La “respuesta militar” del Gobierno a Buenaventura: 300 heridos, 10 con arma de fuego

Duro informe de la comisión de derechos humanos del paro cívico: uso excesivo de la fuerza, policías infiltrados, trancas para la atención hospitalaria de heridos, niños en riesgo por la violencia policial. Este es el informe sobre el “trato de guerra” a la población civil. La comisión duda del papel de la Defensoría del Pueblo.

La comisión de veeduría de derechos humanos del paro cívico de Buenaventura ha denunciado hoy “tratos de fuerza crueles” y una “arremetida sin precedentes” contra la comunidad por parte de la fuerza pública en la ciudad levantada en paro cívico pacífico desde hace 17 días. Con un informe acompañado de pruebas gráficas, la comisión denuncia que, en una acción conjunta, ESMAD y miembros de la SIJIN dispararon con armas de fuego a los miembros de la comunidad que trataban de evitar el acceso a puerto de las tractomulas, dejando seis heridos graves.

Mientras en la ciudad del Pacífico sigue la movilización, la comisión se ha desplazado a Bogotá para denunciar estos hechos en rueda de prensa (En la foto: Adriel Ruiz, Carolina Mina, Danelly Estupiñán y Berenice Celeita). Lo ha hecho pocas horas después de una asamblea ciudadana realizada a las 9 a.m. en el colegio Pascual de Andagoya de Buenaventura tras la cual el Comité del Paro Cívico ha insistido: ante “la negativa del gobierno a mostrar avances significativos, y para brindar información completa sobre el sentido y el propósito estratégico del espacio humanitario dentro del marco del paro cívico indefinido (…) Reiteramos que de ninguna manera el Comité Ejecutivo ha aflojado en sus exigencias al gobierno”.

Imagen de la asamblea matutina en Buenaventura. Foto: Felipe Portocarrero

Está claro que tras los 17 días de paro en el principal puerto del país, el comité del paro cívico y el Gobierno siguen con posturas muy alejadas. El paro se desarrolló de manera pacífica hasta el pasado 19 de mayo, cuando hubo fuertes enfrentamientos entre la comunidad y la policía. También se produjeron una serie de episodios de saqueo de cadenas comerciales en diversas zonas de la ciudad ante las que no hubo ninguna respuesta por parte de la fuerza pública. Desde entonces, según denuncia la comisión, se ha dado un “trato de guerra” a la población civil y han tenido lugar ataques indiscriminados con gases lacrimógenos y armas de fuego que han dejado algo más de 300 heridos, el 20 por ciento de los cuales son niños.

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Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado las comunidades locales ha sido el tratamiento médico de los heridos en los enfrentamientos por falta de un hospital público en el municipio, paradójicamente, una de las razones por las que se realiza el paro. El único centro médico de la ciudad, la clínica Santa Sofía, es privado y, según informó Carolina Mina, miembro de la comisión, las organizaciones humanitarias debieron pagar para que se atendiera a los heridos.

“En un momento de esperanza de paz es muy contradictorio que sea con balas con lo que Santos recibe a la comunidad de Buenaventura”

La atención médica se habría visto también violentada por la acción policial. Según el informe, el ESMAD empleó gases lacrimógenos dentro del centro de salud del barrio Independencia en la madrugada del 31 de mayo. El centro de salud se mantiene actualmente cerrado por falta de garantías para prestar el servicio. Según informó Mina, a causa de las deficiencias en el servicio de salud, dos mujeres embarazadas han perdido a sus bebés y niños afectados por asfixia severa no están siendo trasladados a tener una debida atención médica. 167 personas se encuentran gravemente heridas en este momento, según el reporte de la comisión.

La clínica Santa Sofía está totalmente militarizada. El ESMAD vulneró uno de los puestos de salud y entraron allí a lanzar gases. El nivel de abuso y de la fuerza exacerbada de la fuerza es supremamente alto”, denuncia Danelly Estupiñán, también miembro de la comisión. “Rechazamos que el estado colombiano haya dado una respuesta militar a un tema que podría haber resuelto de manera política, como si la protesta social fuera un delito. Las arremetidas no paran y la comunidad sigue en pie de lucha hasta lograr lo que dignamente nos merecemos como pueblo”, añade Estupiñán, quien, además, asegura que más allá de los ataques directos con armas de fuego o gases lacrimógenos, hay infiltración de agentes de civil en las protestas de carácter pacífico. “En cada punto de encuentro ha habido agentes infiltrados, donde solo se hacen actividades culturales. Filmando, tomando fotografías, incluso pasando listados de asistencia con nombres y teléfonos de la gente que estaban allí”.

La comisión denuncia también la falta de una verificación de la violación de los derechos humanos en la actuación de la fuerza pública por parte de los entes estatales que deberían realizarla. “El rol de la Defensoría en este escenario ha sido realmente bastante pobre. No han cumplido su rol de garantes ni han sido capaces de mediar con la fuerza pública para que cesen los hostigamientos ni las violaciones excesivas a la comunidad”, declara Carolina Mina “No están ejerciendo el ejercicio de acompañamiento a las comunidades”.

Berenice Celeita lanzó un comunicado en nombre del Proceso de Comunidades Negras dirigido al presidente Juan Manuel Santos. “En un momento en el que todo el país y el mundo entero está poniendo lo ojos en Colombia alrededor de la esperanza  de la paz, es muy contradictorio que sea con balas con lo que él recibe a la comunidad de Buenaventura, respondiendo con violencia a un pueblo que tiene un capítulo [el étnico] en los acuerdos de paz”. Y añadió: “Nos sorprende que use al ESMAD como una fuerza de paz, cuando en Buenaventura se está demostrando ser una fuerza violenta y represiva”.