La paz y la pandemia: silencio del Gobierno y distorsión del ELN
El atronador silencio del Gobierno Duque y los señalamientos de algunos mandos del ELN a facilitadores de paz desconocen los esfuerzos de la sociedad civil por reanudar las negociaciones en La Habana.
Las comunidades del Pacífico y del suroccidente colombiano, las más aquejadas por la guerra reconfigurada y el olvido estatal, llevan meses clamando por un Acuerdo Humanitario que alivie la dramática situación de sus poblaciones. Esa sociedad civil vio una oportunidad en el cese al fuego unilateral declarado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el mes de abril por la pandemia del covid-19 y redobló esfuerzos para impulsar un cese al fuego bilateral y lograr la reapertura de negociaciones en La Habana. También recogieron el guante de la reflexión mundial sobre la necesidad de nuevas formas de vivir y de convivir. Pero ante ese clamor, o silencio o distorsión.
En el foro virtual convocado por Defendamos la Paz el pasado 17 de abril sobre “El Estado de la búsqueda de paz entre el gobierno y el ELN, se escucharon múltiples voces que exigían a Gobierno y ELN gestos que abran la posibilidad a la paz. Las comunidades del Bajo Atrato que forman parte de la Red Conpaz leyeron un comunicado en el que denunciaban que el 18 de marzo le pidieron al presidente de la República, Iván Duque, que aceptara un “acuerdo humanitario global por la pandemia”. “Un mes y no hay respuesta”, se quejaban. Al ELN le decían que el “cese al fuego unilateral es bueno, pero insuficiente”, por eso le reclamaban nuevos gestos para aliviar la situación humanitaria en la región. También ampliaban los actores que deben dialogar y ceder: paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), fuerzas militares, multinacionales, empresarios nacionales que se benefician de la guerra… “Sólo un desarme total abrirá espacios a la justicia”.
Ese texto lo leyó Leyner Palacios, secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), desde donde también se ha estado reclamando el Acuerdo Humanitario. Palacios, en ese foro virtual, defendió que el cese bilateral del fuego es fundamental en este momento. “A las comunidades del Pacífico no les angustia tanto la pandemia como la guerra que está desatada en la región, y otros problemas como las inundaciones… ojalá esto sea acogido por el Gobierno Nacional. Negociar con los grupos insurgentes no es hacerle un favor a esos grupos sino generarle las posibilidades de vida a las comunidades. Reabrir esa mesa de diálogo [por la que quedó suspendida en La Habana con la entrada de Duque al Gobierno] es mandarle un mensaje humanitario ante la situación tan cruda y dolorosa que viven unas comunidades del Pacífico que sufren una condena a muerte”.
En la misma línea se pronunció el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, un facilitador de todos los procesos de negociación que, de hecho, ha sido atacado de forma muy dura por los sectores más guerreristas de la política nacional. “Hay que preguntarse si el gobierno actual tiene una política de paz. Ellos apuntan a una paz con legalidad y nosotros los que hemos dicho es que el objetivo de Colombia es lograr la legalidad con la paz. En ese sentido, primero hay que reconocer el conflicto armado, cuando se habla de paz con legalidad se entroniza la ley y se desconoce el conflicto y se absolutiza la represión o la rendición de los armados”, explicaba el arzobispo. Monsalve exigió en ese foro al gobierno que reconozca de una vez por todas a la Delegación de Paz del ELN que permanece en La Habana, que restablezca las relaciones con países como Cuba o Venezuela y que aproveche los buenos propósitos de la Santa Sede y de la comunidad internacional para reabrir cuanto antes la mesa de negociación entre Gobierno y guerrilla. También le pedía al Ejecutivo que no vaya “por un camino perverso de tratar de dividir al ELN entre una línea militar, en los territorios, y una línea amiga de las negociaciones”. Recordaba Darío Monsalve que en estos procesos la sociedad civil organizada es la clave, aunque apuntaba a la dificultad del reto: “No será fácil organizar un poder de la sociedad civil alternativo a un gobierno –no al Estado, porque la sociedad es Estado-, a un gobierno que no tienen política de paz alternativa a la del gobierno anterior, si es que esa no le servía”. En esa línea, animaba al Gobierno a retomar la propuesta de cese al fuego bilateral que estaba diseñada el 6 de agosto de 2018 y que el anterior gobierno no llegó a firmar.
A renglón seguido, el arzobispo de Cali también planteaba asuntos concretos al ELN: convertir el cese al fuego unilateral de abril en uno permanente; la liberación inmediata de las personas retenidas o secuestradas; respeto de las comunidades en los territorios, de su liderazgo y sus autonomías, y pasar de las palabras a los hechos en el compromiso ecológico.
O silencio, o distorsión
Si la reacción del Ejecutivo a todos estos reclamos ha sido un pavoroso silencio, el segundo al mando del ELN, el comandante Antonio García, ha reaccionado distorsionando lo dicho y atacando a los facilitadores de paz. En una nota pública cargada de sarcasmo, García señalaba directamente: “Se ha vuelto moda entre los facilitadores complacer al gobierno, quedar bien con él. Así las cosas los facilitadores se inhabilitan, pues no hacen lo que deben (…) es bueno que quienes se dicen facilitadores al menos nos escuchen, entre ellos Monseñor Monsalve, quien sólo nos exige al ELN y nada al gobierno. Hacemos cese unilateral, el gobierno no hace nada y ahora que extendamos el cese y además que hagamos otros gestos. Si quieren ceses que responda el gobierno, si no es así, no se puede”.
Ante ese señalamiento con nombre, en un país en que los señalamientos no salen gratis, la Coordinación Regional del Pacífico y la CIVP han recordado que el cese al fuego decretado por el ELN –“positivo y un buen mensaje de camino hacia la paz”- “no se ha logrado el propósito de alivio en nuestra región, pues se arreciaron los combates entre este grupo y estructuras paraestatales. Por su parte, el Gobierno Nacional no ha atendido nuestro llamado de promover un cese al fuego multilateral”.
Dice el comunicado, firmado por 36 organizaciones étnicoterritoriales, diócesis católicas y asociaciones de víctimas, que “el pasado 21 de abril, el segundo comandante de la guerrilla del ELN en pronunciamiento público expresó un abierto rechazo a las actuales iniciativas de facilitación de paz, paradójicamente contrario a los supuestos postulados de este grupo de construir la paz con la participación de la sociedad”. Y recuerdan al ELN: “Nuestra gestión de facilitación social para la paz no es un asunto diplomático, es ante todo la manera de sobrevivir y exigir que se respete definitivamente el derecho que le asiste a las comunidades, y a la sociedad en general, a no vivir bajo la zozobra de la confrontación armada. Todos los actores armados dicen representarnos pero a ninguno le hemos otorgado ese rol. Nuestros procesos se representan así mismos, pues somos gestores de construcción de paz con justicia social y ambiental, no nos identificamos con ningún bando bélico ni acción militar”.
“La presencia de los actores armados nos genera más dificultades para atender los problemas estructurales que acrecientan la inequidad social, como la corrupción, el abandono estatal, la acumulación inmoral del capital por parte del sector financiero. Asuntos reflejados hoy de manera evidente en la grave crisis de los Derechos Humanos en general, de manera especial en el derecho a la alimentación y a la salud, agudizada por la actual pandemia del Covid 19”, insiste la Coordinación y la CIVP, desde donde se vuelve a exigir a “todas las partes un cese al fuego que conduzca a un alivio humanitario inmediato para las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, que a su vez allane el camino para un proceso que complete y consolide la paz que anhelamos seguir construyendo”.
