Contramemoria de las desapariciones forzadas

Los familiares de las personas desaparecidas han luchado por décadas contra el olvido, la estigmatización y la ausencia del estado. El informe Hasta Encontrarlos reconoce la ingente tarea realizada en medio del dolor y de las amenazas.

Las desapariciones forzadas pretenden entre otras cosas, callar, invisibilizar, ocultar injusticias y generar terror. Pero las organizaciones de familiares de víctimas no permiten que el objetivo del silencio triunfe. La memoria se mantiene, aunque en ocasiones con la opacidad característica que dejan las huellas del dolor sufrido por las familias de las víctimas de este flagelo. Estas son quienes sobretodo protagonizan las labores de denuncia, el grito de alerta a la sociedad y los intensos e interminables operativos de búsqueda. Son múltiples los esfuerzos para luchar contra la desesperanza, pero también son invaluables las enseñanzas que dejan a la sociedad colombiana, que tal vez no dimensiona en su totalidad el ejercicio de resistencia, los alcances de la labor de registro y preservación de la memoria, así como las luchas jurídicas contra el Estado que protagonizan quienes denuncian la ignominia de la desaparición forzada.

Las organizaciones se han preocupado, no sólo por buscar de manera imperiosa a sus seres queridos, sino de llenar el vacío que deja la poca producción de información y conocimiento que alrededor del fenómeno ha hecho la institucionalidad colombiana. Tal como se registra en Hasta Encontrarlos, la reciente publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH sobre desapariciones forzadas, “las víctimas promovieron dinámicas para vincular a profesionales de organizaciones y universidades a través de la realización de trabajos de grado, investigaciones y eventos académicos, varios de los cuales culminaron en los primeros textos que sobre este tema se publicaron en el país”.

Organizaciones como: ASFADDES (una de las pioneras), Familiares Colombia, Madres de La Candelaria Línea Fundadora, Fundación Nydia Érika Bautista, Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, AFUSODO, Colectivo de las Madres de Soacha, Mujeres caminando por la Verdad, AVIDES (Asociación de Víctimas de Desaparición de Nariño), Madres por la Vida de Buenaventura, Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), Asociación Regional de Víctimas de Santander, Asorvimm (Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio), Federación Nacional de Víctimas de las Farc, Comité Cívico del Meta, Organización Víctimas Chengue, Mesa de Víctimas de Putumayo, Fundación GUAGUA, Mujeres en Pie de Lucha, Colectivo 82, Familiares del Palacio de Justicia, Mujeres víctimas construyendo paz, entre muchas otras, constituyen un entramado de resistencias que no solo registra, documenta y busca, sino también deja huellas pedagógicas contra el olvido. «Recordar es también una tarea de pedagogía social, pues sus historias y experiencias son puestas al servicio de la sociedad para que puedan generar conciencia, solidaridad y dejar un legado sobre una realidad que el país no debe ignorar». La caracterización, el estudio y comprensión de las dinámicas que generan y reproducen la desaparición forzada, hablan de una rutina que no reproduce la revictimización, sino que intenta mantener el compromiso de buscar la verdad para provocar el posible destierro de la impunidad.

Así fue el caso de Fabiola Lalinde la intrépida madre que denunció a las fuerzas militares del Estado colombiano por la desaparición en 1984 de su hijo Luis Fernando Lalinde, quien fue integrante de la Juventud Comunista. La memoria recolectada durante la «Operación Sirirí» como Fabiola bautizó a su incansable búsqueda, permitió no sólo que Fabiola le ganará la batalla jurídica al Estado colombiano, sino también que su ejercicio de registro fuera reconocido por la UNESCO como parte de la memoria del mundo, al ser introducido en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo. Así mismo, los múltiples monumentos que las organizaciones han construido, como la pintura de piedras en colores que llevan los nombres de las víctimas de la vereda La Esperanza (Antioquia) o la colcha de retazos de tela en Pueblo Bello, corregimiento del municipio de Turbo en el Urabá, que plasma también los nombres de personas desaparecidas y asesinadas entre 1990 y 2005.

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Acciones y movilizaciones para no olvidar

El informe del CNMH destaca dos niveles de acción que caracteriza a las organizaciones de familiares de víctimas, el primero se refiere a todas las concernientes a la defensa de los derechos humanos, la formación sobre la desaparición forzada, las relacionadas con el apoyo económico y los procesos de acompañamiento psicosocial y jurídico, todas estas acciones dan muestra de una importante red de apoyo, pero también de que las organizaciones tienen «formas en que han suplido la ausencia del Estado«. Mientras que en el otro nivel se encuentran las actividades que se realizan para hablarle de frente a la sociedad, con diversas formas de ocupar el espacio público como los plantones, marchas y galerías de la memoria.

También se valen de recursos en donde se apela al uso de las artes como el teatro, tal es el caso de la obra de teatro Las Costureras, diseñada e interpretada por mujeres que hacen parte de la Asociación Caminos de la Esperanza Madres de La Candelaria. En el 2010 el Colectivo Madres de Soacha, articuladas con la Corporación Colombiana de Teatro, realizaron un performance que se enfatiza en visibilizar y denunciar la impunidad que presentan los casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

De este abanico de resistencia, también se encuentran exposiciones fotográficas como “Prohibido olvidar a los desaparecidos” realizada por la Fundación Nydia Erika Bautista-FNEB que documenta «los rostros de las madres, de los padres, de las esposas, de las hijas, de las hermanas, pues somos en su mayoría mujeres, los familiares de los desaparecidos que buscamos a nuestros seres queridos; pero también personas de la tercera edad», expone una de sus integrantes en el informe del CNMH. La pintura y el dibujo al igual que algunas piezas comunicativas con campañas mediáticas y vídeos que circulan en las redes virtuales, hacen parte de las diversas manifestaciones artísticas creadas por los familiares de las víctimas como estrategias para movilizar las conciencias de la sociedad. «Así, a pesar de no tener cercanía al ámbito artístico, familiares de víctimas de desaparición forzada se han convertido, en el desarrollo de su lucha, en actores y actrices, compositores, cantantes, pintores y creadores de nuevos mecanismos para contar sus historias y erigir sus exigencias».

Todas estas acciones también se han valido de espacios de formación, denuncia y acción comunitaria, con destellos de creación se aborda a la sociedad para no dejar que la memoria sea pisoteada por la impunidad, es así como por ejemplo el Colectivo de las Madres de Soacha quienes tienen hijos víctimas de desapariciones forzadas y de «falsos positivos» -aunque muchos de sus casos todavía están en vilo jurídico- se dedicaron a recorrer los colegios de su municipio para contar su historia, también como estrategia para prevenir a jóvenes estudiantes y evitar que los engaños de los reclutadores les sedujeran. Ellas visibilizaron los asesinatos cometidos a jóvenes en los barrios de Soacha y otras violaciones de Derechos Humanos cometidas en ese municipio.

También están los espacios de producción de conocimiento y publicación de estudios e investigaciones, tales como el realizado por la FNEB que registró el caso de 39 mujeres víctimas de desaparición forzada en su publicación del año pasado «Desapariciones forzadas de mujeres en Colombia. Un estudio de caso del conflicto armado: 1985 – 2015». La FNEB cuenta también con otras publicaciones hechas luego del acompañamiento hecho a comunidades étnicas del Cauca y Putumayo. El CNMH detalla la labor de otras organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, el Centro de investigación y educación popular (Cinep), Asfaddes y la Corporación de Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de la Violencia Política (Avre), entre otras, que también han publicado informes, estudios e investigaciones relacionadas con las desapariciones forzadas.

Así mismo, el campo de articulación internacional hace parte de los esfuerzos que emprenden estas organizaciones. La solidaridad y acompañamiento de otras víctimas en otros lugares del mundo ha llevado a que organizaciones como Asfaddes en la década de los ochenta del siglo pasado a participar en cursos dictados por la CIDH, OEA y ONU, pero también a movilizarse hacia Argentina en donde compartieron experiencias con familiares de víctimas de desaparición forzada.

Sanar y resistir a la vez

El trabajo de estas organizaciones se enfrenta al menoscabo de la vida familiar, las alteraciones y daños que produce la violencia de las desapariciones forzadas, la incertidumbre que parece infinita en los procesos jurídicos, la zozobra de tener que exhumar y luego identificar (a veces por partes) a las víctimas. En algunas oportunidades, hay desconsuelo por encontrar solo restos de los cuerpos de seres queridos, la interminable lucha contra la impunidad, y muchas veces pasar por miles de procesos de reconocimiento sin llegar a encontrar a la persona esperada. Todas estas afectaciones son parte de los aspectos que tendrían que ser reparados (aunque algunos sean irreparables) en algún momento. Pero mientras llega un posible -aunque parsimonioso- reconocimiento y despliegue de atenciones que el Estado debe brindar a estas familias, las organizaciones se han ocupado de su propia sanación en medio de la resistencia. Como lo constata el informe del CNMH, “a las víctimas organizadas se les deben no solo los desarrollos legislativos con que cuenta hoy el país, sino su constitución en red de apoyo, de soporte atento y solidario para aliviar el dolor”.

Y es que tratar los daños ocasionados por las desapariciones forzadas conlleva a una serie de complejidades, pues son muy variadas las particularidades de cada momento del proceso posterior al hecho victimizante, «bien sea durante la búsqueda inmediata, en la exhumación o en la identificación y dependiendo del contexto cultural, social y político en el cual se da el delito». En su informe, el CNMH insiste en que a la hora de evaluar el daño, se hace necesario tener en cuenta el rol y el papel afectivo que desempeñaba la víctima dentro de cada familia, sin dejar a un lado la profundización sobre los posibles impactos que se generan en las comunidades y el tejido social del que hacían parte las víctimas.

Superar la estigmatización es otra tarea titánica. Los grupos armados se encargan de justificar las desapariciones a través de señalamientos utilizando frases silenciadoras y cobardes como “por algo les pasó lo que les pasó”, que se escucha sin mediación en gran parte de la geografía colombiana hostigada por el conflicto armado. «Los actores armados han usado distintos argumentos para justificar la violencia, los cuales muchas veces han sido apropiados por la sociedad», señala el CNMH, que a su vez recalca la función de la verdad develada, para hacerle frente a la estigmatización de las víctimas, sus familiares y las comunidades que integraban.

Por ello, las organizaciones también gestionan acciones cargadas de simbolismos para que los nombres y la dignidad de las víctimas sean respetadas. «La reivindicación del ser querido y su historia de vida cobran sentido en la lucha, no solo se trata de un recuerdo sobre la tragedia y el dolor, también es una conmemoración a la vida y la ratificación de la dignidad de quienes han sido victimizados». Así pasó con el caso de María Cristina Cobo Mahecha, quien fue desaparecida en el 2004 y estigmatizada por tener supuestos vínculos con la guerrilla en el departamento del Guaviare. Su madre, Paulina Mahecha, insistió ante las autoridades del municipio y por las facultades que le da la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, apelando a una acción de reparación simbólica para homenajear y dignificar la memoria de su hija, y logró la asignación de su nombre al centro de salud de Calamar en el municipio de Guaviare, acto que finalmente se realizó el 12 de marzo de 2013.

Así el informe Hasta Encontrarlos registra que los procesos para la construcción de paz en el país contienen también las luchas de familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada que siguen trabajando en el país, en un ejercicio que habla de las resistencias y de la valerosa capacidad de luchar contra el oprobio que puede generar no sólo la impunidad, sino también el olvido. «Las labores de las organizaciones de víctimas, llevadas a cabo por décadas, se mantienen en un contexto en que el conflicto armado sigue vigente, por lo que denunciar y confrontar a los actores armados supone riesgos y amenazas contra quienes desarrollan la lucha por la verdad y la justicia».