Buenaventura: primero la muerte, luego la inversión
Desde muy temprana un viejo pescador llamado Helio Contreras desenreda con calma un trasmallo de pesca. Es un día para estar en familia. Su casa en Puente Nayero costó muchas salidas al mar, mucho pantano entre los pies. Cuando terminó las bases del palafito tendió paredes, techo y se metió con su esposa. Lo que siguió después fue un acto coreográfico de tirar escombros de ciudad, basura y cualquier cosa que sirviera para bajarle profundidad al manglar. Toda la comunidad ayudó hasta que hoy, 28 años después, lograron terminar la carretera que los conecta con el resto de la ciudad. El mar quedó a espaldas.
Es una mañana lluviosa. La Policía Nacional, la Marina y el Ejército custodian la entrada a Puente Nayero y La Playita desde que el Ministerio de Defensa ordenó militarizar la zona en el 2014, cuando se hizo público el escándalo por las ‘casas de pique’ que habían instalado los denominados como neoparamilitares. “Ése día el presidente [de la República] supo de Puente Nayero”, sentencia Helio. “Mueren, luego existen”, escribió antes el cronista Alberto Salcedo Ramos.
Buenaventura es la ciudad puerto que mueve casi la mitad del comercio exterior del país. También es el municipio más pobre del todo el Valle del Cauca y, desde 2001, un escenario de horrores, fijado en su mayoría en barrios insulares ganados al mar donde se vive sin servicios públicos básicos. Hogar de desplazados del río Naya, puertos de bandas criminales y, ante todo, “estorbo para desarrolladores inmobiliarios”, según Orlando Castillo, quien, dos años atrás, tuvo el valor de denunciar ante las autoridades que en su propio barrio había una ‘casa de pique’ comandada por la banda criminal ‘La Empresa’.
Intereses y tierra
Mientras Orlando camina, la gente repara en el contraste entre su condición y aspecto humildes y la camioneta blindada en la que anda escoltado desde que entró al programa de la Unidad Nacional de Protección. Hace meses Orlando recibió apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para estudiar una maestría en derechos humanos. Dice que la violencia sobre Puente Nayero no se puede ver al margen de los intereses sobre el territorio insular. “Una señal de eso -explica mientras mete la camisa entre el pantalón- es que ninguno de los paras eran de acá, todos eran gente traída de otro lado”.
La “Comisión” es una ONG religiosa conformada por extranjeros y nacionales. Plinio, un líder pescador que ronda los sesenta, se siente muy agradecido de que esta organización hubiera hecho presencia física cuando aún los grupos armados estaban en el lugar. “Con todos esos gringos acá nosotros nos sentimos respaldados para sacar esos bandidos, eso no fue ni la Policía ni el Ejército, fuimos nosotros”.
Ahí no paró la cosa. Un día, hombres que se autodenominaban ‘gaitanistas’ asesinaron a tres pescadores delante de todo el barrio. Fue entonces que toda la comunidad comenzó a denunciar sin miedo. El representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, comparó los niveles de violencia en este municipio con los de África. El 30 de abril de 2014 la Comisión Intereclesial solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) unas 117 medidas cautelares y la protección de 302 familias afrodescendientes. “El Estado se sintió tan presionado por los piques que llegaron las primeras capturas, las medidas cautelares y se militarizó el barrio”, explica Plinio.
La comunidad reunida acordó liberar el lugar de asesinos. A finales de 2014 cerraron con puerta de madera la entrada al lugar, escribieron su propio manual de convivencia, y proclamaron el nacimiento del Espacio Humanitario Puente Nayero.
El detallado informe del Centro de Memoria Histórica ‘Buenaventura, un puerto sin comunidad’ analiza los picos de violencia en este municipio desde 1990 a 2014. Conforme a esta investigación, la ubicación geoestratégica de Buenaventura fue uno de los motivos para que, en 2003, el Bloque Calima de los paramilitares, al mando de Hebert Veloza García, alias ‘HH’, arribara a puerto a fin de disputarle a las FARC un territorio propicio para el narcotráfico.
En esa guerra, dice el CNMH, se cometieron 4.799 homicidios. Uno de los más recordados es el de 12 jóvenes de Punta del Este asesinados en un intento de reclutamiento forzado en el 2005. Otras 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado en ese mismo periodo.
Según Orlando, lo peor llegó luego de la desmovilización de Justicia y Paz, cuando las bandas criminales Urabeños, Gaitanistas y La Empresa ocuparon los barrios de baja mar (tierras ganadas al mar) para imponer la extorsión, gestionar el narcotráfico y desalojar el territorio.
El contexto ‘empresarial’ del horror
La marea comienza a bajar. Una pequeña embarcación se prepara para zarpar mar adentro. “El conflicto es por el territorio”, insiste Aldo Rentería mientras tira la cuerda del motor. Sus dos acompañantes asienten. Estos hombres ven pasar diariamente enormes buques de carga rumbo hacia otros países. Cuando el motor enciende, salen a tender sus redes.
Según Víctor Julio González, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), este año esperan mover el 49% de comercio exterior del país. Desde el gobierno de Cesar Gaviria, la administración del puerto es un asunto de privados. Él está encargado de brindar soluciones logísticas para clientes de “primer orden”. Su objetivo: hacer más competitiva a la SPB. Y el Gobierno está decidido a ayudarle. Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, anunció este año recursos para la ampliación portuaria adicionales a los 889 mil millones de pesos gastados el 2015. Con eso espera terminar la ampliación de Muelle Nº 1 con una capacidad para más de un millón de contenedores y otras adecuaciones.
Desde el palafito de ‘Los Contreras’, Helio señala una parte del Muelle. Cuando se enteró del plan para reubicar las viviendas a causa de la expansión portuaria y del desarrollo del complejo turístico Malecón de Bahía Cruz, los nervios desatados por los gritos que venían de la casa de pique se complementaron con la idea de dejar Puente Nayero.
Mónica Quiñones es la esposa de Aldo. Tienen una familia numerosa. Antes vendía a turistas destilados como ‘viche’ y ‘arrechón’ pero tuvo que recoger sus botellas y cerrar su negocio, ubicado sobre La Calle Primera, cuando arrancaron las primeras obras del nuevo malecón que ejecuta la sociedad anónima Findeter (Financiera del Desarrollo Territorial SA) y la Alcaldía por un valor de 27 mil millones de pesos.
El conflicto es más viejo. Data desde 2001, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial concretó el proyecto. La preocupación de la comunidad se acrecentó el 17 de marzo de 2015, el día que el vicepresidente Germán Vargas Lleras posó para la foto con víctimas del conflicto armado en lo que era la entrega de las primeras 565 unidades residenciales de la Ciudadela San Antonio. Un extenso plan de vivienda de casas uniformes de 52 m2 al sur de Buenaventura. En zona rural. A cuarenta minutos del mar.
“Allá nos quieren trasladar a todos”, anuncia Orlando.
Tierras ganadas al mar. Elaborado con base en testimonios locales. / Felipe Chica
“Del mar no nos vamos”
“Uno de pescador tiene lancha, motor, trasmallo, pimpinas y mucho chéchere que ocupa espacio… allá ¿donde mete uno sus cosas?”, insiste Helio. Sin gente, la zona de Baja Mar podría, según los planos, convertirse en 180.000 m2 de Malecón ‘higiénico’ donde los turistas verían el mar desde la ventana de su hotel.
Semejante sueño convocó recursos públicos e inversión extranjera. La Presidencia de la República instó a la Caja de Compensación Familiar del Valle y a la Alcaldía a acelerar la terminación de las 4.000 residencias de San Antonio para trasladar casos priorizados en Puente Nayero y La Playita.
Cada vivienda de la Ciudadela de San Antonio tiene un valor de 42 millones de pesos que incluyen el precio del lote. La exsecretaria de Hábitat de Bogotá, María Mercedes Maldonado, explica a Colombia Plural que, “teniendo en cuenta que la utilidad del constructor puede alcanzar el 10% del valor de proyecto, la calidad final de estas viviendas tiende a ser muy baja”. Y lo es. “La ley tiene opciones para ubicar la gente cerca de sus antiguos barrios, no hay que segregarla”, agrega. El plan del Gobierno se financia con una parte de los 60 mil millones de pesos incautados a Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, un narco ex jefe del cártel del Norte del Valle que fue condenado a 30 años en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Unos líderes quieren irse. Otros no. Los primeros quieren marcharse y olvidar así lo que vivieron en Puente Nayero, pero antes vender caro, pues un estudio de la ONG Mundubat (ver el informe íntegro) señala que “la informalidad de los terrenos ha favorecido la burbuja especulativa que sube los precios insulares para obtener beneficios en la reventa a inversionistas ejecutores de proyectos”. Helio explica que mientras una vivienda de palafito hace cinco años podía ser comprada en un millón de pesos hoy puede costar entre seis y ocho millones, según su estado.
Los líderes que le apuestan a la resistencia en el lugar temen que los saquen del mar. “Acá muchas mujeres sacan la piangüa de la playa y la venden en la galería, la madera sale de la isla. Acá está casi todo. Nosotros sin el mar no somos nada”, concluye Aldo caída la tarde, cuando regresa de pescar. Aunque le ofrezcan plata, él se opone a la reubicación. “En San Antonio nos quieren meter en una jaula y yo le digo a mis compañeros ¿entonces, de qué vamos a vivir allá?” San Antonio está rodeado de monte y pequeños esteros.
‘Master Plan Buenaventura 2050’
A la lista de proyectos para Buenaventura que encabeza el Malecón, se suma la vía Mulaló-Loboguerrero, la locomotora del Ferrocarril del Pacífico, el Proyecto Industrial de Agua Dulce y la Terminal de Contenedores, que en palabras de Óscar Isaza Benjumea, presidente de la firma Puertos, Inversiones y Obras -aliada del grupo holandés Maersk- lleva invertidos más de 1.258 mil millones de pesos.
Para semejante desarrollo físico, el Ministerio de Ambiente sustrajo por medio de la resolución 0684 de 2008 unas 215 hectáreas de zona de reserva forestal y las declaró utilidad pública.
La gran mayoría del presupuesto para estos proyectos corre por cuenta del Estado. Los expertos llaman a esta operación de invertir lo público para beneficio de lo privado: “Estímulos a la inversión extranjera”. Pensando en eso, la Alcaldía ha pedido que la gestión del Malecón recaiga sobre el Distrito de Buenaventura. Findeter ya la bajó del sueño e informó que será la empresa –privada- catalana Esteyco la encargada.
Un periodista local que pidió reserva de su identidad afirmó que Esteyco y Puertos de Barcelona, propiedad ahora del grupo holandés Maersk, son los autores del ‘Master Plan Buenaventura 2050’. En plata blanca, la hoja de ruta del Gobierno para las grandes inversiones en el municipio la hicieron los mismos que ahora se benefician de ella.
Un día de pesca cualquiera, Helio dice haber encontrado ocho cuerpos en la Isla Calavera o Los Pájaros. Desde eso sale poco al mar. Está seguro que en ese lugar hay cientos de restos de desaparecidos. Aun así no claudica -De acá no me sacan-
Él y otros líderes fueron amenazados en su propia casa con presencia de la policía en el barrio. En la zona se respira una calma insólita, como si un mando superior hubiera ordenado desaparecer de tajo a los violentos de Baja Mar. Para Orlando, el horror que vivió su comunidad tiene un contexto empresarial. En Colombia, 57 empresas están siendo investigadas por financiar el paramilitarismo en el país entre las cuales están multinacionales como Drummond Company y Chiquita Brands, ambas instaladas en el Caribe. “Las casas de pique no desaparecieron… Se trasladaron”, sentencia.
En un país que se ha hecho experto en invertir sobre el despojo, las inquietudes de la gente de Puente Nayero no son infundadas. Sin embargo, el Espacio Humanitario Puente Nayero (desde octubre de este año ha contagiado a un nuevo espacio en la contigua calle Puerto Icaco), parece ser el único recurso que tienen para oponerse a la esta avanzada de inversiones que se traza sobre el pacífico colombiano. Aldo concluye: “Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero pedimos que nos incluyan, que no nos saque de acá. Ya hemos sufrido demasiado”.
- Los nombres de líderes y pescadores han sido cambiados para proteger la identidad de los entrevistados. Sólo se mantiene el de Orlando Castillo por petición de él mismo.
