Negar el conflicto armado es prolongarlo
El actual Gobierno Nacional intenta negar el conflicto armado al repetir lo que hiciera el expresidente Álvaro Uribe en sus dos períodos de gobierno, entre 2002 y 2010. En este contexto, el presidente Duque ha rechazado y descalificado el informe sobre Derechos Humanos en Colombia que presentó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la última semana de febrero. A esta desafortunada actitud se suma la propuesta del partido de gobierno, Centro Democrático, y del ministro de Defensa, de cerrar el convenio con esta Oficina de Naciones Unidas.
Es preciso recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, sin duda, el acuerdo más importante a lo largo de la historia de la humanidad, para respetar la integridad de cada una de las personas del planeta. La integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos llevó a mayores reconocimientos en materia de Derechos Colectivos y Derechos de los Pueblos. Como se sabe, los Estados firmantes son los responsables de garantizar su cumplimiento, entre ellos Colombia.
Es así como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, al ser uno de los mecanismos que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para velar por el cumplimiento de estos Derechos hace más de 20 años tiene presencia directa en Colombia, y ha contribuido al seguimiento de la lamentable situación de violación sistemática de los Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado prolongado, profundizado y degradado.
Por tanto, esta pretendida terminación de la observación internacional sobre la situación de los Derechos Humanos, es una amenaza para las comunidades que en regiones apartadas encuentran apoyo en el acompañamiento de la ONU para hacer visible sus condiciones de vulneración. Pero además, asegura el aislamiento de un país que no termina el conflicto armado, que profundiza la persecución a los defensores de los Derechos Humanos, al liderazgo social, a reincorporados, y que adicionalmente no cumple fielmente los compromisos que asume en cada sesión de seguimiento al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Un Estado que actúe en la legalidad, como es el lema del actual Gobierno, no ha de temer a la observaduría internacional, al contrario, reafirma su compromiso con los Derechos Humanos permitiendo que la lupa permanente de la ONU contribuya a prevenir y evitar a que haya impunidad o que se comporte como un delincuente a escondidas. Sin vigilancia internacional se habilita el camino hacia una dictadura real a pesar de la sostenida autoproclamación de ser la “Democracia más antigua de América”.
Otra expresión de la negación del conflicto armado es el apoyo irrestricto de la presidencia a la dirección de la política del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el cual a principios de febrero hizo pública una convocatoria de investigación en asocio con el Ministerio de Ciencias titulada “Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de Colombia”, que si bien usa la expresión “conflicto armado”, en el desarrollo de dicha convocatoria lo niega, pues en sus contenidos se refiere a las víctimas generadas por las guerrillas y no tiene en cuenta a las víctimas del Estado y de los grupos paraestatales o paramilitares. De esta manera salen de un solo tajo, para la investigación, por ejemplo, las miles de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos” cometidos por la Fuerza Pública, indicando además que ésta fue víctima y se debe investigar las acciones contra aquella.
La construcción de la memoria y el esclarecimiento de la verdad para la aplicación de la justicia y la reparación tiene una gran oposición que brota desde el mismo Gobierno, que con dicha actitud prolonga el conflicto que pretende negar. Es inaplazable el respaldo a las iniciativas comunitarias que vienen haciendo memoria desde hace décadas en Colombia.
**Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y asesor de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP).
