Cepeda denuncia ante la Fiscalía al alcalde de San Vicente del Caguán
Los senadores Iván Cepeda y Alirio Uribe han presentado una “denuncia penal y una queja disciplinaria” contra el alcalde de Aan Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, a quien responsabilizan de haber “instigado”, con sus declaraciones públicas, “la acción criminal contra los líderes de paz campesinos”. La iniciativa, que también firma el abogado Camilo Ernesto Fagua Castellanos, de la Fundación DHOC, también ha sido remitida a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie una investigación disciplinaria.
Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán
Cepeda ha hablado esta tarde ante el Senado de los asesinatos “de suma gravedad” en los que han perdido la vida decenas de líderes y lideresas – 70 en lo que va de año- y que, a su juicio, por su forma y motivos, reflejan que “podríamos estar asistiendo a un nuevo período de genocidio por razones políticas”. Sus intervención ha sido muy dura no solo con la situación sino con quienes a su juicio alientan la estigmatización de estos defensores sociales, es decir “los enemigos de la paz” que buscan “impedir a toda costa la terminación del conflicto armado y enviar un mensaje a quienes dejarán las armas de que no existen garantías ni seguridad para sus vidas”.
La denuncia y la advertencia de hoy de Cepeda no es nueva. Marcha Patriótica lleva meses haciéndola y este lunes la plasmó en una nueva queja ante la fiscalía, y como ellos otros movimiento sociales de base y defensores de derechos humanos. “El campanazo es que no habrá bienvenida a la vida política sin armas, sino, por el contrario, que se intentará repetir el baño de sangre que ha padecido la Unión Patriótica”, advirtió el senador.
Y entre esos que no quieren la paz y quieren crear un clima que la torpedee, Cepeda puso el caso del alcalde de San Vicente del Caguán y su relación con la muerte de dos líderes campesinos del municipio: Erley Monroy y Didier Losada Barreto. Primero se refirió a las declaraciones de Carlos Vargas Serna, presidente de Ascal-G, una organización campesina que recoge 68 juntas de acción comunal, en las que aseguraba que Humberto Sánchez les ha acusado de ser colaboradores de la guerrilla poniéndoles en riesgo a ellos y sus familias. Y a ello suma unas declaraciones del alcalde en la página de Facebook de la Alcaldía en las que dice: “Por el sector de San Juan de Lozada hay una ONG que se llama Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, que de una u otra manera quiere usurpar el espacio que deja la guerrilla en cuanto a la extorsión”.
“Las afirmaciones de este servidor público han instigado la acción criminal contra los líderes de paz campesinos”, afirmó el senador, quien lamentó que este comportamiento no sea nuevo. “Es la línea política del líder del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe, a quien le hemos hemos escuchado por años toda clase de justificaciones desvergonzadas del genocidio contra la UP y señalar a líderes populares y a defensores de derechos humanos como ‘terroristas’ y ‘guerrilleros’”.
Como ejemplo, recordó cuando Uribe señaló como guerrilleros a los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tras la masacre de 2005 o cuando dijo que los jóvenes desaparecidos en Soacha, casos clave de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, “no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales”. O el mes pasado, en Madrid, cuando apuntó que en el asesinato de la UP “intervino las mismas FARC. Ellos (las FARC) provocaron reacciones criminales por su combinación de formas de lucha, ellos mismos asesinaron a muchas personas de su organización porque el asesinato es su forma de hacer política”.
Entre el 8 de septiembre de 2011 y el 19 de noviembre de 2016, 124 miembros de Marcha Patriótica han sido asesinados, recordó el senador, y en lo que va de año 70 integrantes de movimientos sociales y comunitarios han sido asesinados, 279 amenazados y 28 han sufrido atentados.
“Ha llegado la hora de que el país conozca la verdad sobre quiénes realmente quieren la paz y quiénes están del lado de la continuidad de la guerra, se oponen tercamente a los acuerdos, y justifican el genocidio político en forma cínica contra todo sentido de honor a la verdad y respeto a las víctimas”, ha indicado Cepeza, quien ha recordado que “cualquier forma de apología, justificación, o instigación al genocidio es un acto de complicidad abierta con la perpetración de un exterminio”.
Para el congresista, las declaraciones del alcalde Sánchez podrían tipificar los delitos de instigación a delinquir y de injuria contra los campesinos que hacen parte de la mencionada asociación comunitaria
