Sin tierra, ni salud, se complica la reincorporación de las FARC

Las dificultades tienen que ver con la tenencia de la tierra, con la adquisición de predios para cultivar, con la potabilización del agua, con la expansión de proyectos para hidrocarburos o con el precario acceso a los servicios de salud… Los ex combatientes de las FARC sólo encuentran dificultades para su reinserción en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Pradera-Putumayo.

Al sur del Putumayo, pasando en un planchón o bote por el río que divide el poblado urbano de Puerto Asís hacia el corregimiento La Carmelita, en un trayecto de 30 minutos por carretera destapada hasta la vereda La Pradera, está la zona veredal Heiler Mosquera, que desde diciembre de 2017 es el ETCR que agrupa a excombatientes del Bloque Sur de las FARC.

Según el censo poblacional del Alto Comisionado, a 15 de noviembre del 2017 en el Espacio Territorial se registraban 409 adultos y 34 niños; según los datos más precisos y actualizados de un integrante del ETCR: “Entramos 680 y ahora hay cerca de 300 personas. La gente se va porque acá encuentran pocas posibilidades de hacer algo y menos si no hay tierra para producir (…) La tierra es muy necesaria para que se inicien los procesos de reincorporación”. Otro excombatiente puntualiza: “Aunque el Gobierno quiera cumplir el ritmo que lleva es muy lento y eso hace que el personal nuestro piense que no van a responder y terminan yéndose para otros lados”.

En el Comunicado Conjunto N° 19 de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, se estipulaba que los ETCR serían espacios para la reincorporación a la vida civil, para la generación de proyectos productivos y para el desarrollo de un “modelo de reincorporación comunitaria”. Uno de los pocos proyectos productivos iniciados en La Pradera es una panadería comunitaria.

El lote del ETCR es de 3 hectáreas alquiladas por Fondo Paz donde se distribuyen las unidades habitacionales que fueron construidas transitoriamente. “El Espacio Territorial no nos pertenece (…) el tema de la tierra para iniciar proyectos productivos no se ha solucionado (…) planteamos desde el principio que compraran el terreno, que salía más barato… En este momento esté vale mucho más porque hay construcción, con lo del arriendo que se ha pagado yo creo que ha costado tres veces más de lo que valía la tierra originalmente”, afirma un integrante de la ETCR.

El Fondo Paz, en la búsqueda de tierras aledañas a la ETCR, se ha encontrado con predios que pertenecen a varios dueños y no se ha realizado el englobe. “Vinieron a comprar tierra y les dieron unas expectativas a la gente de por aquí que no se cumplen”, asegura otro integrante de la ETCR.

EL ETCR está ubicado en el corredor vial Puerto Vega-Teteyé, en la zona del río Putumayo, el Cuembi y las aguas internacionales del río San Miguel, en la frontera con Ecuador. En este corredor ya existe la concesión de tres bloques petroleros adjudicados a las empresas extranjeras Gran Tierra Energy y Vetra. Desde el año 2002 se han explotado 39 pozos y la proyección petrolera asciende a unos 175 pozos. “Uno de los bloques da con una Zona de Reserva Campesina y ahí estamos sufriendo por tierra, el problema ahí no es comprar la tierra, sino si se puede cultivar”, advierte una integrante de la comisión minero-energética de la sociedad civil de Puerto Asís.

Problemas con el agua potable (también)

La actividad petrolera en el corregimiento, además, acabó con el agua potable. En el año 2014 la comunidad logró demostrar la presencia de materiales pesados, fenoles y grasas en cinco quebradas como consecuencia de la extracción de petróleo. Desde entonces, la Corte Constitucional obligó a la empresa Vetra a suministrar el agua potable a cinco veredas a través de carro tanques, bolsas de agua o botellones.

El agua de consumo del ETCR es captada de la quebrada San José (también contaminada) y de pozos. La planta de tratamiento instalada trata 28.000 litros en un día y almacena 56.000 litros. “La planta a veces funciona bien, a veces mal”, explica un integrante de la ETCR, quien además menciona que recientemente un ingeniero contratado por el Fondo Paz manipuló la planta de tratamiento de forma indebida con el suministro de químicos, colocando en riesgo a la población del ETCR. Un miembro del ETCR menciona que “Corpoamazonia, en el tema de saneamiento del agua, le ha hecho varios requerimientos a Fondo Paz y ellos responden que ya no es de su competencia porque hasta ahí llegó la plata del gobierno”.

Entre el 24 de febrero y el 31 de octubre de 2017, el Fondo Paz pactó con el Hospital Local de Puerto Asís y el Hospital María Inmaculada, a través de tres contratos distintos que suman 273.490.029 millones de pesos, la prestación de servicios básicos de salud y una ambulancia de manera permanente. “La ambulancia sólo hace un patrullaje. El compromiso era que la ambulancia permanecía 24 horas aquí y cuando la ambulancia la necesitara la comunidad, ésta salía (…) Hasta el 22 de febrero contrataron al médico, viene tres veces a la semana… muchos pacientes son remitidos para el especialista y toca ir hasta Puerto Asís”, se queja un excombatiente. Las mujeres en período de gestación optan por no asistir a los controles prenatales dado el estado de la carretera. “Hasta en la ambulancia se van con un brinconteo ni el verraco”.

A pesar del tráfico pesado constante de tractomulas y carros cisterna de las empresas petroleras a lo largo del corredor vial Puerto Vega-Teteyé, aparecen vallas anunciando “vía terciaria, tráfico liviano”. Allí el gobierno nacional, en el marco de acciones para el posconflicto con recursos del PNUD y la empresa privada, tiene en ejecución el “Plan Piloto Putumayo – Tecnologías Alternativas para Vías de Bajos Volúmenes de Tráfico”. “Cuando arreglan la carretera es con el objetivo que pasen motos y carritos pequeños, al pasar una tractomula se pierde el trabajo”, relata un integrante del ETCR.

Actualmente, los integrantes del Espacio Territorial reciben un subsidio de 680.000 pesos mensuales y para retirarlos deben desplazarse hasta Puerto Asís. En transporte puede gastar cada uno 30.000 pesos. En caso de tener una remisión médica, deben pagar un alojamiento en el casco urbano. “Por eso muchos no van a la remisión (…) y si suma los precios de los productos básicos de la canasta familiar todo se comolica porque aquí son muy caros al estar en zona cocalera”.

“Por iniciativa nuestra, hasta ahora tenemos unas pequeñas huertas en materas y gestionando tierras prestadas. Si desde que llegamos aquí hubiéramos podido sembrar, no tendríamos por qué seguir dependiendo del suministro de víveres del Fondo Paz”, señala otro excombatiente.

Otras amenazas en julio

A partir del 30 de junio de 2018, según el Decreto 580 del 28 de marzo de 2018, el abastecimiento de alimentos se suspenderá de forma gradual en los ETCR. Jean Arnault, representante especial de la Misión ONU en Colombia ya le indicó al Consejo Nacional de Reincorporación que: “(…) estamos convencidos que la total interrupción de suministros alimentarios a los ETCRs podría provocar una disminución significativa en el número de personas en esos espacios”. La Corte Constitucional también se pronunció respecto a quienes se encuentran en procesos de reincorporación son “sujetos de especial protección constitucional debido a su grado de vulnerabilidad”

Mientras los proyectos productivos llegan y se abren alternativas efectivas para la reincorporación, el uso de la cancha del ETCR para jugar un “picadito” de fútbol se la turnan entre miembros del Ejército y excombatientes. “Antes nos matábamos entre nosotros mismos, ahora compartimos. Este es un gesto del tiempo que deseamos vivir, pero necesitamos de la tierra para subsistir”, enfatizan varios excombatientes.