La paz secuestrada
Al posesionarse el nuevo presidente, el pasado 7 de agosto, se anunció que durante los siguientes treinta días se haría una evaluación -con la participación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica- para conocer la situación en la que se encontraba la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual generó una gran expectativa, pues ello era una señal de tomarse las cosas con seriedad y así hacer los ajustes que fueran convenientes entre las partes para dar continuidad a esta Mesa.
Terminó ese plazo y no se conoció si a ciencia cierta el nuevo Gobierno hizo o no la anunciada evaluación; no obstante, hemos escuchado reiteradamente que el presidente Duque no retoma la Mesa, por el contrario, ha puesto condiciones para establecer un diálogo, desconociendo lo que se había avanzado con el presidente [Juan Manuel] Santos, en tanto que se había logrado, luego de varios años de exploración, que la guerrilla del ELN tomara la decisión de formalizar la apertura de un diálogo conducente a poner fin al conflicto armado y con ello avanzar hacia lo que anhela el país: una “Paz completa” como continuidad al Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las FARC. No se tiene en cuenta ahora este recorrido entre las partes y el respaldo de la sociedad que fue testigo del pacto, en marzo de 2016, sobre una agenda y el comienzo de la negociación en febrero de 2017 para desarrollar dicha agenda.
El Gobierno exige para retomar la Mesa lo que debe ser el resultado de una negociación, esto es: concentración, dejación de armas y avanzar hacia el desarme y la reincorporación, suspendiendo todo el accionar de esa guerrilla. Lo que esto implica es no dialogar, sino mantener el esquema del gobierno de los períodos de 2002 hasta el 2010, en el cual se negó la existencia del conflicto armado y se ofreció la puerta del sometimiento a la justicia, poniendo así en alto riesgo la Mesa, pues el Gobierno no la cierra, tampoco nombra a sus delegados, exige hechos de paz de parte del ELN por fuera de una negociación ya comenzada, con lo cual al parecer se busca que la contraparte se canse y se vea obligada a levantarse y no dialogar, para dejar el camino abierto a la justificación de la guerra total.
Una guerra interna que la quieren ampliar hacia una confrontación transfronteriza porque, aunque se diga que no se está de acuerdo con la salida militar a la situación de Venezuela, se han propiciado acciones que generan condiciones para que se prenda la chispa de la confrontación con un país hermano, siguiendo el querer del gobierno de [Donald] Trump.
El ELN por su parte ha realizado dos liberaciones de miembros de la fuerza pública en lo que va corrido de estas mismas ocho semanas, dice estar esperando en la Mesa a la contraparte para dialogar sobre todos los temas que se pacten, pero no afirman categóricamente que terminarán de una vez por todas la práctica del secuestro -o “retenciones”, según su lenguaje- pues consideran que esto forma parte de un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades que se debe pactar en la Mesa.
A este panorama se une el pesimismo sobre la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera firmado con las FARC. Esta semana que termina, un vocero del Gobierno anunció que no había dinero para cumplir con dicho Acuerdo, lo cual genera alarmas en los excombatientes que están esperando se consolide su proceso de reincorporación al tiempo que alimenta la decisión de quienes se han tornado disidentes.
Así las cosas, la que está secuestrada es la Paz, la cual no puede estar bajo discrecionalidad de un Gobierno, puesto que es un derecho y un deber, por tanto le pertenece a la sociedad. Emulando la consigna de los pueblos indígenas de “liberar a la madre tierra”, todos los colombianos y colombianas debemos “liberar la paz” de quienes se afincan en la mezquindad partidista para no aceptar los avances del anterior gobierno frente a la paz, y además agregar un nuevo riesgo de avanzar hacia un conflicto con Venezuela, pues azuzar a los militares de allí a derrocar a ese gobierno no es otra cosa que abrir las puertas a una guerra civil de ese hermano país que, sin duda, se revierte a nuestro territorio en distintos ámbitos.
Todos los sectores sociales debemos exigir la continuidad de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, que ambas partes muestren más generosidad y compromiso con la paz, que no es de ellos sino de todos nosotros; llamar a la vigilancia del cumplimiento el Acuerdo de Paz ya pactado con las FARC, y por ninguna circunstancia aceptar que se promueva una confrontación bélica con Venezuela.
*Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico.
