Los territorios impulsan la paz ante la parálisis del Gobierno

En Quibdó arranca hoy un nuevo e intenso esfuerzo de las comunidades por salvar los procesos de paz ante una degradación humanitaria palpable en los territorios y una actitud del Gobierno de sordera ante “el clamor de las comunidades”.

En el Chocó viven una paz que se parece demasiado a los tiempos de la guerra: “Accionar de los grupos armados, legales e ilegales, delincuencia común, violencia y criminalidad en la zona urbana y vergonzoso abandono estatal, tan palpable, en la falta de seguridad alimentaria y desnutrición infantil en las comunidades indígena y negras, infructuoso sistema de salud y saneamiento básico, deterioro ambiental, quebranto del tejido social, entre otros”.

Esta descripción hecha por varias organizaciones en un comunicado hecho público el pasado domingo se parece demasiado a una guerra para que el Gobierno -o cualquier opinador urbano- puede hablar de una paz. Por eso, desde Quibdó arranca hoy una campaña nacional que buscar impulsar los procesos de paz –uno en estado de coma y otro congelado-, lograr “alivios humanitarios” para las comunidades y hacer llegar al Gobierno un mensaje claro: “La guerra en donde mueren colombianos y colombianas no puede ser la cortina que tape la incapacidad, la corrupción y la perversidad de quienes mal- administran y desgobiernan en Colombia”.

Por eso, “ante el incumplimiento de los acuerdos con las Farc, y el estado de inmovilidad y descuido en el que ha caído el proceso con el ELN durante estos primeros 100 días de gobierno del presidente Duque, nos corresponde a todos y todas proteger el camino hacia la paz y aportar los mejores esfuerzos para la recuperación de la memoria y el esclarecimiento de la verdad, la aplicación de la justicia especial, la reparación de las víctimas, y para que jamás los hechos violentos que cobran la vida y menoscaban los derechos de los colombianos y colombianas se vuelvan a repetir”, destaca el comunicado.

Esta iniciativa para poner de nuevo la paz en la agenda política del país parte de las regiones –Chocó, Catatumbo, Nariño, Cauca…- pero aspira a un contagio viral nacional y es promovida por la denominada Convergencia Nacional por la Paz. El lema es #Una VelitaPorLaPaz y arrancará este mismo jueves 22 de noviembre con una rueda de prensa conjunta en Quibdó a las 2 p.m., protagonizada por las organizaciones étnico territoriales del Chocó y por la Diócesis. La propuesta de la sociedad organizada es arrancar una intensa agenda que deberá culminar con una velatón en todo el Pacífico el 6 de diciembre y una nacional el 7 de ese mismo mes.

El lanzamiento de esta campaña coincide con la visita a la capital chocoana de Jean Arnaut, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, quien, en su último informe al Consejo de Seguridad volvía a prender las alarmas sobre los desafíos en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y, en general, sobre la “expansión de las economías ilegales, la competencia de los grupos delictivos por el control territorial y la persistencia de la violencia” en el país. Pero también coincide con los datos de la última encuesta de Invamer según la cual la mayoría del país, a pesar de creer que la implementación va mal (un 67,1%), sigue apostando por una salida negociada al conflicto (63,8%) y un 61,4% pide la reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana.

En el comunicado oficial de esta alianza civil por la paz, se hace una declaración de principios: “Nos juntamos en un clamor nacional por una paz integral, en donde campesinos, afrocolombianos, indígenas, mujeres, niños y niñas, y pobladores urbanos exigimos la solución política, pacífica y negociada al conflicto armado interno que impide que la paz se construya en los territorios”. Y tienen claro lo que quieren: “La sociedad civil debe ser tenida en cuenta. La mesa de diálogos con el ELN se debe restablecer, y el acuerdo con las Farc respetar”.

Desde la campaña #UnaVelitaPorLaPaz se hace especial hincapié en la necesidad de retomar esas conversaciones con el ELN, empantanadas desde que Iván Duque tomara posesión el pasado 7 de agosto. Las organizaciones chocoanas, y las de todo el país que se suman a esta “asamblea permanente por la paz”, reclaman al Gobierno que después de más de 100 días sigue utilizando los medios de comunicación para poner condiciones a la guerrilla en lugar de nombrar un delegación que las discuta con el ELN en la mesa de diálogos. También recuerdan a esta guerrilla, enzarzada en la lucha por el control de los territorios, que si quiere respetar “la voz del pueblo” debe generar alivios humanitarios que levanten la presión sobre las comunidades.

Los alivios humanitarios que se reclaman desde el Chocó -que lleva más de un año reclamando un Acuerdo Humanitario para el departamento que involucre a todas las partes en conflicto- son imprescindibles porque, como denunció en estos días Christian Visnes, director de país del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), “la paz lograda con tanto esfuerzo seguirá estando en riesgo mientras los colombianos que habitan las zonas rurales continúen temiendo por sus vidas” y teniendo vidas que penden del hilo de la subsistencia. De hecho, el NRC denunciaba que dos años después de firmarse los acuerdos de paz, cerca de cinco millones de colombianos requieren de asistencia humanitaria permanente. De hecho, desde 2016 se han registrado unos 4.000 ataques contra la población civil y el desplazamiento forzado está viviendo un preocupante repunte en 2018, con un aumento del 40%. Según Naciones Unidas, entre enero y septiembre de este año se han visto empujadas al desplazamiento unas 25.000 personas, muchas por la grave situación en el Catatumbo, pero un importante porcentaje en Chocó, Nariño o Antioquia [Norte de Santander (12.406), Nariño (4.891), Antioquia (3.427) y Chocó (3.327)].