“Sería muy grave que Duque desconozca lo acordado con el Chocó”

Por las calles aledañas a la Catedral, en el centro de Quibdó, aún puede leerse una pared con letras rojas que dice “Chocó: república independiente ya”. Igual que esa pintada hay decenas por toda la ciudad; son el rastro de las multitudinarias y entusiastas marchas que sacudieron la capital del departamento en mayo del año pasado: “Chocó: Revolución”, “Viva el paro cívico”, “El Chocó existe”…

El 10 de mayo del 2017 los chocoanos explotaron. ¿El detonante? Algunos dicen que fue el desbarrancamiento de un bus cargado de pasajeros en la “trocha”, esa desastrosa carretera de abismos y barrizales que cubre el trayecto entre Quibdó y Medellín. Pero cualquiera que haya pisado el Chocó sabe que sobran los motivos: no hay vías, no hay empleo, no hay hospitales, no hay saneamiento básico, no hay seguridad, no hay inversión estatal ni programas sociales. “Con Santos hubo dos paros”, explica Jorge Salgado, un viejo reportero y activista del Polo Democrático que ha participado de estos movimientos las últimas tres décadas; “hubo un primer paro para exigirle los derechos, y un segundo paro para que cumpliera el primero. Y no cumplió ni lo uno, ni lo otro”.

Desde 1914 el Chocó ha sido epicentro de por lo menos nueve grandes movimientos cívicos, todos en clave de reclamar que este territorio y sus gentes sean reconocidos como sujetos insertos dentro de la nación colombiana, con los mismos derechos y privilegios del resto ciudadanos y regiones del país. En 1914, el presidente conservador Carlos E. Restrepo intentó desmembrar la intendencia del Chocó para repartirla entre los departamentos vecinos, aquello motivó el primer comité cívico liderado por comerciantes y notables de Quibdó e Istmina. Después, el dictador Rojas Pinilla trató de hacer lo mismo en 1954 y eso derivó en la famosa “protesta de las 400 horas” que Gabriel García Márquez ayudó a organizar para poder contarla, y que luego inmortalizaría con una serie de cuatro crónicas para El Espectador. Años más tarde hubo un paro cívico en 1967 para exigir redes de agua y luz en una región donde muchos pueblos habitan en la frontera del abandono total. Esa misma reivindicación, que ya se esbozaba en 1954, volvió a aparecer en el paro de 1987 junto a exigencias como la terminación de las dos carreteras que comunican al departamento con el centro del país y la construcción de una vía al océano Pacífico que el gobierno central nunca ha querido emprender.

Hubo más paros en 2000, 2004 y 2009, y, aunque parezca absurdo, las exigencias y peticiones son idénticas a las actuales: que terminen las vías, que hagan un acueducto y un alcantarillado, que construyan un hospital en la capital y mejoren los servicios de salud en el resto del departamento, que impulsen planes de empleo, proyectos productivos, que draguen los ríos para que puedan navegarse…

De las 230 peticiones formuladas al inicio de la protesta en 2016 se pactaron 165 puntos en once capítulos, los mismos que volvieron a reclamar los chocoanos en 2017; las exigencias se agrupan en grandes bloques: infraestructura, Belén de Bajirá, salud, educación, institucional, servicios públicos, proyectos productivos, deportes, comunicaciones, y finalmente una comisión intersectorial que hiciera seguimiento permanente al Chocó.

Poco y a medias

¿Qué se ha cumplido entonces? El balance es mediocre y decepcionante. “Se ha cumplido la fase 4 de las pavimentaciones a Medellín y a Pereira”, aclara Jorge Salgado y eso mismo ratifican otros miembros del comité cívico que hacen seguimiento a los acuerdos. “Pero en 2016 se pactaron 720 mil millones, que fue lo que se calculó que se necesitaba para terminar los 75 kilómetros que faltan, 50 hacia Medellín y 25 hacia Pereira, y en el segundo paro el gobierno dijo que era imposible y bajó la cifra a 440 mil millones”, matiza Salgado.

Se avanzó en la interconexión eléctrica para el municipio de Sipí, uno de los once que se habían pedido, pero aún hay diez que dependen de plantas movidas por ACPM y sólo tienen luz unas pocas horas cada jornada. Se hicieron por fin los estudios de factibilidad de la vía al mar, pero quedó enredada en otros estudios faltantes, y empezó a andar en fase licitatoria un contrato para el dragado de las bocas del río Atrato. La construcción de un hospital de tercer nivel para Quibdó –el único con el que contaría el departamento– quedó parada por unos líos entre la gobernación y el gobierno central luego de que por fin se comprara el terreno para las instalaciones. Además, se exigió la construcción de otros tres hospitales de segundo nivel en Istmina, Bahía Solano y Riosucio. Ninguno arranca. Si acceder a los servicios de salud es un problema para la mayoría de colombianos, para los chocoanos puede convertirse en el infierno porque no existe ningún centro médico en su departamento con capacidad de atender enfermedades de mediana o alta complejidad. Los casos graves deben trasladarse a otros departamentos y “cuando la gente ve que la EPS no responde y que su pariente se está muriendo, tiene que hipotecar la casa para pagar el viaje en avioneta, mucha gente ha perdido así las casas”, dice Jorge Salgado.

La construcción de un acueducto por gravedad, una vieja necesidad de los habitantes de Quibdó, tampoco se cumplió. “Lo hemos pactado en el paro del 2000, en el paro del 2009 y ahora”. Explica Salgado que “el gobierno está invirtiendo en un acueducto por bombeo. De ahí se salvan las redes, pero se va a perder lo relacionado con las plantas de tratamiento, porque los estudios dicen que no es viable”. En la capital del departamento con más agua del país, la gente de muchos barrios tiene que colocar canecas para recoger de los techos la lluvia con la cuál bañarse y cocinar.

“No se ha cumplido con el tema humanitario, por el contrario, de 2016 hasta acá se ha agravado”, sostiene el abogado Albeiro Moya, asesor jurídico de la diócesis de Quibdó. “Tampoco se cumplió la reglamentación de la ley 70, ese era un punto que exigían tanto en Quibdó como en Buenaventura, ni se arreglaron las pistas de los aeropuertos”, precisa Albeiro, quien además aclara que muchos de los compromisos que el gobierno asumió quedaron desfinanciados porque dependen de los presupuestos de vigencias futuras. Justamente por eso se citó a una reunión con el Procurador General, Fernando Carrillo, y los alcaldes de Quibdó y Buenaventura finalizando julio con el propósito de hacer un empalme entre el gobierno saliente y unos delegados de la nueva administración para darle continuidad al proceso.

¿Duque se hará el loco?

No obstante, las palabras del nuevo Presidente, Iván Duque, durante su discurso de posesión y algunas declaraciones posteriores de su equipo han alarmado a los dirigentes cívicos, pues leen entre líneas que el nuevo gobierno se está deslindando de los acuerdos. “Lo primero que dijo Duque es que el gobierno anterior había firmado compromisos y acuerdos con las comunidades con fórmulas inaplicables”, cuenta Jorge Salgado, quién ve en ello una señal clara de incumplimiento.

“No conozco directamente la declaración, pero si hay que volver a pedirle esos derechos al presidente Duque, se volverá a hacer”, asegura el obispo de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto. “No debería desconocer eso, que fue lo mínimo que pidió el Chocó en los paros. Sería un muy mal mensaje para el departamento”. La iglesia en Chocó, Tumaco y Buenaventura acompañó los paros cívicos y sirvió como garante e intermediaria con el gobierno nacional, por eso monseñor Barreto insiste en que el establecimiento debe honrar su palabra y cumplir con la deuda histórica que tiene con estas regiones y sus habitantes: “Hemos acompañado este proceso porque sabemos que el Chocó tiene que dar muchas luchas para alcanzar esos derechos. Al principio hubo optimismo, empezaron a darse los pasos necesarios pero últimamente el pesimismo ha llegado: se ha disminuido el nivel de reuniones, de acuerdos, de pasos efectivos que se tienen que dar. Sería muy grave que el departamento tuviera que volver a otro paro, pero no se descarta esa posibilidad. El diálogo con el nuevo gobierno tiene que llegar al cumplimiento, imagínese un tercer paro que irá hasta las últimas consecuencias porque la gente está cansada de que se le prometa y no se le cumpla. Nosotros seguimos acompañando, creemos que la vía del diálogo hay que agotarla hasta su máxima instancia”.

Para Dilon Martínez, otro de los líderes del paro cívico, que además ganó un premio nacional por su labor, el incumplimiento sistemático y el desprecio que el gobierno nacional ha mostrado por el Chocó en el último siglo se resumen en pocas palabras: “Es el racismo estructural de la sociedad colombiana”. El Chocó, y en general el Pacífico, no le importan a nadie porque son tierras de indios y negros, ciudadanos indeseables de segunda categoría.

“Si al capital extranjero le interesa el Chocó, entonces a la oligarquía le interesa el Chocó”, asegura Jorge Salgado, citando el conocido ejemplo de la Concesión Castilla que el general Rafael Reyes ferió entre los inversionistas norteamericanos comenzando el siglo XX para que se llevaran todo el oro y el platino de Condoto y Andagoya. Pero ahora las consultas previas y la resistencia de las comunidades tiene frenado el ingreso de las multinacionales, por eso el Estado considera que invertir en el Chocó es igual que “perfumar un bollo”, como dijo un diputado antioqueño hace unos años.

“La oligarquía es racista, dice ‘esos negros que se pudran, cochinos, huelen feo’”, remata Salgado, “pero el tema es más de fondo: en este momento el Chocó solamente le interesa al chocoano”.