Buenaventura marcha por su dignidad y desconfía de los planes del Estado
El pasado 9 de febrero, Simón Gaviria Muñoz, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), llegó a Buenaventura a prometer una “nueva ciudad”. Así es el título genérico del plan que, según el DNP “busca transformar territorios y generar nuevos entornos que faciliten la inversión en el país”. Buenaventura, junto a Tumaco (Nariño) y Necoclí (Urabá antioqueño), será la primera “nueva ciudad” del país.
“Hoy nos hablan de una nueva ciudad y nos preguntamos… ¿cuál va a ser el futuro de la vieja ciudad?”. El autodenominado Comité en Marcha para Vivir con Dignidad de Buenaventura no confía en un Estado que ha decepcionado a los bonaverenses demasiadas veces. Por eso, en su último manifiesto se hacían esta pregunta y recordaban que tres años después del histórico paro cívico de 2014, las promesas del Gobierno o no se han ejecutado o se han hecho de forma parcial.
Esa es la razón por la que este domingo 19 de febrero cientos de porteños han salido a las calles en una jornada reivindicativa que promete ir redoblando el pulso al Estado si no cumple con sus viejas promesas en servicios básicos y si el maná de inversiones que anunció Simón Gaviria no apuntan a “un desarrollo incluyente, que respete las tradiciones, las formas de relacionamiento propias de la cultura, una economía solidaria, una educación y salud con enfoque diferencial y el goce efectivo de los derechos”.
El Gobierno, a través de la DNP, reconoce que Buenaventura, a pesar de haber movido en 2016 más de 15 millones de toneladas de carga, tiene una brecha social abismal: “el 64 por ciento de su población se considera pobre, el 9,1 por ciento está en la miseria y el desempleo afecta al 62%. Además, la ciudad apenas tiene una cobertura de acueducto del 76% y de 60% en alcantarillado, la cobertura en educación media es del 22% y la tasa de mortalidad infantil es de 27,6 por cada mil nacidos vivos [cuando la media de Colombia es de 10,5]”.
Gaviria Muñoz, sin embargo, se centró en su visita a Buenaventura, en el impacto para las empresas de esta “enorme inversión”. Según el director del DNP la mejora de la infraestructura será “revolucionaria y debe servir para reducir los costos logísticos de las empresas, que ascienden a 15 pesos por cada 100 pesos de venta”.
Se calcula que el Estado invertirá unos 200.000 millones de pesos para crear el CAEB (Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura), que conlleva la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (con la incorporación de algo más de 16,000 hectáreas) y del catastro, o la eterna promesa de infraestructuras básicas como el acueducto, saneamiento o vías.
El DNP promete la generación de 60.000 empleos en los próximos 20 años pero no recuerda que el desempleo en Buenaventura está en el 41% y eso se traduce en 257.000 personas en busca de oportunidades, según un detallado informe de la Cámara de Comercio de 2014. Ese informe socioeconómico también denuncia que el 54% de las viviendas de la ciudad tienen graves carencias para una vida digna y el Instituto de Medicina Legal, en un informe de 2015 sobre violencia en Buenaventura concluía que hay una pérdida de gobernabilidad del Estado y de control territorial en la ciudad que hace que, además, muchas de las inversiones se pierdan o tengan un bajo impacto social.
Esta abrumadora realidad hace que para el Comité este plan de “nuevas ciudades” puede ser un canto de sirenas y denuncian que este interés “mundial” para convertir a Buenaventura en la puerta de entrada y de salida de Colombia por el Pacífico no sólo ha traído “grandes obras de infraestructura” y a empresarios que “bajo el pretexto del desarrollo quieren desarraigar a los pobladores que por muchos años habitan este territorio”, sino que ha provocado la presencia de actores generadores de una violencia brutal. Por ello, la marcha de hoy sólo ha sido un primer paso hacia un nuevo paro cívico que, como en 2014, muestre el hartazgo de una población que, a través del Comité, dice no poder ni querer seguir viviendo de promesas.
