Exterminio de indios: guahibiada e indiofagia

Matar indios ha sido la constante en este continente que dejó calar en su conciencia colonialista aquellos calificativos de “naturales sin alma”, es decir, homologados (los indios) a otras especies no humanas que, vistas desde la predominante visión antropocentrista, se pueden manipular y destruir.

En Colombia, muy avanzado el siglo XX, en el año 1967, era permitido, y en ocasiones promovido, ir de cacería de indios, lo que se conoció en esa época con el verbo ‘guahibiar‘,  acción de asesinar a los indígenas de los llanos orientales denominados genéricamente como ‘guahibos’. En pleno despunte de los años 70 del siglo XX, un juez de la República absolvió a uno de esos cazadores de indios en Arauca, con el argumento expresado por  el asesino de “no saber que matar indios fuera un delito”.

Largo y tortuoso camino han recorrido los pueblos indígenas de Colombia, no únicamente durante la colonia europea sino en el período republicano, para afrontar los diversos ataques a su integridad cultural mediante la negación de sus identidades a través de proyectos educativos y misioneros, así como a la constante agresión física. En estos cinco siglos de relación con la expansión civilizatoria occidental sobre sus territorios, se ha prolongado el genocidio original de la conquista y el etnocidio sostenido del avasallamiento del capital vestido de finqueros, terratenientes, esmeralderos, mineros de oro y de carbón, petroleros y la reciente invasión de narcotraficantes.

La resistencia indígena ha caminado y navegado en paralelo a este atropello de diversas maneras, bien sea haciendo uso de las instituciones coloniales y republicanas para obtener un fuero que reconozca sus derechos, que desde 1991 alcanzó un rango constitucional, como con acciones de autoprotección como la Guardia Indígena, que emergió en las últimas décadas. La Guardia es una expresión del ejercicio del derecho de Autodeterminación  y una respuesta civil a los diversos ejércitos de ocupación de sus territorios, ya sean legales, paralegales o ilegales. También es una manifestación del control del territorio ante la penetración de proyectos y megaproyectos que no cuentan con su consentimiento libre e informado. Tuvo su origen en el departamento del Cauca, al día de hoy está presente en el conjunto del territorio nacional.

Sin embargo, a pesar del enorme articulado normativo de carácter constitucional y legal, que incluye los pactos internacionales suscritos por el Estado de Colombia, así como los centenares de pactos o acuerdos firmados entre los  pueblos indígenas y ese mismo Estado, la inmensa mayoría incumplidos, el país padece una auténtica esquizofrenia, doble moral basada en el adagio popular religioso de “el que peca y reza empata”, o como lo expresaron al final de los años 90 los paramilitares en las paredes de las casas sobre el río Atrato: “Mata que Dios perdona”. 

Esta  bipolaridad ética se refleja, entre tantas cosas, en la regla inversa sobre los pueblos indígenas, según la cual “a mayor reconocimiento de Derechos mayor atropellos”, al punto tal que, acudimos, con la indiferencia de la mayoría de los colombianos a la matanza de indios en todo el territorio, de manera particular en el departamento del Cauca, como lo vivimos en la última semana de octubre pasado. Esta situación se ha intensificado con el actual gobierno, según lo registra la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC.

Es preciso recordar que el Presidente, pese a todo el despliegue de seguridad propio de los mandatarios, manifestó sentir temor por su seguridad personal para hablar en plaza pública con los indígenas en el Cauca durante la minga del primer semestre del 2019, no es claro si como una estrategia de estigmatización hacia los indígenas, o una constatación implícita de que el Estado en el territorio del Cauca ha sido ausente.

Con esta indiferencia y apatía, además de las no pocas justificaciones de estos atropellos que se expresan en la redes sociales, somos una sociedad que reedita una vez más las ‘guahibiadas’,  o más directamente somos ‘indiófagos’, pues hacemos muy poco o nada  ante este genocidio  con  plena impunidad, en un territorio, como en el norte del Cauca, de alta conflictividad por la propiedad y uso de la tierra, donde están instaladas varias bases militares y la institucionalidad no responde por este genocidio.

Estamos convocados a superar esa doble moral, a fortalecer una ética indivisible que asume el respeto del ser humano en sus múltiples expresiones étnicas y de género, que sienta el dolor de cada persona como el propio, para que nos indignemos ante este genocidio de indígenas y cualquier otra expresión de violación de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

**Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico.