La ‘ceguera’ de la Brigada XVII, el desplazamiento en el Bajo Calima, y otras pruebas de que los paramilitares no existen
El mantra de la Fiscalía, el Ejército, y los ministerios de Defensa y del Interior es que en Colombia no hay ningún fenómeno de neoparamilitarismo y que las amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sociales no responden a un plan sistemático. Ese discurso repetido molesta especialmente en los territorios donde resisten a la embestida paramilitar que unas veces utiliza la franquicia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), otras sus nombre alternos (Clan del Golfo, Los Urabeños) y otras los viejos nombres de Águilas Negras o, incluso, Aurodefensas Unidas de Colombia.
En las últimas horas se ha conocido el desplazamiento de comunidades indígenas en el Bajo Calima, de disparos y amenazas en Briceño (Antioquia), de la presencia de grupos armados paramilitares en el Catatumbo, del asesinato de una lideresa en Yarumal (también en ese departamento) y de la grave situación de hostigamiento en San José de Apartadó, entre otros hechos.
La pesadilla que no cesa en Urabá
“El martes 7 de febrero de 2017, en varios medios de comunicación radial regional el coronel Antonio José Dangond, comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, dio parte de los operativos que el Ejército realiza en las veredas Mulatos y La Hoz del corregimiento de San José afirmando que no se ha encontrado el indicio de la presencia de grupos armados en esos lugares. Es tal el nivel de cinismo y descaro de quien desempeña la comandancia de dicha brigada… Negar la evidente presencia paramilitar en la región es recurrir a viejas prácticas de la brigada, pues en la época del General Rito Alejo del Río se negó una y otra vez el actuar paramilitar, mientras las masacres, asesinatos, desapariciones, torturas e innumerables crímenes se cometían bajo el amparo y protección de la las fuerzas armadas y de las instancias judiciales que nunca han investigado”. En las últimas horas, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha estallado como lo hizo justo hace una semana el obispo de Apartadó, Hugo Torres, quien arremetió contra un Estado ausente y contra el “juego de palabras “ que utilizan sus representantes para estigmatizar a la población y “llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo”.
En un duro comunicado, la Comunidad de Paz -que lleva 20 años en resistencia que le han costado, entre otros hechos, 326 víctimas mortales- denuncia la presencia paramilitar en varias de las veredas en las que hay puntos humanitarios, como en La Esperanza, donde este viernes 10 de febrero ha acampado un grupo de 40 paramilitares presumiendo de que las fuerzas militares no les van a perseguir, o en Arenas Altas, donde los ‘paras’ uniformados han advertido de que buscan a Reinaldo Areiza y a otros tres líderes de la Comunidad de paz. “Sus cabezas nos interesan mucho”.
“El miércoles 8 de febrero de 2017, tropas militares que vienen haciendo presencia en la vereda Mulato del Corregimiento de San José, y los cuales han estado acampando en la propiedad privada de miembros de la Comunidad de Paz en el sector conocido como El Barro, han manifestado en reiteradas ocasiones que ‘el campesinado tiene que aprender a las buenas o a las malas a ver las cosas y a quedarse callados’, refiriéndose a la presencia paramilitar en la región y de nuevo las tropas militares afirmaron que no les importa la presencia de los paramilitares, pues no los van a combatir”, insiste el comunicado.
La XVII Brigada es un lugar tristemente recordado por la Operación Génesis, el impulso a las Convivir que se dio en su recinto principal de Carepa, y el papel jugado por el general Rito Alejo del Río, ahora pagando prisión por uno sólo de los asesinatos de civiles cometidos durante su proyecto de “pacificación” en Urabá por el que fue premiado y aplaudido por el ahora senador Álvaro Uribe y otros políticos del país. La disculpa que ahora tiene su comandante para no perseguir a los paramilitares es que en realidad son crimen organizado y que no le corresponde a sus hombres hacer nada al respecto: “Nuestro esfuerzo principal era la lucha contra las Farc. Por directiva presidencial las acciones contra el clan del Golfo es de la Policía Nacional que tiene un bloque de búsqueda, que ha realizado una persecución sostenida y persistente contra esta organización criminal”, explicaba el coronel Dangond en entrevista a El Colombiano el pasado mes de septiembre, al tomar posesión de su nueva responsabilidad.
La ‘ceguera’ y la negación de la realidad por parte de la Brigada XVII es preocupante porque recuerda a lo sucedido en los años noventa cuando, a pesar de las denuncias e, incluso, de las advertencias internas –como el informe de 8 páginas que el coronel Carlos Alfonso Velásquez, subcomandante de la brigada, entregó al Ejército en 1996, para alertar de la connivencia por omisión de militares con paras: “No existe en el señor general [Rito Alejo del Río] el convencimiento de que los paramilitares son un peligroso factor de desorden público”- se negó públicamente el avance paramilitar hasta que la masacre generalizada ya fue imparable.
Las otras presencias negadas
No son las veredas de San José de Apartadó la única zona donde hay presencia paramilitar y, sin embargo, no hay acciones evidentes –o contundentes- por parte de la fuerza pública.
Familias desplazadas en Buenaventura.
Este misma mañana (sábado 11 de febrero), 21 familias indígenas (Wounaan Nonam) se han desplazado en el Bajo Calima, después de que un día antes la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre los riesgos de desplazamientos masivos en la zona. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaba hoy que “el sitiamiento al que están sometidos por un grupo de no más de 10 hombres armados que se mueven entre los ríos Calima y San Juan de dominio de los Urabeños sin ninguna respuesta eficaz del Estado y gobierno es la razón de este segundo desplazamiento”. En la alerta temprana (tristemente confirmada) de la Defensoría se decía: “Desde el pasado 8 de enero la comunidad afro de Palestina (al menos 164 personas), en el municipio de Litoral del San Juan (Chocó), está confinada debido a la explosión de tres minas antipersona. Otra comunidad en peligro es la del Cabildo Indígena Valledupar del pueblo Wounaan, ubicada sobre el río San Juan (Buenaventura). Desde el pasado 7 de enero no se movilizan de sus territorios por lo menos 83 personas, debido a la presencia de hombres armados, vestidos de camuflado y en un sitio habitual de cultivo. En la actualidad sufren por escasez de alimentos”. La Defensoría también alertaba sobre la situación de “Santa Rosa de Guayacán, un resguardo indígena de Buenaventura, en donde hombres armados retuvieron y golpearon a uno de sus integrantes. En esta región, hay una situación de riesgo de desplazamiento de por lo menos 189 personas”. Esas son las familias que han salido desplazadas en la madrugada de este sábado 11. “Los reportes también dan cuenta de grupos armados ilegales que intimidan a la comunidad en Buenavista (Chocó) y en las veredas El Guadual (64 personas confinadas) y La Colonia (Buenaventura). En esta última región se trata de la guerrilla del ELN, que convoca a reuniones y pega panfletos en las casas”.
Además, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz también lleva días advirtiendo al país de que hay más de 500 paramilitares en la cuenca del río Cacarica (Bajo Atrato, Chocó) y de un grupo de hombres uniformados de negro y con armas largas que rondan el resguardo indígena de Caño Ovejas (Mapiripán, Meta).
La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y Marcha Patriótica han denunciado la ocupación de la zona dejada por el frente 33 de las FARC por hombres que se identifican como Águilas Negras. La situación es de tal temor, que la columna de guerrilleros que se desplazaba a la Zona Veredal de Caño Indio, en Tibú (Norte de Santander) ha sido interrumpida por pobladores que exigen garantías de seguridad una vez que las FARC abandonan el territorio. La ONU ha enviado a una comisión de alto nivel ante este bloqueo imprevisto por el Mecanismo de Verificación. En su cuenta de Twitter, Rodrigo Londoño, máximo jefe de las FARC, atribuía el bloqueo al miedo de campesinos de La Gamarra ante las amenazas y la falta de garantías para su seguridad. Ante esa situación, “exigimos al Gobierno Nacional la implementación del punto 6.1.9 del acuerdo final, referente a la creación y puesta en marcha de una unidad encargada de la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, sucesoras del paramilitarismo”.
4/4 Exigimos al Gobierno Nacional la implementación del punto 6.1.9 del acuerdo final. @EquipoPazGob @MisionONUCol @VocesDePazCo pic.twitter.com/gXzRaPxWXj
— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 10 de febrero de 2017
Mientras, sigue el asesinato de líderes y lideresas sociales. La última ha sido Luz Herminia Olarte, en Yarumal (Antioquia), cuyo cuerpo fue encontrado el día 7 de febrero, con lo que se suman 16 defensores de derechos humanos asesinados en 2017 y 5 de ellos en el departamento de Antioquia. En el mismo departamento, en el municipio de Briceño, ha denunciado el Movimiento Ríos Vivos -que lucha contra el megaproyecto de Hidroituango- y, “a un día de convocados los líderes del comité coordinador del proceso, se presentó a las 7:30pm del día de hoy [viernes 10 de febrero] una fuerte balacera en la vereda Alto de Chiri. Mientras la comunidad participaba de un evento deportivo se escucharon más de 30 disparos. Se sabe de un joven herido, la comunidad se encuentra aterrorizada, no sabe que está pasado. Los rumores son que están buscando varias personas y muchos jóvenes y líderes se encuentran escondidos”. La Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia complementaban la denuncia al informar de que, un grupo armado incursionó “con lista en mano buscaron un integrante del Movimiento Marcha Patriótica, un integrante del Movimiento Ríos Vivos, y un miembro de la Junta de Acción Comunal, resultando herido el campesino a quien preguntaron por las tres personas”.
El Gobierno insiste en que no hay fenómeno paramilitar pero, mientras le encuentran nombre para lo que acontece, comunidades y líderes siguen en el punto de mira.
