Llevan a la CIDH las propuestas del No sobre Justicia Transicional

Las propuestas de modificación de la Jurisdicción Especial de Paz serán examinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 18 organizaciones de derechos humanos y de víctimas y dos congresistas (Alirio Uribe y Ángela María Robledo) han solicitado una audiencia ante esa corte porque están convencidos de que si las modificaciones son aceptadas se perpetuará la impunidad de los responsables de crímenes de Estado y paramilitares debido a su “laxitud”. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio que no les favorecen”, denunciaba en una rueda de prensa conjunta Diana Gómez, del Movice. En opinión de todos estos colectivos, el resultado del plebiscito demuestra no solo que no se entendió la importancia del acuerdo para los derechos de las víctimas, sino que se lanzaron mensajes centrados en la imagen desfavorable de la guerrilla “invisibilizando la existencia de crímenes cometidos por agentes estatales”.

En Colombia el 84% de los 45.944 casos de desaparición forzada son atribuidos a los grupos paramilitares y a agentes de la fuerza pública. Son datos del informe ¡Basta ya! del Centro de Memoria Histórica, en el que se recoge que las 4.475 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2010 son responsabilidad de agentes estatales; que en el caso de los asesinatos selectivos, el 69% son responsabilidad de paramilitares y fuerza pública. De las 1.982 masacres documentadas en esos años, el 56% son atribuidas a paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles y civiles financiadores del conflicto. El 17% sí es atribuible a la guerrilla.

Rueda de prensa ofrecida por las organizaciones de Derechos Humanos // Foto: Cajar

“No fueron las FARC los únicos responsables de crímenes graves en el contexto del conflicto armado”, recuerdan las organizaciones, que lamentan que a pesar de ello los promotores del ‘No’ han reactivado la propuesta de un “alivio judicial” para integrantes de la fuerza pública. Un alivio que puede suponer “mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales” y que no garantiza la “rendición de cuentas” ni de estos ni de los financiadores del paramilitarismo. Para Soraya Gutiérrez, directora del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), propuestas como las del expresidente Álvaro Uribe lo que pretenden es, precisamente, “sustraer de la justicia a los agentes del Estado y están dirigidas a desconocer los derechos de las víctimas y particularmente los de las víctimas de crímenes de Estado”. «Sin verdad o con una verdad parcializada se dificulta la construcción de una paz estable y duradera», sentenció Diana Gómez.

También se mostraron en contra de la propuesta del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de aplicar la ley de Justicia y Paz porque después de 10 años de aplicación solo tiene 40 sentencias a pesar de las 15 mil copias que se han compulsado y que vinculan a políticos, militares y empresarios en todo lo que fue el accionar de estructuras paramilitares, según recordó la abogada del Cajar, Soraya Gutiérrez.

Las organizaciones también advierte de que todas esas propuestas de los promotores del ‘No’, no serían aceptables por la comunidad internacional y recuerdan que organismos como la CIDH o la Corte Penal Internacional revisan periódicamente la situación de Colombia.

En su opinión “es una obligación de la mesa de La Habana reconocer y avanzar sobre lo acordado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, por lo que esperan que la modificación del acuerdo -que no pueden ser estructural- respete la centralidad y los derechos de las víctimas. “Estaremos atentos a que las voces de quienes han padecido la guerra y la violencia sean escuchadas”. Finalmente, saludaron el inicio de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y confiaron en que este proceso se acoja los principios rectores Justicia Especial para la Paz contenidos en los acuerdos con las FARC