Los paramilitares asedian la zona turística de Buenaventura
Ladrilleros y Juanchaco conforman uno de esos paraísos turísticos de Colombia. Allí se avistan ballenas y hay playas espectaculares, un parque nacional marítimo (el de Uramba Bahía Málaga) gestionado, tras una larga lucha, por el Consejo Comunitario afro de Juanchaco. Pero en Ladrilleros, en Juanchaco o en La Barra, epicentro de una economía turística de la que depende cientos de familias, hoy hay miedo. La Defensoría del Pueblo confirma ahora que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están intentando hacer reclutamiento forzado. También están ejerciendo violencia sexual contra jóvenes de la zona. Por eso la Defensoría emite una alerta y advierte de que 500 familias en Juanchaco, 178 en Ladrilleros y 110 en la hermosa comunidad de La Barra están en alto riesgo. Estas estructuras armadas ilegales están amenazando a los civiles, cometiendo homicidios selectivos, reclutando de forma forzosa, afectando la integridad sexual de jóvenes, extorsionando y provocando desplazamientos forzados individuales y colectivos en la costa y en la ciudad.
La situación se ha agravado en los últimos meses, coincidiendo con el despliegue paramiltar en esta área al norte de la ciudad de Buenaventura, al igual que está ocurriendo de nuevo en la propia capital del Pacífico, donde, según el reporte de Defensoría, “hombres armados que se identifican como ‘la Gente del Orden’ también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar, para pagarles un millón de pesos por sus ‘servicios’. Un muchacho de la Comuna 12 declaró tuvo que huir con su familia al negarse a integrar este grupo armado ilegal”. Las comunas más afectadas en Buenaventura son la 12, la 4 y la 3. Además de la presencia paramilitar, la Defensoría asegura que antes de que comenzara el cese al fuego bilateral y temporal con el ELN “el 24 de agosto en la Comuna 12 fue dejada una pañoleta roja y negra en la calle, causando intimidaciones de las AGC a varios pobladores; previamente, el 4 de julio, apareció una bandera en la zona turística de El Malecón y en el barrio Juan 23 de la Comuna Siete declara una familia amenazas si los jóvenes no se iban reclutados con ellos”.
Buenaventura es una de las ciudades más golpeadas por el conflicto armado en los últimos años, a lo que hay que sumar el abandono estatal que provocó un histórico paro cívico este mismo año. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha exigido a la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buenaventura, la Fuerza Naval del Pacífico, la Policía y la Unidad Nacional de Protección (UNP) que adopten “las medidas eficaces y oportunas de prevención y protección para mitigar o eliminar el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal de los pobladores descritos en el presente informe de riesgo de inminencia, debido a la alta probabilidad de ocurrencia de violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al DIH”.
Buenaventura ya es un lugar sometido a la presión de las ‘nuevas’ violencias y de hecho en este momento acoge con precariedad a 652 de las 1.878 personas desplazadas de manera forzosa de comunidades afrodescendientes e indígenas (Wounaan) que habitan en las zonas del Bajo San Juan y el Bajo Calima. Mientras, las comunidades ribereñas del Pacífico de Cocalito y Jooin Jeb, en el Valle del Cauca, presentan “situaciones de confinamientos” por “graves limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios básicos” hechas por un grupo armado no identificado, según Naciones Unidas.
