De Omaira a Hannier, todos los desaparecidos tienen nombre

Este 17 de noviembre, familiares de 14 personas desaparecidas han podido hacer el duelo. La Fiscalía General de la Nación les ha entregado los restos óseos encontrados en diversos puntos de Bogotá, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. Algunos, como la familia de Ruth Mariela Zuluaga, han tenido que esperar 31 años a recibir esos restos, porque Ruth fue desaparecida en al toma del Palacio de Justicia, en 1985. En el mismo año fue ultimado Jaime Alfredo Bravo Rosero, un campesino de Villa Garzón (Putumayo) y hasta este viernes 18 de noviembre su familia no ha recibido sus restos en la otra punta del país, en Pereira. La desaparición forzada tiene nombre, rostros, historias de vida… la desaparición forzada es pasado y es presente en el país. Ponerle nombre es comenzar a combatir el «ocultamiento de la violencia» que persiste tras cada desaparecida, tras cada desaparecido que sigue en el limbo de la invisibilidad.

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Restos óseos. Es la peor manera de aparecer, pero al menos permite cerrar una herida. No han tenido la misma oportunidad los familiares de Omaira Montoya Henao, oficialmente la primera persona detenida desaparecida en Colombia. A Omaira la desaparecieron agentes del F2 (el temido departamento de “Inteligencia” de la Policía), del Ejército y hasta del Tránsito. A Omaira la desaparecieron en Barranquilla. Fue un 9 de septiembre de 1977 y, a pesar de que la Procuraduría investigó y determinó responsabilidades “los oficiales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional implicados en la desaparición forzada de Omaira Montoya no sólo contaron con la impunidad con que los cobijó la jurisdicción penal militar y la Procuraduría General de la Nación, sino que todos fueron ascendidos, incluso durante la tramitación de los procesos penal militar y disciplinario”, tal y como se confirma en el informe Huellas y rostros de la desaparición forzada, publicado en 2014 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El enemigo interno

Omaira tenía 30 años el día que fue detenida junto a su compañero, Mauricio Trujillo Uribe. Era bacterióloga y formaba parte de las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Era, para las fuerzas de seguridad, lo que en aquellos años se denominaba como “enemigo interno”, siguiendo la doctrina de Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos en la región.

Omaira estaba embarazada de 3 meses y ese 9 de septiembre, cuando fue detenida, hubo muchos ciudadanos que presenciaron la detención irregular. Fueron muchos los que escucharon a Mauricio gritar: “¡Revista alternativa, revista alternativa, me matan, me llevan para puerto mocho…!”. Nadie dijo nada. Nadie declaró después. El miedo hace bien su trabajo.

Era un año duro aquel. Estaba vigente el estatuto de seguridad aprobado durante el Gobierno de Turbay Ayala y el entonces presidente, Alfonso López Michelsen, se enfrentaba a numerosos paros cívicos y protestas.

Omaira y Mauricio llegaron a Barranquilla y no está clara cuál era su misión. Lo que sí se sabe es que se hospedaron en las “Residencias Clara Mar”, en El Rodadero, más cerca de Santa Marta. Al mismo tiempo, el Comando Anti Extorsión y Secuestro (CAES), integrado por personal del F2 de la Policía, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de los servicios de inteligencia (B2) de la II Brigada del Ejército Nacional, bajo el mando del Coronel Hernando Contreras Soler (Jefe del B2 de la II Brigada), estaba investigando el secuestro de Alonso Chaín por parte del ELN y preparando el operativo para dar con la captura de los plagiarios.

Entrega de restos óseos en Medellín por parte de la Fiscalía.

Ese 9 de septiembre, Omaira y Mauricio iban en un Simca verde en las inmediaciones del aeropuerto “Ernesto Cortizzos” de Barranquilla cuando se les atravesó una camioneta del F2. En ese momento, 9 de septiembre a las 5:30 de la tarde, se selló el destino de Omaira, que estuvo con su compañero hasta que los separaron en una playa en el municipio de Soledad. Allí se perdió el rastro de esta mujer y comenzó el tormento de su familia.

A Mauricio Trujillo lo detuvieron, lo torturaron, lo llevaron de un lugar de detención a otro. Lo condenaron en consejo verbal de guerra a 7 años de prisión por el delito de rebelión. Ya en Bogotá, en la cárcel, el 23 de septiembre, Mauricio denunció la desaparición de Omaira.

Los empeños de la familia de esta militantes de izquierda lograron un fallido proceso en la jurisdicción militar. Una farsa en la que dos de los implicados en la desaparición, el comandante del departamento de Policía del Atlántico (teniente coronel Ramírez Gómez) y el capitán Álvaro Blanco Noriega fungían como juez de primera instancia y como fiscal militar, respectivamente. La investigación interna de la Policía Nacional concluyó el 4 de noviembre de 1982 y la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional concluyó que “la señorita Omaira Montoya Henao sí fue capturada por unidades de la Policía Nacional el 9 de septiembre de 1977 y no se volvió a tener noticia de ella, o sea que desapareció desde esa fecha”. Aunque se recomendaron algunas destituciones, todo quedó en una sanción de 15 días de salario para el teniente García Osorio. Respecto del teniente coronel Ramírez Gómez, la Procuraduría Delegada declaró prescrita la acción disciplinaria. Igual decisión tomó respecto del subteniente Castañeda Vargas.

La historia judicial del caso de Omaira también desaparece, como ella, 11 años después. El 29 de noviembre de 1988, la Dirección Nacional de Instrucción Criminal le solicitó a la Seccional de Instrucción Criminal Atlántico estudiar la posibilidad de “reabrir la investigación penal”. “El 10 de enero de 1989, mediante la Resolución 0010, la Directora Seccional de Instrucción Criminal Atlántico designó al Juez 16 de Instrucción Criminal Ambulante de Barranquilla para que reabriera el caso de Omaira Montoya Henao. Hasta la fecha no se conoce de ningún resultado de esta investigación”, concluye Huellas y rostros de la desaparición forzada.

En septiembre 1985, la revista Semana entrevistaba al general Nelson Mejía Henao, procurador delegado para las Fuerzas Militares, quien cargado de cinismo aseguraba: “Estamos en una guerra sucia desde hace treinta y cinco años, y hay gente mala, porque éste no es un país de ángeles. Pero estén seguros de que la institución militar no tapa ni esconde abusos o extralimitaciones: si lo hiciera, se acabaría. Cometemos errores, es indudable, pero somos implacables con los culpables: los castigamos”. Ningún castigo en el caso de Omaira, como en tantos otros. La impunidad ha caminado pareja a la desaparición en Colombia. El último informe del CNMH, Hasta encontrarlos, cifra en, al menos, 2.368 casos de desaparición forzada los relacionados directamente con agentes del Estado en aquellos pocos casos en los que hay un supuesto perpetrador. Otros 222 casos tienen que ver con acciones conjuntas entre paramilitares y agentes del Estado.

Los investigadores aseguran que de esas “2.331 desapariciones forzadas atribuidas a agentes de Estado, 1.472 corresponden a miembros del Ejército Nacional, 653 a miembros de la Policía Nacional, 55 a agentes del DAS, 25 a miembros de la Armada Nacional, 7 a miembros de la Fuerza Aérea, entre otros”.

El último caso (conocido)

Si Omaira es la primera desparecida (re) conocida en Colombia, quizá el último caso (conocido) es el de Hannier Hurtado.

Hannier tiene 23 años. Hanier es estudiante de sexto semestre de Medicina y Cirugía en la Universidad del Valle. Pero Hainer, quizá, siga siendo el ‘enemigo interno’: milita en la Federación de Estudiantes Universitarios y en Marcha Patriótica, un movimiento social que en los últimos cuatro años ha constatado cómo asesinaban a 120 de sus militantes en todo el país.

Natural de Palmira, el domingo 30 de octubre salió a las 11 de la noche de su apartamento en el caleño barrio de San Fernando. Los familiares de Hannier recibieron una llamada de la policía diciendo que habían encontrado sus documentos. Sólo estaba su permiso de tránsito. Nada más. “Perry”, como le llaman sus amigos, no está. Eso es todo. Eso es tanto. De momento, se suma a la lista de las 7.693 personas desaparecidas en el departamento del Valle del Cauca en la última década y de las que aún no se sabe ni suerte ni paradero.

Si las estadísticas se cumplen, desde ese 30 de octubre hasta que se ha publicado este texto es posible que hayan desaparecido de manera forzada 59 personas. No es memoria histórica, es realidad.