Hoja en blanco

Busco entre recuerdos reconstruir una vida de azares y avatares, revuelvo mis archivos y le veo a ella en múltiples escenarios, con su imagen suspendida en el tiempo. Al lado suyo personas que nos han expresado solidaridad en el reclamo inconcluso de justicia. El nombre de mi madre y su historia la reivindicamos junto al nombre de miles de víctimas de desaparición forzada para que este crimen no quede en la absoluta impunidad. Entonces nace la pregunta por qué seguir insistiendo si las respuestas son insuficientes y nos mantienen en esa larga lista de víctimas que no hallan un lugar de respeto y dignidad en la polarizada sociedad colombiana. Es precisamente esa exclusión institucionalizada que no permite que seamos sujetos plenos de derechos. Es por el amor a la vida que lo hacemos porque no queremos que se siga repitiendo para otros el tortuoso camino que hemos andado durante tres décadas.

Desde mis trece años he sido testigo de cómo las mujeres se han visto en la conflictiva decisión de dejar las responsabilidades en sus hogares, y las que tenían un trabajo abandonarlo, para encaminarse en la búsqueda, la denuncia y el impulso de procesos judiciales en la recolección de pruebas. A brindar sus testimonios en múltiples ocasiones para que las huellas de la indignación broten ante el rudo silencio en donde nadie se atreve a nombrarlos. Todo esto no ha sido suficiente, la apatía social y la negligencia por parte de los funcionarios del Estado han contribuido a que no se tenga información sobre el paradero de los desaparecidos.

A principio de los años ochenta las mujeres se reunían en la plaza de Bolívar exigiendo con vida el retorno de los desaparecidos; los jueves a las 12 del mediodía se encontraban y decían que no dejarían de marchar hasta que no aparecieran sus hijos, varios de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y que darían luego origen a Asfaddes, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Un caso conocido como el colectivo 82, 12 estudiantes entre los que se encontraban los hermanos San Juan y Edilbrando Joya, hijo de Josefa de Joya quien tuvo que marcharse al exilio en el año 99 tras haber logrado que los culpables fueran condenados y resultaran comprometidos casi 60 personas entre policías y militares.

Las amenazas de muerte y persecución, la tortura sicológica y el hostigamiento han sido recursos frecuentes para opacar a los familiares que lucharon por la tipificación del delito de desaparición forzada en Colombia presentando una docena de proyectos de ley que fueron rechazados y a los que les faltó la sanción presidencial por parte de cuatro gobiernos hasta que en el año 2000, finalmente, se reconociera el delito de desaparición forzada con la tipificación de la ley 589. Más de diez años tardaría el gobierno en firmar la convención internacional contra las desapariciones forzadas.

En la ciudad de Medellín, el seis de octubre de 2000, dos familiares de víctimas de desaparición forzada fueron a su vez desaparecidos, Claudia Monsalve y Ángel Quintero. Algunos años después la hija de Ángel tendría que recurrir a las vías del exilio para conservar su vida. Se demostró la participación de la Policía, del Gaula de Medellín y que estaba involucrado el general de la República Mauricio Santoyo en la persecución sistemática a defensores de derechos humanos y a los miembros de Asfaddes.

En la misma ciudad, la madre de Luis Fernando Lalinde, Fabiola Lalinde, fue víctima de un falso positivo judicial con el que pretendían enlodarla con 25 kilos de cocaína puestos en un allanamiento con el fin de impedir que siguiera denunciando la desaparición de su hijo. Hoy es Premio Nacional en Derechos Humanos, en la categoría Toda una Vida, otorgado por Diakonia por su compromiso con la verdad y la justicia. Su museo personal en donde se recogen 25 kilos de documentos escritos en la búsqueda de justicia para su hijo hacen parte de los archivos de la Unesco y son considerados patrimonio de la humanidad.

La persecución a miembros de organizaciones de familiares ha sido ampliamente documentada, las respuestas para que se den las condiciones que permitan el derecho a la organización y a la exigibilidad de derechos han sido llevadas a tribunales internacionales que han ordenado al Estado colombiano a brindar medidas concretas para la seguridad de los afectados. Más allá de un esquema de seguridad y de equipos de comunicación que han sido interceptados, las denuncias no han prosperado. Las organizaciones de familiares siguen en su labor en un riesgo permanente.

En Colombia la normatividad que permitió la creación de herramientas y de instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas no han sido efectivas para prevenir y luchar contra el crimen en el país; ha sido inútil. Por ello la exigencia de la creación de una Unidad de Búsqueda autónoma e independiente es primordial. El paso fundamental al post-conflicto y razón de ser de los acuerdos de paz está en transformar el pasado traumático, en la satisfacción de derechos de las víctimas y en el cumplimiento de su palabra, la que puso el Premio Nobel de paz y Presidente de la República en nombre del gobierno colombiano. La creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda son dos escenarios en los que tenemos esperanza para esclarecer el paradero de los desaparecidos y para que se sepa la verdad sobre este atroz crimen que nos tiene a muchos hijos y familiares dependiendo del compromiso, eficacia y efectividad en la implementación de lo acordado.

No se trata solamente de un puñado de guerrilleros que dejarán las armas, no se trata solamente de acallar fusiles, lo que está en juego es la pervivencia y dignidad del ser humano frente a estructuras que han sustentado su poder con alianzas mafiosas y criminales. Es una cuestión de ética y de valores, de principios y responsabilidades y en ello la sociedad entera está comprometida e involucrada aunque se mire al otro lado del espejo, el reflejo de la indolencia es también un acto de barbarie.

Vuelvo a revisar mi maleta de recuerdos en el exilio y me digo que no sólo está hecha de sufrimiento y dolor, todas esas acciones en las que han participado cientos de personas sensibles al dolor ajeno nos han llenado de valor, de confianza y de motivación y nos impulsan a seguir caminando hasta que podamos reescribir la historia completa sin ser perseguidos por buscar justicia, sin ser asesinados por reclamar la verdad de los hechos ocurridos, sin tener que marcharnos al exilio por decir y escribir lo que pensamos.

*Poeta, documentalista y fotógrafo. Miembro de la Fundación Nydia Erika Bautista para los derechos humanos y del Movimiento H.I.J.O.S. Becario del Programa “Escritores en el Exilio” del PEN Alemania desde 2014 hasta la fecha.