Aumentan las agresiones contra defensores de derechos humanos en Antioquia

(Fotografía: Galería de la Memoria «Dejemos que entre el sol».
Biblioteca San Javier. Medellín)

El subtítulo del apabullante informe sobre la situación de los derechos humanos en Antioquia 2016 que se ha presentado hoy describe bien las dos caras de lo que se vive en el país: “Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra«. Porque hay esperanzas multiplicadas que conviven con una fuerte arremetida contra líderes sociales, campesinos e indígenas en un departamento que votó de forma mayoritaria por el ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre.

Según los datos facilitados por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en lo que va de año se han registrado 207 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, un 16,3% que en todo el 2015, cuando se registraron 178. Aunque las cifras están lejos de las 481 agresiones de 2011, los redactores del informe se muestran especialmente preocupados porque en un contexto de construcción de paz sea cuando los hostigamientos se multipliquen.

Afirman los autores del informe que “es absurdo que todas estas agresiones ocurran en un contexto de movilizaciones pacíficas emprendidas por las organizaciones sociales en todo el territorio nacional, especialmente durante la denominada Minga Agraria Étnica y Popular que inició el 30 de mayo, en la cual las respuestas del Estado fueron acciones violentas y brutalmente represivas».

En lo que va de 2016 han sido asesinadas 11 personas, 6 de ellas en la región del Bajo Cauca. Aunque la mayoría de las agresiones (un 39,13% de las amenazas, hostigamientos, lesiones, detenciones arbitrarias, etcétera) se han dado en Urabá y sigue constatándose una especial saña contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que ha sido objeto de casi el 13% del total de agresiones contabilizadas en Antioquia. El sector más perseguido ha sido el campesino (23,67% de las agresiones coincidiendo con la celebración en junio de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular) y el siguiente ha sido el indígena (15,94%). El capítulo sobre agresiones contra defensores y defensoras ha sido elaborado por el observatorio de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad.

El informe advierte de que “el avance de grupos paramilitares en los campos y las ciudades de Colombia, la fragilidad de las funciones y los funcionarios estatales para garantizar ley, son formas de victimización y generan más riesgo para la labor de las y los defensores. La falta de un espacio de monitoreo de estos fenómenos, la falta de interlocución con el Proceso Social para las Garantías y posibles soluciones que minimicen las condiciones de peligro son una deuda inaplazable del Estado con los derecho humanos”.

Ante los hechos denunciados, en el informe se reclama la instalación urgente de la Mesa de Garantías para la labor de Líderes y Lideresas Sociales, Comunales y Ambientales, Defensores y defensoras de Derechos Humanos, que el Gobierno nacional y departamental llevan atrasando sin justificación. Además, se pide la investigación de todos los casos compilados (porque la impunidad sigue entorno al 90%) y que la Procuraduría General de la Nación investigue “el comportamiento violatorio de agentes y funcionarios del Estado contra la labor de las y los defensores de derechos humanos, y agilice en la resolución de los casos que gozan de total impunidad”.

El informe presentado hoy ha sido elaborado y está avalado por 26 organizaciones antioqueñas e incluye capítulos específicos sobre la violencia contra sindicalistas, la situación de las personas privadas de libertad, las agresiones contra la comunidad LGBTI, la situación de control criminal en el área metropolitana de Medellín o la violación de derechos humanos relacionada con megaproyectos de hidroeléctricas.

Descargar informe completo Derechos humanos en Antioquia 2016

Sin respiro para los trabajadores organizados

En las 141 páginas del informe se puede percibir el carácter crítico de este momento histórico. Mientras las organizaciones apuestan por la implementación de los acuerdos firmados por el Gobierno y la guerrilla de las FARC así como por el avance en las conversaciones con el ELN, también señalan los problemas estructurales que siguen amenazando la libertad de las personas y el derecho a la organización y la protesta de los movimientos sociales.

Llama la atención el alto número de víctimas que sigue poniendo el sindicalismo en el muro de la violencia. A 25 de noviembre de 2016 se registran ya en todo el país 182 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad de las personas que participan en los sindicatos. De hecho, de esas 182 agresiones, 14 terminaron con homicidios, el último de ellos el de Rodrigo Cabrera, en Policarpa (Nariño).

“En este periodo la violencia contra sindicalistas y sindicatos se ha presentado en 19 departamentos. Algunos con mayor registro de casos ha sido Valle [del Cauca] con el 29%, Santander con el 12%, Atlántico con el 10%, Cauca y Bolívar con el 9%, respectivamente”, destaca este capítulo, elaborado por la Escuela Nacional Sindical, Los relatores consideran que ha mutado la forma en que se agrede a los sindicalistas ya que año a año disminuyen levemente los casos documentados, pero hay un aumento cualitativo porque “la violencia antisindical contra la dirigencia aumenta, durante el 2016 en el 75,0% de los casos las víctimas fueron activistas y directivos sindicales. Se evidencia entonces la predominancia de una lógica que muestra una relación muy estrecha entre la violencia y el activismo sindical”.