Los militares colombianos, en el radar de la justicia internacional

Colombia lleva en situación de examen preliminar en la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2004. Si bien el país entró al mecanismo judicial internacional con una salvaguarda para los crímenes de guerra cometidos hasta 2009, los crímenes de lesa humanidad –como la ejecución extrajudicial- son revisados desde noviembre de 2002. Por eso, según El Espectador, el Gobierno ya conoce un informe de la Fiscalía de la CPI en el que figuran los nombres de 23 generales y 6 coroneles activos o retirados involucrados en 1.228 casos de ejecuciones extrajudiciales, los conocidos en Colombia como falsos positivos.

Desde que se destapó el escándalo en 2008 –administraciones de Álvaro Uribe- se han registrado algo más de unas 4.200 ejecuciones de civiles que luego eran presentados como guerrilleros caídos en combate. Hace tan sólo unos días, la organización Human Rights Watch denunciaba que “si bien más de 1.000 miembros del Ejército han sido condenados por estos delitos, pocos de los comandantes que dirigían las brigadas responsables de los asesinatos —y luego obtuvieron ascensos en los escalafones militares— han rendido cuentas por estos hechos. Todavía no resulta claro si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tendrá competencia sobre delitos relacionados con el conflicto armado, entenderá en estos casos. Si la Jurisdicción Especial para la Paz interviene en casos de ‘falsos positivos’ y aplica la definición distorsionada sobre responsabilidad de mando que aprobó el Congreso, es probable que los altos mandos responsables de estos atroces asesinatos nunca rindan cuentas por sus crímenes”.

La información remitida por la justicia colombiana a la CPI indica que, desde 2012 “dos coroneles, dos tenientes coroneles, doce mayores, ocho capitanes y veintinueve tenientes han sido condenados por este tipo de conducta”.

Ahora, la Corte Penal Internacional tendrá jurisdicción en estos casos si la justicia colombiana –tanto la ordinaria como la JEP- no hacen lo suficiente para esclarecer las responsabilidades. Entre los citados en el informe de la Fiscalía de la CPI figuran el comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y tres de los ex comandantes del Ejército: Mario Montoya, Jaime Lasprilla y Óscar González. También estarían en la mira del tribunal internacional Henry Torres Escalante, único general llamado a juicio por los falsos positivos, así como los generales Jorge Salgado, Luis Pico Hernández, Paulino Coronado, José Joaquín Cortés, Gustavo Matamoros Camacho o Jorge Rodríguez Clavijo.

En general, la Fiscalía del CPI ya ha definido, y así lo recordaba en su último informe público de noviembre de 2016, que tiene jurisdicción en “crímenes de lesa humanidad con arreglo al artículo 7 del Estatuto de Roma han sido cometidos por distintos actores en Colombia desde 1º de noviembre de 2002, incluyendo asesinatos(…); traslado forzoso de población (…); encarcelación u otra privación grave de la libertad física (…) ; tortura (…); y violación y otras formas de violencia sexual (…)”; y en crímenes de guerra cometidos después de noviembre de 2009, como “homicidios (…); ataques dirigidos contra la población civil (…); torturas y tratos crueles (…); ultrajes contra la dignidad personal (…); toma de rehenes (…); actos de violación y otras formas de violencia sexual (…), y el reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades”.

Según devela hoy El Espectador, el reporte de la Fiscalía del CPI “señala que, dentro de la cadena de mando, es precisamente el gran debate de la JEP para los militares, en algunas ocasiones hubo conocimiento previo de los hechos que contribuyeron a la implementación de estrategias diseñadas para cometer los crímenes. Algunas de las ejecuciones extrajudiciales demostraron que los implicados acordaron vestir a las víctimas como guerrilleros y que, en otros casos, las autoridades minimizaron las acusaciones de lo que estaba sucediendo. Al finalizar el reporte, la Fiscalía de la CPI precisó que la información que han entregado las autoridades colombianas es insuficiente para concluir que se están o se han tomado medidas concretas y progresivas de investigación frente a los casos mencionados de ejecuciones extrajudiciales”.

Es decir, la cadena de mando, eliminada en el acto legislativo 1 de 2017 que creó la Jurisdicción Especial de Paz que ahora evalúa la Corte Constitucional, es fundamental para esclarecer el papel que jugaron los oficiales en esta matanza de miles de civiles que sólo se conoció seis años después de que estuviera generalizada. Muchos de los casos que están en el radar de la CPI señalan al general (r) Montoya, uno de los más condecorados y sobre el que hay más sombras. Montoya fue nombrado comandante del Ejército en 2006 por Álvaro Uribe Vélez. Cuando surgió el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, Montoya renunció y Uribe lo premió con la embajada en República Dominicana. Sólo la presión internacional obligó a Juan Manuel Santos, siendo ya presidente, a relevarlo.