¿Qué consiguió Buenaventura con el paro?

Tuvieron que pasar cerca de 20 días de paro, de gases lacrimógenos y represión en las calles, de tensión y de rabia para que los miembros del Gobierno se amarraran a sus asientos en la mesa de negociación con el comité cívico del paro de Buenaventura. Lo hicieron después de recibir la presión internacional, la del Procurador General, la de la Iglesia católica o la de Todd Howland, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Luego, en 40 horas, se firmó un acuerdo que permite levantar el paro y que pondrá a prueba, una vez más, la capacidad del Estado para honrar los compromisos que ha sellado una y otra vez con las poblaciones del Pacífico. La “Declaración de compromiso del Gobierno Nacional con respecto al patrimonio autónomo” firmada este martes 6 de junio en Buenaventura se pone objetivos que parecerían surrealistas si no habláramos de la ciudad olvidada a favor de un puerto: “En materia de salud se garantizará a los ciudadanos del distrito que cuenten con accesibilidad, integralidad, resolutividad, suficiencia y calidad en la atención (…); el acceso al agua potable y al saneamiento básico al 100% de cobertura; la cobertura, calidad y pertinencia de la educación en un 100%; la reactivación de las actividades económicas ancestrales; la superación del déficit de vivienda…”.

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Estos objetivos deben aparecer en un plan de desarrollo a 10 años que tendrá forma de proyecto de ley y que será presentado antes del 20 de julio al Congreso de la República. El proyecto será redactado por el Gobierno con participación de 3 voceros del Comité Cívico, 1 vocero de las autoridades indígenas y 1 vocero de las autoridades afro del distrito de Buenaventura, junto a la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de la ciudad. Esa ley detallará la creación del fondo patrimonial autónomo que debe garantizar que Buenaventura tenga una ciudadela hospitalaria (183 mil millones de pesos), que cuente con la primera fase del alcantarillado urbano (350 mil millones) y de los acueductos rurales (25 mil millones), que nazca la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Ablanque de La Plata (12.500 millones) -que primero deberá reabrirse en septiembre-, que se mejore la infraestructura educativa (170 mil millones), que se construya el Tecnoparque Industrial, Pesquero y Acuícola, así como el muelle de cabotaje. También se contemplan inversiones para construir 7.000 viviendas, unos 27 mil millones para adecuar los precarios centros de salud y unos 35 mil millones para reconstruir el estadio Marino Klinger.

En principio, este fondo autónomo estará dotado de unos 600 mil millones de pesos que provendrán de un crédito externo de 76 millones de dólares y del 50% del impuesto a las rentas que paguen las empresas vinculadas a las actividades del puerto de Buenaventura. Adicionalmente, el Gobierno se ha comprometido a destinar 800 mil millones del presupuesto General de la Nación.

Nada se sabe, sin embargo, de la comisión especial creada para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro y que fueron denunciadas por los veedores que hablaban de unos 300 heridos por culpa del uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública. Esa Comisión está integrada por la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los DDHH, la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Personería del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y la Veeduría del Comité de Paro Cívico. El acuerdo firmado hoy no contiene ni una línea sobre los heridos, detenidos o sindicados en estos 22 días.

Nada más levantarse el paro la preocupación del Gobierno y de algunos medios se centró en la ‘crisis’ portuaria ya que, según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), hay unos 800 mil contenedores represados en las instalaciones de Buenaventura y distribuirlos por el país llevará unos 12 días y costará cerca de 90 mil millones de pesos. Nada se ha hablado en estas horas de la atención a los heridos, ni de la reparación a la comunidad de Buenaventura por la violencia directa o por la estigmatización a la que ha sido sometida en estas tres semanas de paro.

La población ha forzado en la calle un acuerdo que consiste, básicamente, en el cumplimiento básico de los deberes del Estado. Al igual que en el Chocó, donde se firmó un nuevo acuerdo con el Gobierno tras 17 días de paro, la clave estará en el seguimiento y la fiscalización de lo firmado.