La Mesa de Quito considera prioritario el acuerdo humanitario en el Chocó

Ha costado mucho. Tras el fin del cese al fuego bilateral, temporal y nacional, el pasado 9 de enero, nada parecía ir bien. Operaciones militares en los territorios donde había operado el cese, respuestas armadas del ELN, declaraciones tensando la cuerda, desconfianza, un clima mediático contaminado por el polarizado ambiente electoral…

Este 15 de marzo, sin embargo, se ha retomado el esfuerzo para avanzar hacia un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lo había anunciado el presidente, Juan Manuel Santos, en pleno guayabo de los comicios del 11 de marzo, y así fue como Gustavo Bell se pudo estrenar en la conocida como Mesa de Quito como jefe de la delegación del Gobierno.

Tras el primer encuentro con la delegación guerrillera, ambas partes sacaron un breve comunicado público en el que fijan sus prioridades para este ciclo, que se extenderá durante 9 semanas, hasta el 18 de mayo. Y en esa agenda figuran, básicamente, tres grandes temas: la participación de la sociedad en la construcción de paz, la evaluación del cese al fuego para poder alcanzar uno nuevo que genere menos desconfianzas en las partes, y propiciar un acuerdo humanitario en el Chocó, una de las zonas donde el conflicto armado aún vigente está más degradado.

La sociedad del Chocó ha trabajado intensamente para empujar ese acuerdo humanitario en el departamento. “Volvemos a lo que tuvimos que hacer durante la guerra: ser nosotros, la sociedad, los que resolvamos lo que el Estado no logra”, explica a Colombia Plural un líder desde Quibdó. Fue allá, en la capital chocoana, donde se presentó la propuesta “Acuerdo Humanitario Ya” el pasado 18 de agosto de 2017, aunque se venía trabajando desde abril de ese mismo año por decenas de organizaciones étnico territoriales, de mujeres y de derechos humanos del Chocó. La propuesta, presentada en la Mesa de Quito el 22 de agosto de 2017 y defendida en la capital ecuatoriana por una delegación civil chocoana el 4 de septiembre, incluye “exigencias humanitarias de la sociedad civil como son el cese al fuego bilateral, el desmonte de estructural de los grupos armados ilegales, el respeto a la autonomía territorial, al derecho propio de las comunidades y a los lugares sagrados; desminado; la permanencia de ambas partes en la mesa de negociación hasta lograr una solución política al conflicto, no militar; la terminación del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el fin de la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBI; el cese de los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, los confinamientos o la restricción de la libre movilidad, y el cese de siembra de cultivos de uso ilícito y prácticas de minería”.

Ahora, las partes en la Mesa deberán articular herramientas para que este acuerdo humanitario pueda convertirse en realidad y aliviar la situación de la población civil, especialmente en el río San Juan y en el Bajo y Medio Atrato.

La opinión pública, sin embargo, pedirá cuentas sobre el cese al fuego, el punto de fricción más fuerte en lo mediático y cuyo desarrollo de tres meses fue una experiencia esperanzadora pero cuestionada por parte y parte. De hecho, la definición de ese cese, la claridad en los protocolos y el papel de la misión verificadora consumirán parte importante de las discusiones. Además, el ELN empujará con fuerza el tema medular de la negociación para la guerrilla: la participación de la sociedad en la construcción de paz. Tras las audiencias preliminares hechas en noviembre con voceros de decenas de organizaciones, la Mesa de Quito cuenta ahora con unos aportes valiosos para articular los mecanismos de participación reales de la sociedad en este proceso.