“Las víctimas ya no estamos en el centro del proceso de paz”

Al fondo, pasando un patio cubierto, dejando atrás las habitaciones 101, 102 y 103, esquivando la mesa de los tintos… Al fondo se entra a esta sala donde se encuentran víctimas de crímenes de Estado. Trabajan en el presente para evitar un futuro preñado de las mismas pesadillas con las que conviven ellas y ellos. Fuera, a pocos metros, meseros alistan las decenas de negocios del Parque del Perro para la rumba.

Es viernes y es Cali. Mientras se acercan las seis de la tarde, las personas que han venido desde todo el país para el Comité de Impulso Ampliado del Movimiento de Crímenes de Estado (Movice) van despidiéndose. La tarea ha terminado aunque se vayan cargadas de nuevas responsabilidades. Hay una diversidad humana, dialectal y política que rompería los esquemas de cualquier imaginario que muestre al Movice como algo monolítico. En este comité, entre otras muchas cosas, se ha establecido el mecanismo para elegir a los portavoces. Hablamos con Pablo Cala, “pero yo no soy portavoz, jejeje, ya han escuchado cómo será el proceso”. Hablamos con Cala como miembro del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, una de las organizaciones que más insiste en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y en la identificación de los NN que, según el último informe del Centro de Memoria Histórica sumarían 55.779 de las 60.630 personas contabilizadas como desaparecidas desde 1970.

Cala cree que hay una ventana de oportunidad para las víctimas en el contexto actual pero que ese vano puede cerrarse en cualquier momento. “Algunas víctimas dicen ahora que se habló de que éramos el centro del proceso y ahora ya no estamos, nos están sacando de los debates, hay un peligro de volver a viejas prácticas, que en el discurso la víctima sea el centro pero que en la realidad esté cooptada esa representación”. De hecho, este martes 14 de febrero, diversas organizaciones presionan para que la plenaria del Senado debata una proposición para que se amplíe la representación de las víctimas en los mecanismos de la implementación de los acuerdos de paz.

“Hay un tema transversal, no sólo a lo acordado sino a la implementación, no sólo a la parte legislativa sino al proceso de construcción de paz a largo plazo, que es la participación. Y la participación no puede ser solamente un tema de discurso, un tema de una silla dentro de una mesa. La participación es desde la experiencia de todos estos años de luchar contra la impunidad. En este sentido el Movice tiene una apuesta estratégica de mas de 12 años que sirve no sólo en la implementación de las FARC sino a todo el proceso que se inicia en Quito [con el ELN], y es que los derechos de las victimas no pueden ser negociados. Eso está por encima de cualquier proceso de acuerdo entre las partes”.

El Comité de Impulso Ampliado hacía público un comunicado este 14 de febrero en el que exige al Congreso de forma permanente “para alcanzar la implementación en los tiempos estipulados, dado el absentismo y la falta de quórum que ha caracterizado las últimas convocatorias. Es preocupante que en dos meses solo se tenga una ley aprobada y las demás estén en letargo parlamentario, con dilaciones injustificadas y desconocimiento absoluto del cronograma y proyectos legislativos que deben ser presentados” (Descargar el Comunicado Movice).

En un Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado el Estado y sus estructuras no generan confianza. Parece razonable. Pero sí tienen claro que este momento histórico es peculiar y que hay oportunidades desconocidas, aunque exista un alto riesgo de fracaso si “ el Estado no muestra resultados operacionales efectivos y eficaces contra el paramilitarismo, llámelo como quiera llamarlo”. “Más allá del tema teórico de lo que significa el Estado, estamos encontrado algunas voluntades en algunos funcionarios que debemos transformarlas en políticas públicas, porque muy probablemente vendrá otros sin esa voluntad. Hay que aprovechar este momento de oportunidad, pero es un momento que puede cambiar fácilmente en el proceso electora. No es un tema de confiar [en el Estado] ciegamente, sino de construir conjuntamente un escenario nuevo, una institucionalidad, una manera de ver a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como actores, no solo como beneficiarios de una acción del Estado, del Gobierno, como si fuera un favor. No estamos pidiendo favores, estamos ejerciendo derechos”.

Pablo Cala, del Colectivo Orlando Fals Borda

Pero esos derechos están siendo vulnerados en el territorio todos los días. “No se puede negar lo que diariamente sucede. Entre los discursos y la realidad… la realidad te va dando la razón. Lo que exigimos es garantías de no repetición. Sin el desmonte eficaz, efectivo de estructuras paramilitares, no va a poder implementarse ni este proceso con las FARC ni el que empieza en Quito con el ELN”, insiste Cala. Dos días después de esta conversación, en la sede de la seccional Valle del Cauca de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se recibía una amenaza firmada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que se extiende a “los milicianos camuflados en varias organizaciones sociales y sindicales de: MARCHA PATRIÓTICA, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, CUT, SINTRAUNICOL, SINTRAHOSPICLINICAS, CGT, SINTRAEMCALI, MOVICE…”.

La amenaza a los derechos de las víctimas son físicas y son legales. De hecho, consideran que puede vulnerarse de forma definitiva si el acto legislativo que debe crear la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pasa el trámite en el Congreso permitiendo que incluya el apartado exclusivo para soldados y policías, que les da un trámite diferenciado y muy cuestionado por los defensores de derechos humanos. Pablo Cala, como miembro del Colectivo Fals Borda, pero también del Movice, cree que “la JEP plantea un escenario de impunidad, de no cumplimiento para agentes del Estado.El centro de los acuerdos y su implementación es que se debe respetar lo acordado. Ese es el primer principio. Lo planteado por el Gobierno de colar una favorabilidad a los militares, rompe con lo acordado y con los derechos de las víctimas”.

– Pero… el estatus de los agentes de la fuerza pública sí está en el último acuerdo firmado con las FARC

– El acuerdo se ha cimentado en los derechos de las víctimas y dentro de los derechos de las víctimas prevalece el derecho a la verdad. Si hay una favorabilidad a los militares que va en contra de esa verdad no va con la esencia del acuerdo, así un día antes se haya modificado un artículo… El fondo de esto es que la JEP es una apuesta, debería ser una apuesta para pensarnos y cambiar la manera de comprender la justicia en Colombia.

En el comunicado del Movice advierten de que no se convertirán “en meros receptores de actos legislativos y proyectos de ley. El Gobierno ya ha demostrado su carácter unilateral al modificar en último momento y sin consulta previa la referencia al Artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad de mando, que permitía cumplir con los estándares del Derecho Penal Internacional para el juzgamiento de agentes del Estado. Una medida, además, ampliamente criticada a nivel internacional, con alertas realizadas por organizaciones como Human Rights Watch y la misma Corte Penal Internacional”.

Pablo Cala, antes de ser el responsable de incidencia y comunicación del Fals Borda, pasó lustros trabajando en el terreno con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y en su propia familia se sienta a la mesa con víctimas directas de crímenes de Estado. Prende un cigarrillo que resiste a la brisa vespertina de este Cali donde la permanente amenaza paramilitar renueva la tensión con la que viven los líderes sociales. Aquí, junto, alrededor, cerca de Cala, hay unas cuantas decenas de estas lideresas y líderes, acostumbrados a luchar contra corriente. También ahora, cuando siguen recibiendo amenazas o ven caer a compañeros y compañeras en una guerra desigual que el Estado quiere mostrar como los efectos no más de las esquirlas del crimen organizado. Saben desconfiar y desmitifican la paz como algo ya conseguido o algo fácil de conseguir. Cala cree que “si el Estado quiere que descriminalizarse tiene que dejar de violar los derechos humanos, tiene que esclarecer lo ocurrido, y dentro del derecho a la verdad tiene que cumplir con el resarcimiento a las victimas. Es la única manera en la que se puede empezar de nuevo”.

Al Movice le queda mucho por delante aunque esperaría que Colombia no repitiera los malos ejemplos de otros lugares. “Cuando vemos experiencias como las de España, donde sigue existindo impunidad tras casi 80 años desde la guerra y 40 del fin de la dictadura… donde no hay respuesta de dónde están las víctimas desaparecidas, o donde no hay esclarecimiento de las responsabilidad de las ejecuciones sumarias…. España debería tener hoy un movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Ese podría ser un escenario fácil de imaginar en Colombia si de aquí a 10 o 15 años no logramos que los retos y oportunidades frente a lo acordado nos lleven a algo favorable, porque hay algo irrenunciable… y es la búsqueda de los desaparecidos, la justicia, la memoria como algo permanente. Este es el eje de la vida de este movimiento de víctimas….”.