Masacre en el río Mira: ¿9 campesinos asesinados por FFMM?

La Asociación de Juntas de Acción Comunal del río Mira Nulpe y Mataje (Asominuma) han denunciado la acción unilateral e injustificada de miembros de la Fuerza Público que ayer jueves terminó con la masacre de 9 campesinos. Otros 18 resultaron heridos. Los hechos ocurrieron en la vereda Puerto Rico, Zona del Alto Mira, en el municipio de Tumaco (Nariño). “Después de varios días de resistencia de parte de las comunidades campesinas, los ánimos se ven caldeados debido a la provocación suscitada entre miembros de la Fuerza Pública y la población civil que finalmente desencadena disparos de fuego por parte de los uniformados con los resultados funestos para las comunidades de Alto Mira y Frontera”, denuncia Asominuna en un comunicado. La organización asegura que, aunque el Ejército y la Policía tratan de justificarte con la supuesta explosión de cinco cilindros bomba, “no existe la mínima evidencia” de esas explosiones y denuncia que, de hecho, “ninguno de los uniformados ha resultado herido ni con esquirlas ni con disparos de fusil o ametralladora que dicen haber accionado en su contra”.

La información sobre lo ocurrido es confusa. Desde el número de víctimas mortales (que algunas fuentes ahora sitúan entre 5 y 8, otras, desde el territorio, hablan de 12) hasta la autoría o las circunstancias. La Comisión Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) ha informado a TeleSur que la Fiscalía ha confirmado que entre los muertos hay varios menores de edad y algunos presentaban “tiros en la cabeza”. La Defensoría del Pueblo anunció el viernes que una comisión especial, con el vicedefensor (Jorge Calvo) a la cabeza, se dirigía a la zona del Alto Mira para hablar con los campesinos y evaluar la situación. «A partir de la valoración del informe de la misión de la Entidad, el Defensor del Pueblo pedirá una mesa interinstitucional con el Fiscal General de la Nación y el Procurador General para esclarecer estos hechos», se anunciaba en una nota de prensa de la institución. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos también se pronunció ayer, aunque insistía en la confusión sobre lo ocurrido, explicaba, después de meses de presencia en la zona, que «el análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil».

Los campesinos llevan días tratando de evitar la entrada de la Fuerza Pública ala zona, donde pretendían hacer erradicación forzosa de cultivos para uso ilícito. Desde la institución militar se atribuyen los hechos a un frente disidente de la desarmada guerrilla de las FARC, pero las organizaciones insisten en que en la zona sólo estaban presentes unos 500 efectivos de la Fuerza de Tarea Pegaso, al mando del general Sergio Alberto Tafur. El comunicado del Ejército confirma los choques de este jueves 5 de octubre, sobre las 10 a.m., pero indica que “las indagaciones preliminares señalan que al parecer alias ‘Guacho’ y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las FARC, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

Las comunidades, que mantienen una resistencia activa contra la erradicación forzosa, han pedido acompañamiento internacional para verificar los hechos y evitar que se siga hostigando a los campesinos.

En un comunicado, la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, reconoce la presencia de grupos armados en la zona pero exige que “la presencia del estado no sólo puede ser vista desde la militarización de los territorios, debe ser vista en el marco de la presencia inter-institucional brindando las garantías para el desarrollo propio y el buen vivir de las comunidades, fomentando proyectos integrales productivos los cuales apuesten a una sostenibilidad económica y una vida digna”. La Junta asegura que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos va a ritmo “paquidérmico” y que, sin embargo, la erradicación forzosa se está potenciando en Nariño por parte del Gobierno. Así las cosas y, “es pesar de nuestras súplicas y exigencias que como junta de gobierno habíamos formulado ante las diferentes autoridades civiles y militares, para evitar las situación que se presenta en la actualidad, estamos ad portas de una verdadera tragedia que puede ocasionar más derrame de sangre y dolor entre nuestros hermanos”. Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicaba ayer que «los campesinos, afrocolombianos e indígenas como los que se encuentran atrapados en el Alto Mira y Frontera, como los que murieron ayer [por el jueves], y que luchan por sobrevivir,  quieren sustituir cultivos pero necesitan una oportunidad. Esa oportunidad la pueden dar el Estado, los gobiernos locales, los empresarios y los consumidores que con sus decisiones pueden cambiar las dinámicas ilícitas y permitir a estas personas ser incluidas en la economía, en la política, en la salud y en todas las garantías de derechos a las que merecen aspirar, en particular a no vivir la repetición de la violencia en su contra”.

El Consejo Comunitario informaba ayer que la mayoría de las víctimas de la masacre no pertenecen a sus comunidades, sino que venían de las veredas Coco, Casas Viejas y el Azúcar.

Este viernes el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, realizaba un plantón frente a la Casa de Nariño, en Bogotá, y pedía con urgencia una misión de verificación que aclare lo ocurrido en la vereda Puerto Rico. “Esta es una tragedia prácticamente anunciada. Desde hace meses las organizaciones sociales venían denunciando el uso desproporcionado de la fuerza de los militares y el ESMAD a fin de erradicar los cultivos de uso ilícito”, aseguró Erika Gómez, integrante del Movice.