‘Ensuciar’ al muerto: del ajuste de cuentas al crimen pasional
Entre el 10 y el 11 de septiembre de 2005 fue torturado y asesinado Luciano Romero Molina, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Ahroalimentario (SINALTRAINAL) de Valledupar. Romero había pasado un tiempo fuera del país en el Programa Asturiano de Atención a las Víctimas y, cuando, tras el asesinato, representantes de ese proceso se reunieron con el entonces fiscal general, Mario Iguarán, éste les aseguró que se trataba de un “crimen pasional”. En junio de 2015, fue asesinado en Norte de Santander el líder sindical Alex Fabián Espinosa Carvajalino, integrante del capítulo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El coronel Jaime Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aseguró que se trataba de un “crimen pasional”.
No hay país en el planeta con más crímenes pasionales entre sindicalistas, líderes sociales o defensores de derechos humanos. Sólo hay dos países con más impunidad que Colombia (México y Filipinas).
Este miércoles 23 de noviembre se registró un nuevo asesinato de un líder campesino. Es el cuarto asesinado en la última semana y el número 32 desde que se anunció el primer acuerdo de paz entre Gobierno y FARC el 26 de agosto. Se trata de Fraidan Cortés, mecánico en Bajo Calima (Buenaventura, Valle), miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ATRACAVA) y del movimiento Marcha Patriótica (MAPA), que ha denunciado que está en marcha una operación de exterminio político. Habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades de Buenaventura, pero en los últimos días se ha constatado que la técnica del “crimen pasional” –y afines- sigue en pleno auge a pesar de que se esté firmando un acuerdo de paz y de que se hable de una nueva institucionalidad que dé cabida a la disidencia política y que descarte el uso de la violencia para dirimir las diferencias.
El domingo 20 de noviembre a las 6 p.m., cuando todavía se lloraba el asesinato, 26 horas antes, del campesino Rodrigo Cabrera, hermano de un líder de víctimas y miembro de MAPA, se conocía un comunicado emitido tras la celebración de un “consejo de seguridad presidido por la señora alcaldesa [de Policarpa, Nariño] Claudia Inés Cabrera Tarazona”. En ese consejo participaron el comandante del distrito, coronel Ballesteros, el comandante del Batallón Boyacá, coronel Lozada, y miembros de Sijin, Dijin, CTI, Gaula, Fiscalía, Comisaría de Familia, del Centro de Salud Policarpa y el comandante de la estación de policía Policarpa. Sus conclusiones son contundentes: como el papá de la víctima dice que era “apolítico” y tenía antecedentes por porte de arma ilegal la conclusión es que “los móviles de este hecho serían ajuste de cuentas”.
Las «cuentas pendientes» de Didier Losada, asesinado en la vereda Platanillo (la Macarena, Meta), el mismo día que en San Vicente del Caguán era ultimado Erley Monroy, son diferentes. El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, difundió un informe elaborado con las indagaciones del CTI, la Sijin, la Dijin y la Fiscalía en el que se averiguaban muchas cosas, aunque ninguna válida para esclarecer los hechos. Sin embargo, para los investigadores sí eran muy útiles para ensuciar la imagen del muerto. Sabemos que Didier Losada era carnicero, gerenciaba la discoteca Acuario y le gustaba el fútbol. De ahí no se puede concluir nada. Pero “algunos declararon” –algunos, dice el informe- que Losada mantenía una relación con una mujer de 21 años y ahí sí hay materia para la técnica del embarre: “La muchacha era muy hermosa, era la más hermosa de la región, lo más bonito de la vereda y el señor Didier se la trajo de la vereda La Julia, pero no se sabe nada más de ella. De pronto se la robó de la casa o al marido”. Ya está: crimen pasional porque, además, otras fuentes no identificadas, aseguran que Didier era miembro de Acción Comunal pero que no tenía ningún cargo. En realidad, era su presidente. Pero… ¿eso qué importa?
