¿A quién le importa que te maten?

La tormenta sólo es mediática. En 48 horas cinco atentados, tres muertos, comunidades atemorizadas, sensación de que la historia se repite. El remezón es en las organizaciones -y entre las gentes- que ya están sensibilizadas. El país sigue su curso.

El Senado, destinado a salvar la patria, asciende a los patriotas que mataron a muchachos y los disfrazaron de guerrilleros para convencernos –y parece que les fue bien- de que esta guerra se estaba ganando. Un expresidente tan inmamable y dañino como Uribe puede hacer apología de delincuentes con condena firme (como los otrora comandantes Vegas Plaza o Mejía) en la sede del Senado e insinuar de forma tosca que la Fiscalía General de la República “forzó” el caso de las ejecuciones extrajudiciales en los batallones de los héroes de la patria y su vergonzoso discurso se transmite por el Canal Institucional sin que haya consecuencias jurídicas ni políticas. Los entierros de los líderes campesinos se producen al tiempo que el Centro de Nacional de Memoria Histórica (institución del Estado) nos dice que en este país han desaparecido de forma forzada a al menos 60.000 personas (probablemente, como reconoce una de las relatoras de Hasta Encontrarlos la cifra es el doble) y que, como mínimo, el 8% de estos brutales desvanecimientos es atribuible a agentes del Estado y que algo más del 50% son obra y gracia de los paramilitares (habitualmente aliados con agentes del Estado). No hay consecuencias. Nunca hay consecuencias.

El presidente de la República anda indignado con el asesinato de líderes sociales. O eso dice. Por ello, de forma enérgica, reúne a su gente y deciden lo que siempre deciden: investigar (para que no ocurra nada) y celebrar decenas de consejos de seguridad en los lugares calientes para que, quizá, como ocurrió en Policarpa (Nariño) el pasado domingo, de ese consejo de seguridad salga un comunicado en el que se criminaliza a la víctima (Rodrigo Cabrera) y se extendía un manto de sospechas para dejar su asesinato en el terreno del “ajuste de cuentas”. En Colombia los líderes sociales parecen tener muchas cuentas pendientes y muchos enredos amorosos porque siempre los matan, según los consejos de seguridad, por alguna de esas razones.

Prometer investigaciones en Colombia, presidente Santos, es prometer la nada. Su propio Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoce que la impunidad ronda el 99% en el país. Los 3,5 millones de delitos cometidos al año sólo conducen a unas 51.000 sentencias judiciales y si tenemos en cuenta que, según la fiscalía, sólo se denuncian el 24% de los delitos, lo de investigar, así en genérico, suena a chiste. Seamos optimistas, el Índice Global de Impunidad rebaja la percepción del fiscal general y dice que la impunidad en el país “sólo” es del 75,6% y que hay dos países en el planeta que están aún peor que nosotros (aunque por décimas): México y Filipinas.

Si avanza el proceso para poner fin al conflicto entre el Estado y las FARC –uno de los conflictos que atraviesa a un país con 3.815 estructuras criminales identificadas por los investigadores-, la verdad no será suficiente: la justicia deberá comenzar a existir, de algún modo. Pero corremos el riesgo de que el acuerdo que se firma este jueves por segunda vez (y no sabemos si definitiva) genere tantas expectativas que la decepción sea monumental. No hay que esperar a este acuerdo para que las leyes se cumplan o se hagan cumplir. No creo que haya en Latinoamérica –gracias a ese síndrome del “santandereanismo”- país con un marco legal más completo y complejo. Y más incumplido. El acuerdo de La Habana, excepto lo que tiene que ver con la desmovilización y la justicia transicional- es como un sancocho de la Constitución Política y un coctel de leyes en vigor. Ha sido necesario volver a escribir lo que ya está escrito para ver si ocurre algo. Para ver si hay consecuencias.

Tenemos una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas pero necesitamos una nueva Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (porque la primera no funciona); legalmente, tenemos igualdad entre hombres y mujeres, pero ha sido necesario recordar que debería ser realidad; tenemos libertad de culto pero se vuelve a prometer la libertad de culto; tenemos el segundo ejército más grande de Latinoamérica pero hay que crear unidades de élite para perseguir a los paramilitares que, según una extraña ordenanza del Ministerio de Defensa de hace unos meses, ya estamos persiguiendo; vivimos un proceso más que imperfecto de justicia transicional con los paramilitares y no sé si habrá que presentar otra vez sus declaraciones para perseguir con contundencia a agentes del estado, empresarios y políticos que aparecen con lujo de detalle en sus relatos como victimarios o cómplices de estos…

Los consejos de seguridad que le daría al Gobierno, para comenzar, pasan porque comience a construir un estado eficiente, sin duplicidades, con menos burocracia paralizadora y más espíritu de servicio al común, con una carrera administrativa que garantice continuidad en las políticas públicas, con control sobre el territorio y sobre lo que en él acontece… Los consejos de seguridad que necesita este país no tiene que ver con la guerra contra 6 o 7 mil hombres y mujeres de las FARC, sino con la profunda penetración de una lógica criminal en el propio estado –el ethos mafioso del que habla Germán Ayala Osorio-. Si no se desmonta la mafiocracia para comenzar algo parecido a la democracia, seguiremos viviendo en la ficción de una paz accesible sólo a esas clases medias y altas a las que asuntos como la libertad de expresión, de organización o de protesta no les quitan el sueño mientras a final de mes haya plata suficiente para ir de excursión al centro comercial (donde, según Bauman, “terminan todas las ideas de felicidad”) y mientras su nombre no figure en las listas de morosos y eso les permita seguir meciéndose en sus tarjetas de crédito.

La tormenta, el dolor por los asesinatos, por las desapariciones, por las amenazas, es mediática. No habrá huracán que nos saque de esta extraña zona de confort basada en ignorar y negar la evidencia. Habrá que confiar en la grandeza de algunos personajes y en la resistencia heroica (y a veces martirizante) de los movimientos campesinos, indígenas, estudiantiles, ambientales o de mujeres que siguen peleando porque esta sociedad pueda sanar las profundas heridas no de la guerra sino de la exclusión y el exterminio sistemáticos.

• Periodista y ensayista. Coordinador de Colombia Plural y de la Escuela de Comunicación Alternativa (ECA) de Uniclaretiana.