El paro cívico en Buenaventura muestra la otra cara del ‘desarrollo’

La primera jornada transcurre con el bloqueo de algunas vías y parte del comercio cerrado para reclamar la declaración de emergencia, social, económica y ecológica y el cumplimiento de los compromisos del Gobierno en sanidad, educación, empleo y seguridad.

“¡El pueblo ya no aguanta más!”, exclama con indignación un joven afrocolombiano que pasa en una moto gritando varias consignas. Su vehículo no es sólo su medio de transporte particular sino que funge a la vez de transportador público informal. Este mototaxista apoya el paro cívico de carácter indefinido que ha arrancado este martes en Buenaventura y con su voz de tenor acompaña en su rebusque a gran parte de la población que vive de trabajar en las calles de esta ciudad.

En el principal puerto marítimo de Colombia el índice de empleo informal es del 90.3%, según datos oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y no son los únicos sumados al paro cívico. Los pocos que han escapado del índice del 62% de desempleo y hoy tienen un empleo formal en la ciudad, también se unieron a las protestas a través de sus organizaciones sindicales, que sumadas a las juntas de acción comunal, consejos comunitarios de comunidades negras, organizaciones de base y los comerciantes, suman un total de 89 organizaciones articuladas para materializar el paro que despertó a la ciudad con varios puntos de bloqueo en su avenida principal. El comercio también ha cerrado, aunque se permite la apertura de las pequeñas tiendas de barrio, al igual que el paso de vehículos de servicios públicos, ambulancias y personal médico y de seguridad. Sin embargo, no hay transporte público. Al paro se han sumado los transportadores de carga por carretera quienes inmovilizarán sus vehículos hasta que el gobierno no solo ofrezca soluciones sino que cumpla con las promesas realizadas.

“Las comunidades afrocolombianas han sido vistas en este país como un estorbo para su desarrollo. Nosotros necesitamos que Buenaventura progrese en armonía con la cultura de su pueblo, que no nos traigan paquetes de desarrollo importados desde otros lugares”, afirma Naka Mandinga, integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, quien argumenta que “los derechos para la comunidad negra ya están reconocidos, pero no ha habido voluntad por parte del Gobierno nacional para la aplicación de estos derechos”

Falta de dignidad y paz denuncian las pancartas y no es para menos, el pliego de peticiones se concentra en ocho puntos críticos que padece la ciudad: salud, educación, agua potable, territorialidad, empleo, protección al medio ambiente, atención a las víctimas y espacios de recreación. Una multiplicidad de factores estructurales que, según quienes integran el comité del paro cívico, deberá ser asumido en su totalidad por el Gobierno Nacional.

Cortes de vías en el paro cívico en Buenaventura // Rossih Amira M.

En el ambiente hay motivación y las exigencias del pliego en esta ocasión traen un blindaje político para no permitir que el Gobierno incumpla lo que se acuerde, pues apelan a una figura constitucional para que se declare a la ciudad en estado de emergencia social, económica, y ecológica. “No nos sentaremos a mirar cuáles son las propuestas de solución que tenga el gobierno, sin que esta declaratoria se haga, porque nos permite tener una plataforma para con esas facultades poder desarrollar y hacer efectivas las soluciones que se plantean desde el Comité del Paro Cívico”, explica Danelly Estupiñan, de la Asociación de Terrenos Ganados al Mar y parte de la comisión de Derechos Humanos del Paro Cívico.

Servicios públicos deficientes

En la Buenaventura urbana y rural la mayor parte de su población está en condiciones de pobreza. Según el DNP esta ciudad tiene un índice de pobreza del 91% en la zona rural, del 64% en la parte urbana, y la pobreza multidimensional es del 66%.
Las comunidades denuncian que no cuentan con un buen sistema de servicios públicos y que siendo el principal puerto del país tienen el hospital público cerrado. “Para nosotros es indignante que a pesar de ser un puerto tan importante, no tengamos una salud digna”, critica Jhon Jairo Riascos del Comité en marcha para vivir con Dignidad, quien advierte de que las personas de escasos recursos económicos, “si necesitan un especialista, deben pasar por tres horas de camino que pueden llegar a ser cinco horas, para llegar al hospital público más cercano, que está en la ciudad de Cali”.

Las madres comunitarias también se manifiestan en el paro cívico y plantean que una de las principales problemáticas de Buenaventura es el agua. En este sentido, Carmenza Hurtado afirma que las madres trabajan “con más de 15 niños al día y como en toda la ciudad en los hogares infantiles no hay agua potable, no es justo trabajar y vivir en esas condiciones”. La ciudadanía ha hecho el llamado por tener el servicio de agua potable las 24 horas del día, pues el acueducto de la ciudad que cubre solo al 70% de las viviendas de la zona urbana, provee el servicio del agua solo tres horas cada 48 o 72 horas. Esta problemática es una de las más denunciadas, pero durante el Consejo de Ministros realizado el pasado 9 de mayo en el centro de la ciudad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que la inversión que se ha hecho para solucionar el problema del acueducto en Buenaventura no llegará a proveer 24 horas de servicio del líquido vital, sino que llegará sólo a 16 horas. Frente a lo expuesto por los miembros del Gobierno nacional, departamental y local en esta reunión hubo un desconcierto por parte de las organizaciones sociales de la ciudad: “La participación fue bastante limitada, de hecho el espacio lo estaba coordinando el mismo Gobierno, a través de uno de sus ministros, y fue evidente la cooptación que hubo por parte de la moderación del espacio a la comunidad” detalló Danelly Estupiñan.

Las tensiones del desarrollo en Buenaventura

Es múltiple la oferta de inversión económica que hace el Estado colombiano y organismos multilaterales en el desarrollo del complejo industrial portuario que tendría Buenaventura. De hecho, hay una serie de tratados de libre comercio, como la Alianza del Pacífico y el Tratado con Estados Unidos, que trajeron consigo una serie de planes y programas del Estado con la intención del desarrollo económico del país y en donde Buenaventura quedó en el centro. “Aquí se está hablando de un Master Plan en donde dicen cuál es la Buenaventura que se va a necesitar dentro de 30 años y ni siquiera le preguntaron a los bonaverenses qué querían. Somos nosotros los que tenemos el derecho de decidir sobre nuestro destino”, denuncia con vehemencia Naka que no separa su mirada de la multitud que se acopla en uno de los puntos de concentración del paro cívico.

Concentraciones durante el paro cívico en Buenaventura // Rossih Amira M.

La otra cara de la moneda frente a las propuestas de enclave portuario son las comunidades que han vivido históricamente en los terrenos que han sido asignados para el desarrollo portuario de Buenaventura. Estupiñan explica que durante más de 20 años la comunidad fue ganando terreno al mar de forma artesanal para poder desarrollarse y ahora estos espacio “son codiciados” por la expansión portuaria en algo que la Asociación de Terrenos ganados al Mar considera una “violación sistemática al derecho de esas comunidades a su territorio”.

El Gobierno nacional ha puesto en ejecución un modelo de desarrollo económico y social para Buenaventura, a través del programa ‘Nuevas Ciudades’ en donde se destaca la ejecución del Centro de Actividades Económicas de Buenaventura-Caeb, un proyecto que sobre todo, pretende fortalecer la capacidad portuaria de la ciudad a través de la instalación de una gran zona de actividades económicas relacionadas con el comercio internacional portuario.

Frente a esta propuesta la comunidad también se manifiesta hoy y, como explica Danelly, sobre la lógica del desarrollo económico que ha propuesto el gobierno “es precisamente lo que nos está desplazando y lo que nos está matando, porque para nadie es un secreto que el desarrollo en Buenaventura es sinónimo de muerte, desplazamientos, de masacres, de despojo”. En este sentido, Estupiñan dice que el comité del paro cívico no quiere que se les presente “un plan que ya ha sido conocido y que está en el marco de las políticas de muerte, sino que estamos planteando que la negociación esté ligada a los ocho puntos que tenemos establecidos y que fueron acordados por la sociedad de Buenaventura”.

El alcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda, ha hecho un llamado a la calma y a establecer el diálogo.