Uribe y el ruido mediático
El ruido mediático y la amnesia. El expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe, sabe manejar bien las dos estrategias. En las últimas semanas –y en la últimas horas- la “rectificación” obligada por un tribunal de Bogotá sobre las acusaciones de “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina han aumentado los dos efectos: ruido mediático para no hablar de lo sustancial y amnesia sobre la realidad jurídica que rodea a Uribe. Ruido mediático en dos sentidos. Uno, por la rectificación a medias en la que, si bien el ex presidente dice cumplir con lo que ordenaba la justicia, se reafirma en sus críticas a Samper Ospina. “Hay escritos [de Samper Ospina] que afectan a una región al extender a sus habitantes los delitos que a mi me señala. Que de mi persona digan lo que quieran pero que respeten a Antioquia como he respetado y tratado con cariño a todas las regiones colombianas y a sus ciudadanos. Mis referencias han sido dirigidas no a un célebre humorista sino a un político enrabiado, que ha dedicado parte importante de sus escritos a difamar a mi familia y a mi persona, tema que dejo aparte, no obstante que para muchos carecemos de los derechos que protegen a los demás ciudadanos”. La justicia tendrá que estudiar si la “rectificación” rectifica algo.
Uribe, en su carta de “rectificación” hace referencia a sus “conciliaciones” con Holman Morris o con las Madres de Soacha cuyos hijos fueron ejecutados extrajudicialmente durante el mandato del antioqueño, pero no hace referencia a las denuncias por difamación presentadas por Claudia López o a escándalos como el que protagonizó al abandonar de forma airada el plenario del Congreso mientras tomaba la palabra Gloria Gaitán.
Por supuesto, y aquí entra la amnesia, Uribe no hace referencia a los 186 procesos penales que duermen en los anaqueles de la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entre ellos, varios por delitos de lesa humanidad. El ex presidente también aparece en 10 causas que están en su etapa preliminar en la Corte Suprema. Nada de esto avanza a la velocidad que se podría imaginar. De hecho, en unos días dejará su puesto definitivamente Rubén Darío Pinilla Cogollo, el magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que, desde 2013, intenta que la Comisión de Acusación permita que se investigue a Álvaro Uribe por su relación con el paramilitarismo en Antioquia. Pinilla, en una amarga carta de renuncia del 27 junio de este año, muestra su discrepancia con la Corte Suprema de Justicia cuando contradijo su decisión de excluir a siete paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. «…no puedo seguir ejerciendo mi cargo cuando no me identifico con unas decisiones que estoy llamado a aplicar como inferior funcional de la Corte, pero cada vez más alejadas de mis convicciones y mi visión del Juez”. El silencio de la Comisión de Acusaciones ante el caudal de pruebas contra Uribe también ha empujado al magistrado a renunciar tras 27 años de carrera. Si el magistrado Pinilla no ha tenido éxito a la hora de investigar a Uribe, tampoco parece que avance el otro frente jurídico que vincula al ex gobernador de Antioquia con la masacre de El Aro (Ituango, 1997). En febrero de 2015, el Tribunal Superior de Medellín solicitó a la Fiscalía que investigara a Uribe tras escuchar el testimonio de una superviviente sobre la presencia de un helicóptero de la Gobernación durante la matanza. Pocos meses después, en octubre, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema que investigara si Uribe, desde la Gobernación alentó o colaboró con los paramilitares en esa masacre en la que fueron asesinados 15 campesinos,.
El segundo sentido del ruido mediático es el que maneja con precisión científica el ex presidente desde su cuenta en Twitter. Allí nació el pleito con Samper Ospina y desde ahí es que contamina, tuerce la realidad o manipula Uribe a su antojo. La mentira sale barata en la política nacional. Un solo ejemplo de las últimas horas que no tiene que ver con difamaciones ni derechos humanos. Desde Barranquilla, donde el Centro Democrático celebra un foro sobre empleo, el senador difunde información falsa: el 85% de los empleos en Colombia lo genera el sector privado. En realidad, nada más lejos de la verdad. El último informe sobre empleo del DANE, de julio de 2017, confirma que el 43,3% de las personas que trabajan lo hacen por cuenta propia. Es decir, no tienen empleador, ni público ni privado. Un 4,4% trabaja gratis y un 3,2% está en el servicio doméstico. Es decir, la mitad de las personas que trabajan lo hacen en la precariedad y no le pueden dar las gracias a ningún sector (ni al público ni al privado).
También suele hacer afirmaciones sobre sí mismos que ignoran la historia. En Bucaramanga, hace apenas unos días, en otro foro de CD, aseguró: “Yo he sido escrupulosamente honrado en el manejo de los recursos del Estado y de mis negocios particulares”. El ex presidente olvidó nombrar los escándalos que rodean los negocios de sus hijos o cómo su hermano (Santiago Uribe) y su primo (Mario Uribe Escobar) están involucrados en turbios casos judiciales que mezclan paramilitarismo, negocios y votos. Cuando estalló el Caso Odebrecht, Uribe se aceleró a anunciar su renuncia –retórica- al fuero que lo protege como senador para desmarcarse de los altos cargos de sus gobiernos implicados en este caso. Y esa renuncia es retórica porque, como explicó el ex magistrado Jaime Arrubla a un medio nacional, “en principio, el fuero que tienen algunos funcionarios como presidente, magistrados, congresistas, etcétera. no es renunciable, es de interés general y no particular. No es un beneficio para el aforado exclusivamente, sino para el bien común de que pueda administrarse justicia, con plena garantía de imparcialidad e independencia no obstante la alta posición de la persona en la función estatal. Así las cosas no está en el resorte de aforado la disponibilidad de fuero, no es renunciable”.
Mientras la justicia y la Cámara de Representantes congelan la ruta judicial de Uribe, la opinión pública parece empezar a castigar al político invencible y en la última semana han aparecido dos encuestas en que, por primera vez, la imagen desfavorable del ex presidente supera en porcentaje a la favorable. Mientras se sigue esperando que el líder personalista del CD deshoje la margarita de su candidato para las presidenciales de 2018, también habrá que esperar si alguna de las peticiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue a Uribe prospera.
CENIC Internacional, una organización de la sociedad civil con base en Estados Unidos, incluyó a Álvaro Uribe en la Lista de Corruptos y Criminales de Lesa Humanidad y, tras consolidar el “prontuario” del ex presidente, solicitó públicamente a la CPI, “que proceda a abrir la investigación contra el ex Presidente de la República señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ como responsable de los delitos de concierto para cometer crímenes de lesa humanidad, tortura, persecución por motivos políticos y demás crímenes de lesa humanidad que se desprendan de esta denuncia y de las investigaciones correspondientes”. Además, CENIC pedía: “Desde ya solicitamos que la acusación contra el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez debe ser por delitos comunes (Crímenes de Lesa Humanidad); por tanto solicitamos inclusive al Senado de la República, dar aplicación al artículo 175 de Constitución Política de Colombia, numeral tercero; procediendo enviar la actuación a la Corte Suprema de Justicia. (…) Se garantice a las víctimas el acceso pleno a la investigación y se les revista de todas las garantías procesales y materiales”.
El CENIC ha recogido 13.077 firmas para solicitar a la CPI que juzgue a Uribe por crímenes de Lesa Humanidad.
