Las alertas sobre la situación de Bojayá que el Ejército no quiere ver

Mientras el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán vuelve a sembrar dudas sobre los testimonios de las comunidades del Chocó sobre la situación de inseguridad y de crisis humanitaria, hay múltiples informes y alertas que durante 2019 han prendido las alarmas que ni el Ejército ni Presidencia parecen conocer.

Sólo en entre enero de 2018 y septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió 19 Alertas Tempranas para 14 municipios del Chocó, donde señalaba que el 46% del territorio se encuentra en riesgo por el “reposicionamiento y expansión de los grupos armados ilegales, como el ELN y las AGC para controlar rutas para el tráfico de armas y droga hacia el pacífico y Centroamérica; y solicita a las instituciones competentes realizar acciones inmediatas para atender las afectaciones y prevenir la agudización de los riesgos expuestos”. La última alerta temprana, la 017-19, data de abril de 2019, y en ella se advertía del riesgo al que estaban expuestas “las comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Napipí (Carrillo, Unión Cuity, Unión Cuity Central), Opogadó (Mesopotamia, Egoroquera, Unión Baquiaza), Doguadó (Playita, Villa Hermosa) y Bojayá”.

Entre enero de 2018 y septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió 19 Alertas Tempranas para 14 municipios del Chocó

En octubre del año pasado, la misma Defensoría volvió a denunciar que “al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, están sufriendo una situación de confinamiento debido a la inminente confrontación armada entre las AGC y el ELN”. En un comunicado público, la institución advertía que en septiembre,  los grupos armados ilegales habían amenazado a 16 líderes y residentes de Bojayá y que, “como estrategia de guerra, estas estructuras armadas instalaron minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región”.

El coronel Darío Fernando Cardona Castrillón, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, le exigía en un derecho de petición al líder Leyner Palacios que detallara qué corregimientos estaban confinados y qué organizaciones habían alertado sobre situaciones de inseguridad en Bojayá durante 2019. Sin embargo, el mismo Ejército, presumía el 1 de enero, en un comunicado público, que, “ante las informaciones de la población civil, sobre la posible presencia del grupo armado organizado Clan del Golfo en el corregimiento de Pogue (…) las tropas del Ejército Nacional actualmente desarrollan un operativo militar con más de cien hombres en cumplimiento de la alerta temprana 017-19”. Cumplían (según ellos) pero tarde con una alerta temprana emitida por la Defensoría ocho meses antes.

En realidad, la presión para que el Ejército se movilizara era mediática, ante las denuncias hechas por la comunidad y por Leyner Palacios, como uno de sus líderes destacados, y las Fuerzas Militares ponían en marcha todo su mecanismo de propaganda, antes de asegurar que en Pogue no se presentaba ninguna situación excepcional de inseguridad ni de confinamiento. De hecho, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, llegó a afirmar en la emisora La FM que no fueron tropas paramilitares las que llegaron a Pogue: “Llegaron unos bandidos muertos de hambre y pidiendo comida, donde no hubo un confinamiento. Había movimiento de botes por el río sin ningún problema”.

Informe internacional

En julio de 2019, una Misión internacional recorrió el Chocó y verificó en terreno la situación. La Misión estaba conformada por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Federación Luterana Mundial (FLM), Diakonia – Programa Colombia, Act Iglesia Sueca, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), y la plataforma Espacio de Cooperación para la Paz (ECPP).

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En su informe, que es público y al que seguro ha tenido acceso el Ejército, se insiste en que hay un “aumento del número de personas afectadas por confinamiento, que se incrementó a 16.681 de enero a septiembre de 2019, mientras que en el 2018 hubo 15.548 y en el 2017 14.433.9 (…) la Defensoría del Pueblo reportó 11.300 personas de 54 comunidades como víctimas de confinamiento durante el primer semestre del 2019”.

La misión identificaba, al igual que ahora lo hace la comunidad, que la crisis humanitaria se ha acentuado “debido a que los territorios ocupados por la guerrilla de las FARC-EP entraron en disputa por otros actores armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), afectando así las dinámicas sociales, políticas, económicas y desestabilizando la vida cotidiana de la población civil, tanto en zonas rurales como urbanas”.

Las organizaciones internacionales también denunciaban un “aumento de riesgos para las los defensores y defensoras de derechos humanos, que hacen parte de los procesos étnico – territoriales, entre los patrones identificados, se señala: i). Estigmatización por parte de los actores armados ilegales y de la Fuerza Pública; ii). Amenazas contra su vida e integridad, así como a su ejercicio de liderazgo y defensa de derechos; iii). Judicializaciones; iv). Confinamiento estratégico para impedir su trabajo organizativo”.

Por si todas estas alertas fueran pocas, el 17 de noviembre de 2019, la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) y la Mesa Indígena del Chocó hicieron pública una carta en la que advertían que se repetían las condiciones que provocaron la masacre de Bojayá en mayo de 2002. Unos meses antes, en abril, la Diócesis de Quibdó, junto al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Mesa de diálogo y concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Pacipaz, y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano advertían de que “más de 7.000 personas de comunidades afros e indígenas del municipio de Bojayá se encuentran confinadas y existe un riesgo inminente de que se presenten combates, dejando a la población en medio del fuego cruzado”.

Es decir, ni las situaciones de confinamiento son nuevas, ni comienzan con la incursión paramilitar en el río Bojayá del 31 de diciembre. Las alertas tempranas de la Defensoría, entidad del Estado, como las Fuerzas Militares, son muy específicas y detallan qué comunidades están más afectadas y cuál es la afectación en cada una de ellas. Quizá por eso, el Derecho de Petición que el coronel Cardona ha hecho llegar como «denunciante» a Leyner Palacios genera tanta sorpresa en la región.