La implementación no arranca y empiezan a saltar alertas

El acuerdo de paz de La Habana está firmado y refrendado. Hay día D, el 1 de diciembre, pero el retraso en el inicio de la implementación -en especial los cambios legislativos- hace que empiecen a saltar algunas alarmas. Por un lado, de las propias FARC-EP. Su líder Timoleón Jiménez-Timochenko habla de una “encrucijada bastante difícil” y recuerda a sus integrantes un viejo avisó: que el proceso pudiera “reversarse y tuviéramos que retomar la lucha con las armas nuevamente”. Esa advertencia, dice, sigue vigente y no se descarta “el plan B”. Por otro, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) reconoce las dificultades de esa implementación y urge a las partes a acelerarlo. El lunes, varios movimientos sociales, encabezados por #pazalacallle, han convocado un acto ante la Corte Constitucional en apoyo el ‘fast-rack’ que permite acelerar esa implementación. Y otra alerta, la creciente oleada de asesinatos y agresiones a líderes sociales. Los colectivos de derechos humanos insisten en que son “prioritarias” cuestiones como la Comisión de Alto Nivel para desmantelar el paramilitarismo y la Unidad Especial de Investigación.

Zonas veredales que no han acabado de acondicionarse, la Ley de Amnistía que no ha comenzado a tramitarse, como tampoco lo ha hecho la de Jurisdicción Especial de Paz, el asesinato del los líderes del movimiento social, son algunos de los puntos más urgentes. Todo está pendiente de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el ‘fast-track’ -que permite aprobar con menos trámites los proyectos legislativos del acuerdo-, de las “limitaciones legales” que tanto para el Gobierno como para las Naciones Unidas supuso la pérdida del plebiscito y que, según denuncia MMV, “han tenido un impacto sobre los preparativos administrativos, técnicos y logísticos para la implementación del Acuerdo”.

La nota firmada por Timochenko, recogida por Las2Orillas, señala que si no se aprueba la vía rápida (‘fast-track ) para las leyes que deben desarrollar los acuerdo, su debate en el proceso ordinario podría cambiar “la esencia y contenido de los acuerdos hasta el punto de llegar a reversar todo lo acordado”. A ello une, y critica, “la actitud pusilánime del Presidente, la falta de compromiso de varios de los altos funcionarios del gobierno y la incisiva presión de la ultraderecha”. Es por ello que en su nota a mandos y guerrilleros, Timochenko asegura que se está “ante un uno de los momentos más cruciales de este proceso”. Llama a la unidad de las FARC “y a actuar con mucha sabiduría, habilidad, cabeza fría y serenidad” en torno al propósito común “de arrancarle a las clases dominantes la solución política al conflicto y el desarrollo constitucional y legal del Acuerdo Final, para que quede blindado contra cualquier contingencia”.

“En alguna nota que envié a todos cuando el proceso apenas iba cogiendo forma, advertía que hasta el último día existiría el peligro de que el proceso se reversase y tuviéramos que retomar la lucha con las armas nuevamente. Esta advertencia sigue siendo válida y no podemos dejar de tenerla en cuenta, pese a lo que hemos conseguido avanzar hasta hoy. Espero, por tanto, que, de manera especial, los comandos de dirección tengan siempre en mente esa posibilidad, sin descartar para nada el plan B”, escribe Timochenko. Sobre cuál es ese plan B, el líder de las FARC indica que “un reinicio de la confrontación en las actuales circunstancias tiene que ser muy bien proyectado, en concordancia con la nueva realidad política que hemos logrado generar desde cuando pusimos en movimiento el proceso de Paz. No podemos estar hablando de ello con todo el mundo, ni podemos darnos por derrotados antes de entrar en combate”.

Y una advertencia más, ante posibles disidencias de las que no cita casos concretos: “Ningún momento puede ser peor para las disidencias, indisciplinas o ruedas sueltas”.

El balance del Mecanismo de Monitoreo

Por su parte, la MMV -integrada por el Congreso, el Gobierno y Naciones Unidas reconoce la dificultad de esa implementación. Admite que están identificadas y delimitadas las zonas veredales, que la guerrilla inició su desplazamiento desde antes del Día D+5 y que los miembros del mecanismo ya están capacitados. No obstante, apunta a que el primer reto al que se enfrentan es la habilitación de los campamentos de las Farc en las zonas veredales y «los esfuerzos logísticos para mejorar la atención a las necesidades de los integrantes pre-agrupados de las FARC-EP de acuerdo con el Protocolo del 13 de octubre».

También plantean mejoras para agilizar los movimientos y optimizar el monitoreo y verificación, y fortalecer el flujo de información entre las partes, en especial para las sedes regionales de Medellín y Quibdó, así como en las 27 sedes locales. Esta semana comenzarán campamentos temporales.

Estaba previsto que el pasado martes los guerrilleros comenzaran a movilizarse hacia las zonas de concentración, pero las FARC frenaron el proceso mientras se resuelven temas jurídicos -como el levantamiento de órdenes de captura- y de infraestructuras.Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a El Espectador que en por lo menos 10 de las 27 zonas veredales transitorias ya están montados los esquemas de monitores y verificación tripartita, de los que hacen parte las Naciones Unidas, y que si bien se avanza en la adecuación para recibir a la guerrilla, los problemas que se han presentado no tienen que ver con asuntos logísticos, sino con el arrendamiento de los terrenos.

La Corte Constitucional y el ‘fast-track’

Las organizaciones detrás de los colectivos #AcuerdoYa, Movimiento Estudiantil PazSiempre y #PazalaCalle han presentado un escrito ante la Corte Constitucional reclamando celeridad en su decisión sobre los recursos de inconstitucionalidad al ‘fast-track’. Dicen que de no ser así el Congreso queda en un «limbo jurídico» que solo dilata el proceso. Estos movimiento piden a la Corte que falle conservando su independencia sobre los demás poderes y expresan su “preocupación ante las diferentes fuerzas políticas que se encuentran haciendo fuerza en los sentidos que van acorde con sus intereses”. A la Corte le insisten en su papel, como ciudadanos, de veedores del proceso. Estos y otros colectivos son los que convocan a una acto el lunes a las 9.00 am ante la Corte Constitucional para reclamar el ‘fast-track’.

Las consecuencias que se miden en asesinatos

Y entre las alarmas que desata el retraso en la implementación, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y partidos de izquierda, es una de las que más denuncias y preocupaciones desata. Este miércoles la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes acogió una audiencia pública bajo el epígrafe “Los crímenes contra la paz, ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos por grupos armados sucesores de los paramilitares”. El Fiscal General Néstor Humberto Martínez se comprometió a investigar los crímenes contra el movimiento social. Sin embargo, insistió en que “no existe un patrón común en las agresiones contra los defensores de derechos humanos y demás líderes sociales”. Sí anunció la creación un grupo especial para investigar el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

Audiencia Pública sobre los asesinatos a líderes sociales

La dimensión de esta amenaza ante el retraso de la implementación la definen las cifras. Mientras Naciones Unidas señala que 52 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2016, las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, nacionales y regionales estipulan que la cifra llega a los 75 homicidios. El movimiento social y político Marcha Patriótica ha denunciado que desde que se fundó, hace 5 años, 124 de sus integrantes han sido asesinados.

El Colectivo de Abogados ‘José Albear Restrepo’ (Cajar), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denuncian que el anhelo de paz que conlleva el acuerdo de La Habana “quiere ser frustrado por intereses económicos nutridos por la guerra, y que se expresan en organizaciones denominadas en el Acuerdo de Paz como herederas del paramilitarismo, las mismas que en muchos casos mantienen vínculos con sectores de la Fuerza Pública, incluyendo organismos de inteligencia y seguridad del Estado”.

En este sentido, estos colectivos creen que es una prioridad en materia de implementación, la puesta en marcha y resultados a corto plazo de la Comisión de Alto Nivel de desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo, así como el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo. La investigación y sanción de los responsables y la implementación de una política pública para su desmonte son elementos fundamentales para las garantías de no repetición, insisten.

Asimismo, urge que las partes soliciten de inmediato a la Asamblea General de la ONU la instalación de la Misión de Verificación política establecida en el punto 6.3.3, que pueda cumplir en una fase inicial con su mandato de verificación de las medidas de protección, seguridad personal y colectiva, así como los programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.

Todos ellos reclaman a la Fiscalía “respuestas satisfactorias” sobre el estado de las investigaciones de los últimos asesinatos y amenazas en estos casos y piden a la Procuraduría General de la Nación, “las investigaciones contra funcionarios e integrantes de la fuerza pública presuntamente involucrados en hostigamientos, amenazas, atentados, asesinatos, desapariciones forzadas y otros graves delitos contra defensoras y defensores”.