El Capítulo Étnico de los acuerdos de paz, otro asunto pendiente

El Capítulo Étnico fue uno de los ejemplos de presión política de indígenas y afrocolombianos que logró ser escuchado en la mesa de La Habana, incorporado en el último momento, el mismo día de la firma del primer acuerdo. Ahora el desarrollo de la consulta previa que implica ese Capítulo Étnico -solo 4 páginas de 310- pone en vilo su ejecución, porque no puede ser desarrollado si no se consulta, porque todos los componentes del acuerdo de paz deben ser construidos junto a los grupos étnicos -Reforma Rural, Víctimas, Participación Política, Cultivos Ilícitos..- y mientras afros e indígenas plantean diversas propuestas -que pasan por negociaciones directas con las comunidades en los territorios- desde el Gobierno no hay claridad sobre la ruta para hacer las consultas.

Mientras la implementación de los acuerdos vía fast track lleva un acelerado desarrollo normativo, la consulta a los grupos étnicos no lleva el mismo ritmo, los tiempos no están acompasados y algunos actos legislativos ya se han realizado sin esa consulta. Al menos, el 31 de enero quedó por fin constituida la Instancia Especial de Alto Nivel para los grupos étnicos que debe velar porque la interpretación e implementación de lo pactado en La Habana tenga un enfoque étnico. Lo ha hecho, sin embargo, con dos meses de retraso sobre la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación (CSIVI) de los acuerdos de paz, donde sebe ser consultora e interlocutora. Otro ejemplo de los dos ritmos. Las garantías de seguridad para los líderes de los grupos étnicos, es otra de las grandes preocupaciones.

Equiparar la velocidad del fast track con la compleja ruta de la consulta previa es el reto para desarrollar el capítulo étnico. Ese fast track es una de las principales preocupaciones en estos momentos, reconoce Ariel Palacio, de la Comisión Étnica para la paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, porque “el capítulo étnico establece unos alcances de los pueblos étnicos que los vincula a la revisión de cada una de las iniciativas legislativas, en tanto pudieran afectar derechos de los pueblos, tanto en lo territorial como en lo político, en los aspectos ligados a la sustitución y tratamiento de los cultivos ilícitos y frente a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Daniel Garcés Carabalí, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), cree que la Instancia deberá permitir que los grupos étnicos puedan «participar, hacer seguimiento y también orientar”, tanto a las FARC, como al Gobierno, en materia de protección de sus derechos en el actual contexto de paz y en la desmovilización de las FARC, pero también plantea la necesidad de «implementar acciones estructurales en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrocolombianos«..

Reunión de instalación de la Instancia de alto nivel de los pueblos étnicos

Para ello se necesita el proceso de consulta previa. Aquí, el Capítulo Étnico de los acuerdos consideró como salvaguardia y garantía para la interpretación e implementación de los acuerdos de paz que se “respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada”. Esto quiere decir que se deberá hacer consulta previa a los grupos étnicos sobre todos los componentes del acuerdo que se den en el proceso de implementación y que afecten directamente los intereses colectivos de estas comunidades.

Sobre la forma de esa consulta previa, Aiden Salgado, líder palenquero y miembro de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), cree que es esa Instancia de Alto Nivel la que debe construir el protocolo de la consulta previa y que esto debe hacerse desde el principio fundamental de los acuerdos de La Habana, “respecto a que se debe hacer con la comunidad en el territorio, no con las organizaciones, ni con los individuos, ni con ese espacio (en referencia a la Instancia de alto nivel de los grupos étnicos)». A su juicio, una de las funciones de esa Instancia debe ser facilitar las condiciones para que sean las comunidades que afronten la consulta previa y dar el acompañamiento que ellas requieran en «apoyo técnico, político y académico»

El caso de los grupos indígenas es un poco diferente debido a que ya cuentan con un órgano de interlocución, que es la Mesa Nacional de Concertación de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, hay un sector de organizaciones que cree que se debe ir más allá ya que algunas de ellas no están representadas en ella. Luz Mery Panche, de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), explica que al no tener organizaciones en la Mesa de Concertación “tenemos que llegar a un acuerdo con la ONIC para que se permita nuestra participación”. Su objetivo es, al igual que señalaba Salgado, que el proceso de consulta previa “se haga directamente con las comunidades en los territorios donde se va a iniciar la implementación y que eso no se vuelva ese espacio de negociación en donde solo quienes están en la mesa de concertación terminen tomando decisiones a nombre de todos los pueblos indígenas del país».

La agenda legislativa va avanzando al ritmo del fast track en el Congreso de la República a pesar de que todavía no existe claridad en la ruta o protocolo que se debe tener para la consulta previa. A juicio de Palacio, de la Comisión Étnica para la Paz,  la propuesta para salir de esta situación “tendría que reconocer, por ejemplo, la crisis que tiene el movimiento social afrodescendiente con relación a su participación política y en la determinación de lineamientos de política que afectaría a sus territorios».

Y junto a todo ello ronda otra preocupación latente, la de las garantías de seguridad para los liderazgos que poseen los pueblos étnicos. Para Luz Mery Panche, uno de los “desafíos” más importantes para la implementación del capítulo étnico es que  “el Gobierno se responsabilice de la seguridad y protección de los dirigentes de nuestras organizaciones, porque vienen siendo amenazados, asesinados y así lo hemos manifestado al ministro del Interior».

El capítulo étnico reconoce el aporte que los grupos étnicos han hecho en materia de construcción de paz en Colombia, así como los aportes al desarrollo económico y social del país. De manera particular, este pacto admite que los grupos étnicos “han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos”

Los desafíos son muchos y las expectativas de los grupos étnicos se entrelazan con sus múltiples propuestas para lograr avanzar en la implementación de un acuerdo que acabará con un conflicto de 50 años en donde las afectaciones e impactos han sido calificados por estas organizaciones como “desproporcionados” para el caso de las comunidades y territorios afrocolombianas e indígenas.

«Nosotros a nivel de los grupos étnicos necesitamos una adecuación institucional que posibilite que efectivamente haya implementaciones directas con los pueblos afros, en materia de lo que tiene que ver con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, lo que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes de los grupos étnicos, lo referido a la participación política», cierra Daniel Garcés, alertando también sobre el vacío que existe en términos de representación política de los Afrocolombianos en el Congreso de la República, debido a que aún no se resuelve la ausencia de representación en las dos curules que tienen gracias a la ley 70 en la Cámara de Representantes.