alega amedrentamientos contra 77 familias Embera que se ubican en zonas de exploración minera y se niegan a abandonar sus predios.
En la movilización que atravesó el centro del casco urbano participaron, los alcaldes de Riosucio (Caldas) Córdoba (Quindío) múltiples organizaciones sociales de la región y expertos en litigio estratégico como Rodrigo Negrete, quien instó a los presentes a promover, vía firmas, un acuerdo municipal que prohíba la minería en Quinchía conforme a la sentencia T-455 de la Corte Constitucional.
El proyecto Minero Miraflores comprende once títulos y se articula con la Colosa Regional, un megaproyecto extractivo que comprende amplias zonas de la cordillera central y occidental. Según la Agencia Nacional Minera, el 87 por ciento del municipio se encuentra bajo licencia o solicitud. Según relataba a Colombia Plural Nelson Chiquito, campesino de estas montañas, la amenaza apenas comienza.
