Una impunidad que confirma complicidades
La guerra a veces tiene una fecha de inicio. En el Chocó se la pueden poner. Antes del 20 de diciembre de 1996 el Chocó estaba abandonado por el Estado. Era un departamento suelto en la lógica de un país que dejaba zonas enteras al albur de un destino incierto. Pero el 20 de diciembre de ese año, uno de los actores armados, en alianza estrecha con una de las ramas del Estado, la militar, comenzó una operación -«Retoma de Río Sucio»- que marcaría para siempre la vida de los chocoanos. Por si había alguna duda de la estrategia y sus actores, dos meses después, en febrero de 1997, quedó todo claro con la Operación Génesis, acción conjunta entre la Fuerza Aérea, la Brigada XVII del Ejército y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. A final de ese año, en diciembre, se cerró el círculo territorial de la acción conjunta en el río Jiguamiandó.
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Por Riosucio entró al Chocó la guerra que ya desangraba antes el Urabá antioqueño y que se regó como una mancha de terror por todo el río Atrato hasta llegar al San Juan y muchos de los ríos y caños que vuelcan su caudal en ellos. Se conocen los actores, los responsables y las víctimas, pero estas últimas son las únicas que cargan con la historia.
No hubo nada casual. Las primeras señales de lo que se venía las vivieron Unguía y Acandí, en el extremo norte del Chocó, ya cerquita de Panamá, donde el entonces grupo paramilitar ‘La 70’ (luego bautizado Bloque Elmer Cárdenas) hizo dos incursiones de muerte en febrero de 1996.
El aviso se repetiría unos meses después, cuando el 6 de octubre hicieron lo mismo en el caserío de La Madre y, después de matar delante de los vecinos a dos civiles, anunciaron que el siguiente paso sería Riosucio.
No hubo nada casual. La Madre era una de las seis comunidades beneficiadas con la primera concesión de títulos colectivos para comunidades negras en el país que concretaba la Ley 70 de 1993. Eran 8.250 hectáreas para La Madre que se sumaban a las de Chicao, Clavellino, La Nueva, Bocas de Tuparal y Dos Bocas para sumar las 60.816 hectáreas inalienables que ponían en peligro el proyecto de palma aceitera que Vicente Castaño, El Profe, había ideado para la zona.
La resolución de 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Operación Génesis concluyó que el proyecto de Vicente Castaño y de los empresarios palmeros necesitaba de un modelo de seguridad con “la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas. Los operativos e incursiones armados en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.
La confirmación de que la operación iba en serio se dio en Riosucio. El 10 de diciembre de 1996 se reunieron en Santa María varios jefes paramilitares para diseñar la acción. No hubo nada casual. En tres de las versiones libres de Fredy Rendón, El Alemán, máximo comandante paramilitar en la operación de Riosucio y luego jefe del Elmer Cárdenas, éste confirma que unos días antes Carlos Castaño les pidió a él y a Raúl Hasbún Mendoza, Pedro Bonito, que volaran a Medellín y que en el aeropuerto Olaya Herrera les esperaría un contacto que les diría con quien coordinar la operación. “El contacto que manejaba algunas situaciones para la Casa Castaño en Medellín les dijo: ‘Este es el nombre del coronel, y díganle que van de parte mía’. Se montaron en una avioneta y una hora y 20 minutos después aterrizaron en el departamento del Chocó, en su capital Quibdó; tomaron un taxi y se dispusieron a llegar al comando de Policía, literalmente les dijeron que el Coronel les estaba esperando. Se ha aportado por parte de El Alemán, no solamente el nombre de ese Coronel, sino de cada persona de la fuerza pública que participó en la operación Riosucio (…)”. [Auto de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. 3 de septiembre de 2013]
El “coronel” al que alude El Alemán era el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Puerto, comandante de la Policía del Chocó y algunos de los nombres que facilitó el jefe del Bloque Élmer Cárdenas y que luego confirmaron otros comandantes paramilitares fueron los del teniente Luis Alfredo Burgos Pabón, que era jefe de la CIPOL (el extinto Cuerpo de Inteligencia Policial) en el departamento, y los subtenientes Esteban Guzmán Vargas, Henry Alonso Cortés Aparte y Edgar Henry Correa Núñez, responsables del puesto de Policía en Riosucio.
No hay decisión alguna sobre estos mandos a pesar de que la Fiscalía 48 compulsó copias a la justicia ordinaria para que se investigara a esos cinco oficiales. Un simple rastreo de estos personajes concluye que todos han seguido sus carreras policiales sin mayores inconvenientes. Rigoberto Ojeda publica ensayos con la Universidad La Gran Colombia; Luis Alfredo Burgos ha prosperado y ha llegado a ser comandante de Policía en diferentes distritos de Nariño; Henry Alonso Cortés fue detenido en 2009 cuando, siendo el jefe de investigaciones criminales de la Policía en Cesar, se quedó junto a otros dos oficiales con parte de una recompensa destinada a un delator paramilitar; Esteban Guzmán Vargas era en mayo de 2016 comandante operativo de la Policía del Magdalena.
El Alemán confirmó cómo y con quién se planificó la operación: “(…) después de reunirnos con ese coronel, y de darnos el sí, que la Policía estaría dispuesta a no disparar contra nuestras motonaves en el momento de la entrada y que además mandaría un capitán de la policía secreta o de su inteligencia para que asumiera el puesto de Policía para que eso no se saliera de las manos y que nosotros pudiéramos desarrollar la Operación y que además ese Coronel sabía además que iban a haber unas retenciones en la cabecera municipal y que se les iba a dar muerte y que así pasó. Fue entonces cuando nos dispusimos de la misma manera a coordinar con el Ejército Nacional y con la Brigada XVII [con sede en Carepa y comandada entonces por el general (r) Rito Alejo del Río], con los diferentes mandos y jefes de inteligencia y coroneles… (…) y fue así como nos sentamos con el coronel Paulino Coronado Gámez, alias Don Diego, quien era el de inteligencia de la Brigada XVII y con él nos reunimos Carlos Correa y Elmer Cárdenas”.
Paulino Coronado nunca fue procesado por la operación de Riosucio y hubo que esperar hasta que saltó el escándalo de los “falsos positivos” para que en 2008 el entonces ya Brigadier Paulino Coronado Gámez fuera retirado del Ejército, junto a otros 18 oficiales y 6 suboficiales, cuando comandaba la XXX Brigada con sede en Cúcuta, en cuya jurisdicción se hallaron los cuerpos de 11 de los jóvenes desaparecidos en Soacha. A día de hoy, aún no hay sentencia en su contra. Coronado Gámez había sido antes alumno aventajado de la tétrica Escuela de las Américas, responsables de operaciones psicológicas del Ejército e, incluso, creador de la Agencia de noticias del Ejército. La brigada de Carepa fue un buen lugar de prácticas para él, bajo el mando de Rito Alejo del Río, condenado a 25 años por el asesinato de Marino López en el marco de la Operación Génesis, en febrero de 1997.
Cráter de una de las bombas de la Operación Génesis en una de las comunidades del río Salaquí. | Foto: Jesús Abad Colorado
La Brigada XVII, que participó en la operación Riosucio y diseñó la Génesis, tal y como ha quedado establecido por la justicia nacional e internacional, estaba dirigida por el general Rito Alejo del Río, que sólo está condenado por un asesinato dentro de la Operación Génesis, quien apoyó el accionar paramilitar, así como varios de sus oficiales. Quizá el más conocido es el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien era el responsable del B2 (inteligencia militar) de la Brigada y que, después de 11 años prófugo de la justicia, fue atrapado en 2014. Plazas Acevedo, conocido como Don Diego por los paramilitares, fue parte esencial de la Génesis y cumple 40 años de condena por el secuestro y asesinato de un empresario israelí y es relacionado con el asesinato de Jaime Garzón y con la masacre de Mapiripán.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín concluye que “estos actos atroces, que no fueron aislados, obedecieron a una política del grupo orientada a sentar una hegemonía estratégica, económica y social en la zona del Urabá chocoano, lo que configura una clara línea o patrón de conducta”.
¿Dónde están los comandantes ‘paras’?
El grupo paramilitar que operó en 1996 era aún las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), una combinación de lo que se conocía como Casa Castaño -coordinada por los hermanos Vicente y Carlos- y otros grupos mercenarios de la región. La Operación Riosucio es una acción conjunta de la Casa Castaño y del grupo creado por Carlos Alberto Ardila Hoyo, alias Carlos Correa, un potente ganadero de Necoclí (Urabá antioqueño) que comenzó con un grupo conocido como Los Güelengues (paramilitares urbanos), luego creo La 70 (rural) y ambos, ya unidos, terminaría siendo el temido Bloque Élmer Cárdenas. Alias Carlos Correa murió en 2005 durante una discusión con otro paramilitar (Jalker Sierra Miranda, alias Gamba) en Necoclí.
Dos eran sus comandantes de confianza para la entrada a Riosucio, un bastión guerrillero en ese año 1996. Por un lado Elmer Cárdenas, alias Cabezón, quien con apenas 21 años era uno de los comandantes más admirados por sus compañeros por su carácter guerrerista. Cárdenas murió el 18 de diciembre de 11997 durante la Operación Recmacho, en el río Jiguamiandó. El bloque que operaba en el Chocó tomó su nombre.
Fredy Rendón, El Alemán
El otro comandante importante en el operativo -y que terminaría siendo el señor de la guerra en el Chocó y máximo responsable del Bloque Élmer Cárdenas- era Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, que se había incorporado un antes a los paramilitares de Carlos Correa. Hermano de Daniel Rendón, alias Don Mario, se acogió al proceso de Justicia y Paz impulsado por el Gobierno de uribe y salió de la prisión de Itagüí el 28 de julio de 2015, después de cumplir poco más de ocho años de encarcelamiento y de haber rendido varias versiones libres. Se considera que ha sido de los mandos paramilitares, junto a Ever Veloza (alias HH), que más información ha aportado. La Fiscalía ha podido atribuir 5.400 hechos directivos al Bloque Élmer Cárdenas que él comandaba y recientemente se imputó a El Alemán y a otros 23 miembros del Bloque por 3.327 de esos hechos. En un confuso incidente, a finales de marzo de 2016, El Alemán terminó hospitalizado en estado de coma por un supuesto accidente en bicicleta ocurrido en Medellín. Nada se sabe desde entonces del que fue conocido como «el Führer de Urabá».
En la operación de Riosucio fue clave un ex guerrillero y responsable de milicias en ese municipio. Se trata de Julio César Arce, alias Alacrán o ZC, que además de servir de guía fue el que identificó y marcó a las primeras personas en ser desaparecidas o asesinadas. Después, él selección a otros 11 hombres que, según los testimonios de El Alemán, se presentaron en la XVII Brigada de Carepa y se pusieron a las órdenes del coronel Plazas Acevedo, quien se encargó de su transporte por aire hasta el río Salaquí donde hicieron de guías en la Operación Génesis. Se acogió a la Ley de Justicia y Paz.
William Manuel Soto Salcedo, alias Don Rafa, fue el comandante de La 70 y su experiencia como ex militar fue de mucha «utilidad» en la incursión en Riosucio. Se acogió al proceso de Justicia y Paz y cumplía condena en Itagüí. Otros de los ex militares reclutados por el grupo y que participó en la incursión fue Pablo José Montalvo Cuitiva, alias Alfa 11, quien fue el encargado de concentrar a los mercenarios en Santa María para preparar la incursión. También está en Justicia y Paz.
Estos y otros hombres del Bloque Élmer Cárdenas se han quejado en repetidas ocasiones de que sus versiones libres no han servido para nada a la hora de perseguir a funcionarios públicos, militares, comerciantes y empresarios implicados en sus operaciones. de hecho, en 2010, El Alemán, aseguraba: “Venimos desde hace tiempo señalando a terceros, hemos juramentado esas versiones, señalando a quienes han tenido responsabilidad, porque no yo pude haber actuado solo, pero eso no avanza”.
Los paraempresarios en la alianza
No hubo casualidades en la alianza que permitió la toma de territorios y municipios en el Bajo. A las dos patas armadas, Fuerzas Militares y paramilitares, hay que sumar la empresarial, que no parece haberse beneficiado de forma accidental sino que aparece en la planificación y desarrollo de estas estrategias. El patrón de conducta del que hablan los jueces era para disputar el control territorial a la guerrilla de las FARC-EP, que hasta ese 1996 eran el estado paralelo en el municipio de Riosucio, pero que también consolidó un gran negocio para los paramilitares y sus aliados. Por una parte, con el control de inmenso negocio maderero que, tradicionalmente, había sido la principal actividad económica del municipio (Maderas del Darién aparece en innumerables versiones libres y la Fiscalía ha recomendado que se investigue su participación en la expansión del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC). Después, con la expansión territorial y la implantación del proyecto de palma africana, que avanzó en las cuencas del Cacarica, del Jiguamiandó y del Curbaradó con la inestimable colaboración y financiación de organizaciones como la cooperación estadounidense para el desarrollo (UASID) o de entidades del Estado a través del programa “Alianzas productivas para la paz”.
El proyecto de palma de aceite, diseñado por Vicente Castaño, “había contado con el apoyo de los Ministerios de Desarrollo y Agricultura, del Banco Agrario, del Fondo de Fomento para el Sector Agropecuario Finagro, de la Gobernación de Antioquia y del Fondo de Inversiones para la Paz. La etapa inicial obtuvo un préstamo del Banco Agrario dentro del Programa de Oferta Agropecuaria (…) No obstante, el proyecto enfrentó el obstáculo nuevo que había derivado del proceso de titulación colectiva iniciado en 1996: los cultivos se encontraban dentro de Territorios Colectivos de Comunidades Negras, tierras inembargables, imprescriptibles e inalienables y solo podían ser dedicadas a usos forestales, en cabeza de dichas comunidades”, según explica la politóloga Paola García Reyes, de la Universidad del Norte, en su libro ‘Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano’. El problema de los territorios colectivos fue solucionado a punta de bala y motosierra.
De hecho, en 2004, funcionarios del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) visitaron las cuencas del Jiguamiandó y del Curvaradó y concluyeron que el 93% del área sembrada de palma se encontraba dentro de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras de esos Consejos Comunitarios. Además, detectaron que, en contra de la Ley 70, las empresas habían realizado 203 contratos de compraventa de mejoras por 14.801 hectáreas.
Paola García Reyes recuerda que: “El 18 de mayo de 2010, la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura contra los 23 empresarios vinculados por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión en áreas de especial importancia ecológica. Según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, las empresas [palmicultoras] ‘fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano’. Como resultado de las investigaciones, para julio de 2013 once personas habían sido condenadas o acusadas en proceso, 40 más estaban siendo investigadas, con el fin de establecer la responsabilidad de las empresas y de algunos funcionarios públicos”.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en uno de sus informes sobre el despojo de tierras, concluye que Vicente Castaño, alias El Profe, “cooptó la institucionalidad encargada de apoyar, autorizar y financiar este tipo de iniciativas [productivas]: Gobernación de Antioquia, Corpurabá, Codechocó, Finagro y Banco Agrario, e Incora, oficinas de notarías, catastro y registro (…)”. Para el CNMH el efecto directo de la operación Riosucio y de la Operación Génesis fue una “parainstitucionalidad militar” en el Bajo Atrato que, además fue financiada con fondos para la paz, como el dinero que llegó a la corporación ASOCOMÚN (asociación Comunitaria de Córdoba y Urabá), de Fredy Rendón, El Alemán (y manejada por su hermano Jairo, alias Carrancho), alimentada por instituciones públicas o por la mismísima USAID. La guerra paramilitar es indisoluble de la parapolítica y de la paraeconomía. No hubo nada casual. Veinte años después, con 13.000 peticiones de la Fiscalía de Justicia y Paz para que se investigue a empresarios y funcionarios, con relatos pormenorizados de cómo se orquestó el plan y cómo se realizó… no ha habido justicia.
La entrada paramilitar en el Bajo Atrato, antesala de la brutal guerra que ha convertido al Chocó en un departamento de víctimas (el 80% de su población aparece en el Registro Único de Víctimas), fue preparada de forma minuciosa en coordinación entre los paramilitares, el Ejército y la Policía Nacional. Nunca se produjo una disculpa del Estado. Hoy, al llegar al aeropuerto que da servicio a Urabá, en Carepa, sigue dando la bienvenida un inmenso cartel de la Brigada XVII y en la región todavía muchos recuerdan a Rito Alejo del Río -el oficial detrás de Génesis- con el sobrenombre que le puso el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: “El pacificador de Urabá”.
